El proceso electoral 2017-2018, desde la visión de las autoridades electorales. Adrián Torres Cuevas

       Prólogo

      Tadeo Eduardo Hübbe Contreras

      Me honra y aprecio la distinción que me hacen los coordinadores, así como los autores, para ser quien redacte el prólogo de esta interesante obra. La temática que se aborda nos remonta, en tiempo y espacio, al periodo en el que se desarrolló el proceso electoral ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, visto desde su particular perspectiva como autoridades electorales en ese momento.

Como en alguna otra ocasión he tenido oportunidad de decir y coincidir,1 junto con uno de mis grandes colegas Salvador Carrillo García, que existe un gran consenso en que el tránsito a la democracia inició con la reforma política de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles. El país experimentó un proceso constante de cambios, algunos paradigmáticos, que la sociedad actual exigía, y que provocó un sentimiento de esperanza de un cambio de régimen político que permitiera al pueblo mexicano soñar por un buen porvenir.

      De inicio, y planteando una breve contextualización histórica, el proceso electoral del año anterior (1976) fue marcado por un hecho peculiar: sólo un candidato se presentó a la contienda por la presidencia de la república, en este caso José López Portillo. Esto desató el reclamo de las pocas fuerzas políticas de oposición que, aunado a la falta de legitimidad ante la sociedad, hicieron de la apertura democrática una demanda y una asignatura pendiente a consolidar.

      Desde entonces y durante los próximos años se gestaron cambios muy significativos dentro del sistema político mexicano, en la vida interna de los partidos políticos y la descentralización de los organismos electorales, para depositarlos en una metodología de participación ciudadana; es decir, nace una nueva forma de responsabilidad ciudadana en los asuntos políticos del país.

      No es hasta 1997 que, por primera vez en la historia contemporánea, surgió, desde las urnas, un gobierno dividido que dio paso al pluralismo, al reparto del poder político entre diferentes fuerzas políticas. El Congreso de la Unión no se conformó por la mayoría absoluta de diputados del partido político predominante hasta ese entonces, como regularmente sucedía. Tres años después, de manera esperanzadora sucedió la tan deseada alternancia presidencial. No obstante, en el proceso reformador que continuó en los siguientes años se dieron los primeros pasos para el fortalecimiento de la autonomía del Tribunal Electoral, la regulación de la imagen de los gobernantes, así como de los tiempos oficiales en radio y televisión, la formalización de las alianzas, la apertura de paquetes electorales y conteo de votos, el prorrateo de los gastos de campaña y su fiscalización, el voto extraterritorial, entre otros.

      Para el proceso electoral de 2012 se planteó una nueva reforma, más de tipo estructural que político, la cual en el año 2014 derivó en el rompimiento de una especie de dogma cívico en el ámbito local: la reelección de munícipes se hizo una realidad.

      De ahí es evidente que México, durante estos últimos años, ha experimentado una mutación sustancial en su régimen jurídico-electoral, tanto nacional como local, con efectos políticos difícilmente considerables en el siglo pasado. Ahora, el reto adquirido en razón de todo este complejo y sinuoso proceso, por simple inercia, será, desde el punto de vista legal, la armonización de las leyes, y desde el punto de vista político la consolidación de una democracia real, perdurable y sostenida en todo el ámbito nacional.

      Las sociedades aprenden sobre el efecto de sus procesos. Sean políticos o sociales, nos enfrentamos al ensayo y buscamos minimizar el error. Siempre es necesario analizar y evaluar nuestras propias acciones, nuestros propios esfuerzos por propiciar mejores condiciones para desenvolvernos, por consolidar nuestras utopías, por aprender a vivir juntos y de la mejor manera posible. La construcción de la democracia no queda ajena a esto, su esencia radica en la responsabilidad de cada uno de los que formamos parte de un complejo entramado institucional que se pone en marcha con el objetivo de garantizar que las decisiones colectivas que tomemos sean adecuadas. En esta obra, los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (iepc) del estado de Jalisco, acompañados de investigadores, presentan y analizan su evaluación del proceso electoral que condujeron exitosamente, la cual no hubiera sido posible sin la participación y compromiso de miles de ciudadanos que acudieron al llamado de sus obligaciones, organizando, implementando y defendiendo el procedimiento electoral que permite la renovación de los órganos de gobierno.

      Pero ahora, los efectos de todo este entramado legal para concretar las reformas constitucionales que hoy rigen al sistema político mexicano han impactado, por obviedad, al marco jurídico local y también han implicado nuevos retos, toda vez que es difícil considerar, dentro del marco legal, todos los aspectos sociales, culturales y económicos de cada región del país (tema que no tocaré en este momento, pues me llevaría a un análisis más profundo y controversial). Retos que fueron advertidos por Ana Torres, puesto que relata el conflicto vivido durante el proceso electoral llevado a cabo en la zona más marginada y pobre del estado de Jalisco, es decir, la región Norte, en la que se asienta la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, dentro de los municipios de Mezquitic y Bolaños. En este caso, expresa las dificultades para la integración de mesas directivas de casilla para llevar a cabo las elecciones federales y locales, puesto que dicha