Las principales declaraciones precontractuales. Fredy Andrei Herrera Osorio

      El contrato, en su concepto clásico, se asentó en la idea de una confluencia perfecta entre las voluntades de los interesados. Aquellos que llegan a un acuerdo sobre las condiciones de un negocio, como si se tratara de un momento mágico, transforman “la nada” en obligaciones que resultan imperativas y relevantes para el mundo jurídico.

      Solo el consentimiento podía limitar la libertad connatural del hombre, pues la voluntad se reconoce como la única fuente de restricciones individuales sin que se vulneren sus derechos como parte de una sociedad. Aquí el derecho sirve para canalizar y regular la libertad, en orden a garantizar que esta se emita en condiciones de reflexividad y conciencia, que impidan un acto de aprovechamiento.

      Antes de alcanzar el acuerdo de voluntades, el comportamiento de los tratantes se sometía a los dictados de la moral, en tanto el derecho se preocupó de los efectos derivados del consentimiento y de la formación de este, como fuente de derecho para los interesados. Las declaraciones precontractuales no eran jurídicamente transcendentales, por lo que el estudio de la gestación del consentimiento y el valor de los actos precontractuales se relegó para otras disciplinas.

El Código Civil de la Unión colombiano1, del año de 18872, siguió esta línea, al omitir cualquier referencia a la etapa precontractual y, por el contrario, regular el contrato de promesa: en su artículo 1611 indicó que “la promesa de celebrar un contrato no produce en ningún caso obligación alguna”, pretermitiendo los proyectos anteriores que le reconocían valor jurídico3.

El Código Civil de la Unión colombiano, del año de 1887, siguió esta línea, al omitir cualquier referencia a la etapa precontractual y, por el contrario, regular el contrato de promesa: en su artículo 1611 indicó que “la promesa de celebrar un contrato no produce en ningún caso obligación alguna”, pretermitiendo los proyectos anteriores que le reconocían valor jurídico4.

Más aún, el Código Civil, al consagrar el valor jurídico de la buena fe contractual, limitó su alcance a la fase de ejecución de los contratos, esto es, a su cumplimiento, de lo cual se infiere que quiso excluir sus efectos en punto al proceso de formación, lo que es explicable por cuanto el contrato tenía importancia solo a partir del consentimiento de ambas partes5.

      El artículo 89 de la Ley 153 de 1887 significó una evolución conceptual frente a las anteriores ideas, en tanto admitió una validez por excepción del contrato de promesa, acogiendo así el proyecto inédito de Andrés Bello y el Código Civil chileno. La regla general será la ausencia de eficacia del contrato de promesa, pues se consagra que este no tiene valor alguno, pero se le atribuyen efectos cuando concurran las circunstancias expresamente señaladas en la ley, en un catálogo de ocho (8) elementos, entre generales y especiales. Es un primer reconocimiento del valor jurídico de la fase precontractual.

      Con posterioridad, la Ley 51 de 1918, en su artículo 23, admitió el contrato de opción, al disponer que “la opción impone al que la concede la obligación de cumplir su compromiso. Si la opción no estuviere sometida a un término o a una condición será ineficaz”. Este espaldarazo a la etapa precontractual significó asentir que los negocios jurídicos previos al contrato tienen relevancia en términos jurídicos.

      El Código de Comercio, en el artículo 863, consolidó este proceso de consagración, al establecer como regla general que las partes deben negociar de buena fe, con lo cual se impuso una