El abordaje judicial integral de la violencia familiar. María Eugenia Pereyra

      Publicación con referato

      Aceptado: julio de 2019 (Res. Rectoral N° 1293/19)

      Para citar este libro:

      Pereyra Maidana, M. E. (2020). El abordaje judicial integral de la violencia familiar.

      Salta: EUCASA (Ediciones Universidad Católica de Salta).

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      Inscripción ley 11.723 en trámite

      ISBN edición digital (ePub): 978-950-623-192-7

I. INTRODUCCIÓN

      El presente libro surge con una inquietud de la autora por investigar la respuesta que otros países han dado a la necesidad de atender en forma integral a las partes del conflicto de violencia familiar. Las necesidades de las familias con esta problemática son múltiples y de distinto orden. El Estado, en la mayoría de los países, ha tomado la decisión no solo de intervenir en el ámbito privado de las personas para controlar o penalizar la delincuencia, que es materia de orden público, sino también para prestar servicios compresivos a las partes que les permita superar sus problemas de violencia familiar, lo que, a nivel general, desde el punto de vista del Estado, significa reducir el nivel de reincidencia y la tasa de mortalidad por femicidios.

      En la provincia de Salta, en noviembre del año 2014 fue declarada la “Emergencia de violencia de género” por Ley Provincial N.º 7857, que prevé la creación de juzgados de Violencia Familiar y de Género. En los considerandos de este Decreto se señaló “…que los hechos de violencia y femicidios acaecidos en los últimos tiempos en la República Argentina expresan una gravísima situación de violación de los derechos humanos de las mujeres, quienes son víctimas de una inusitada violencia de género, no resultando nuestra provincia ajena a dicha realidad…”. Dice, asimismo, “…que tal situación requiere la urgente implementación de políticas públicas que efectivamente garanticen, por un lado, la prevención y, por otro, la asistencia integral de las mujeres que padecen violencia de género…”. Dictado el Decreto, desde el Poder Ejecutivo se señaló la importancia de establecer “una red de contención social y sanitaria entre el Estado y organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia”.

      En agosto del año 2015 comenzaron a funcionar los juzgados