Psicología política y procesos para la paz en Colombia. Omar Alejandro Bravo
target="_blank" rel="nofollow" href="#ulink_e2a99e5d-8136-5615-a1e6-bc3520d04911">Nietzsche (1887/1987) criticó de manera radical y que encuentra en el dolor una forma de expiación socialmente destacable. Con frecuencia, se contrapone de manera simplista a estos términos una posible continuidad de los hechos violentos, asimilando así el derecho a no perdonar a una conducta agresiva.
En relación con esto, González Calleja (2013) aproxima las nociones de memoria, olvido, perdón y venganza (aunque considera este término excesivo). Sobre esta articulación posible, considera que
Si no deseamos el olvido es, como señalaba, para no dañar la dignidad de quienes han sufrido. Resulta así difícil defender las bondades de olvidar; pero, si la reivindicación de la memoria en ocasiones se convierte en un asunto polémico, es porque el olvido se corresponde, popular y hasta filosóficamente, con el perdón (p. 153).
Por esto, cabe destacar aquí que el perdón no se proyecta necesariamente a un escenario social y político de mayor convivencia y armonía, ni tiene que ver con una posible superación del trauma sufrido. Por el contrario, no perdonar al o los victimarios es muchas veces una actitud necesaria, principalmente cuando los márgenes de impunidad en torno a los hechos que los vinculan se mantienen. Esto brinda la posibilidad de distinguir el perdón, como una elección individual, de la resignación, como una imposición epocal que implica una limitación política.
En este sentido, Derrida (2002) destacó que el perdón es una meta lógicamente imposible, dado que entre el momento del hecho cometido y el posterior escenario donde el perdón se instala como posibilidad transcurrieron una serie de mediaciones institucionales que alejan al primero del segundo. De esta manera, la imposibilidad del perdón absoluto radica en que el mismo debería producirse en el propio momento de la agresión, lo que no es posible.
Por esto,
cada vez que el perdón está al servicio de una finalidad, fuese ella noble y espiritual (salvación, redención, reconciliación), cada vez que se tiende a restablecer una normalidad (social, nacional, política, psicológica) por un trabajo de duelo, por alguna terapia o ecología de la memoria, entonces el perdón no es puro, ni su concepto (Derrida, 2002, p. 22, citado en Bravo, 2016, p. 139).
Por esto, la cuestión de la reparación, pensada desde sus efectos sociales y subjetivos, debe pasar también por la posibilidad de contribuir a un proceso de memoria colectiva que permita que las personas victimizadas encuentren también en la legitimación e inscripción social de su dolor y su pérdida un potencial reparatorio, entendido este principalmente como justicia y condiciones de no repetición.
Esto implica la necesidad de salir de la perspectiva melancolizante en que, con frecuencia, los relatos de las víctimas son colocados por esos dispositivos institucionales mencionados. Caso contrario, quien asiste a este tipo de testimonios suele ser interpelado desde la lástima o la solidaridad con el dolor sufrido, lo que puede situar a esa persona fuera de la trama histórica en la que esos sucesos están incluidos.
Cabe aquí recordar la famosa expresión sartreana que considera que no importa tanto lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con aquello que nos hicieron (Sartre, 2016). En este hacer está presente, entonces, una perspectiva histórica entendida, como antes se indicó, como la posibilidad de construcción de un proyecto colectivo que implique modificaciones estructurales de las relaciones de poder y las condiciones materiales de existencia de los sectores y clases sociales en condiciones de pobreza y exclusión.
En el momento actual, fuertemente marcado por la posibilidad de romper con la hegemonía histórica de los discursos belicistas de la derecha política colombiana y la ampliación del sistema democrático (entendido no solo como mecanismo electoral y delegación de poder), la exigencia de anudar los ejercicios de memoria individuales y colectivos de las víctimas con la demanda por una sociedad más justa e incluyente interpela en particular a la ética y al sentido de las intervenciones que, desde el campo de la salud mental, se producen en estos contextos, haciendo inocultable su carácter político.
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