Sociedad y conflicto en el estado de Guerrero, 1911-1995. Jorge Rendón Alarcón
a la permanencia de esas formas de dominación y control clientelar que se fueron distanciando, cada vez más, del interés general de la sociedad.
La monopolización del poder y sus efectos en el atraso social y económico del estado
Se puede sugerir también, como problema, que la carencia de desarrollo político puede trastocar además el desarrollo social y económico porque la monopolización del poder y la carencia de institucionalización política en una sociedad sin estructuras propias dan lugar a la monopolización de la actividad social y económica. De esta manera, en Guerrero se privilegió la infraestructura turística a partir del gobierno de Miguel Alemán (1946-1952), lo que tendió a agudizar los conflictos sociales, sobre todo porque ello contribuyó al abandono del problema de la tierra como reivindicación social y condición de legitimidad del sistema político. En nuestra explicación, intentaremos mostrar los rasgos más característicos del sistema político mexicano, así como la manera en que han incidido en el atraso del estado.
La cultura cívica como sustento de los movimientos políticos de la entidad
Los rasgos del sistema político mexicano, sustentados en el supremo arbitraje presidencial y en un pacto vertical y centralizado, tendieron a contraponerse cada vez más con los criterios de legitimación que el Estado reivindicó a partir de la Revolución mexicana y dieron lugar a una ruptura entre la cultura política que se derivó de ese movimiento y las realizaciones del propio Estado.
La hipótesis que puede formularse al respecto es que los conflictos sociales que se han producido en Guerrero son el resultado, también, del deseo de cambio social y de una concepción de la política heredada de los movimientos populares (como el de la revolución), así como de la incapacidad del propio Estado para modificar sus estructuras de gestión social, con la consecuente pérdida de legitimidad política que se ha manifestado con claridad en los procesos electorales recientes que aquí analizaremos.
Primera Parte. Guerrero, una entidad organizada políticamente desde el “oficialismo revolucionario”
La fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 y la estructura del poder local
El estado de Guerrero ha tenido un carácter controversial en el contexto del régimen político mexicano producto de la revolución. Ello se debe, en parte, a que pareciera singularizarse del resto del país por la violencia e inestabilidad política que allí se manifiestan. La violencia, no obstante, se genera en la pobreza que afecta a la gran mayoría de la población guerrerense y en muchos de los casos pareciera ser el resultado, también, de la insatisfacción de sus demandas por las instancias del gobierno y de la manera en que operan las instituciones que debieran hacer cumplir la legalidad constitucional. La violencia, en una primera aproximación, pareciera vincularse entonces con la forma en que se ejerce el poder y, sobre todo, con ciertos medios de intermediación y control político, con la parcialidad del orden jurídico y con las acciones represivas del gobierno, circunstancias que surgieron y se han hecho presentes de manera reiterada en la historia política reciente de la entidad.
Para entender el ejercicio del poder local, conviene referirse a las circunstancias históricas que dieron lugar a las prácticas del poder que luego habrían de afianzarse y de adquirir forma en las instituciones políticas del régimen de la revolución, sobre todo a partir de 1929, lo que además nos permitirá distinguir entre las formas de legitimación propias del caciquismo local y la organización política y clientelar que se impone con el “oficialismo revolucionario” que habría de desembocar, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en el corporativismo.
Cabe recordar, al respecto, que la inestabilidad y los conflictos políticos en Guerrero anteriores a la revolución tenían su origen, en buena parte, en la inconformidad que privó entre los caciques y políticos locales contra la subordinación del estado al interés político nacional durante el gobierno de Benito Juárez y, sobre todo, de Porfirio Díaz. La resistencia a esa política provino, en un principio, de los grandes caciques militares de la entidad, de manera destacada de Juan Álvarez (cuyo dominio del Sur fue sancionado con la fundación del estado de Guerrero en 1849, convirtiéndose así en el primer gobernador de la entidad), pero también de su hijo y heredero político Diego Álvarez y de quienes disputaron a este el poder local: los generales Vicente Jiménez, de Tixtla, y Canuto A. Neri, de Chilpancingo.
En cuanto al relevo político de los caciques militares y debido a las consecuencias económicas y políticas del porfiriato, con el cambio de siglo la oposición a los poderes centrales habría de expresarse, sobre todo, en grupos de clase media que se sentían injustamente desplazados, tales como los rancheros del norte de Guerrero, Francisco, Rómulo y Ambrosio Figueroa; propietarios agrícolas de la Costa Grande, como el maestro de escuela Silvestre G. Mariscal; terratenientes como Eucaria Apresa y Amado Rodríguez Espinosa de Chilapa y Rafael del Castillo Calderón, político y propietario de Tierra Caliente. Estos grupos e individuos protagonizaron revueltas políticas locales y participaron después en el levantamiento maderista de 1911. En efecto, la mayor parte de quienes se rebelaron en esa fecha procedían de la clase media urbana y rural del estado. Pueden mencionarse además, con relación al levantamiento maderista, a Julián Blanco en Dos Caminos, Héctor F. López, propietario de tierras en Coahuayutla; Enrique Añorve Díaz, propietario agrícola de la Costa Chica; José Inocente Lugo de Ajuchitlán, Manuel D. Asúnsulo de Chichihualco y Jesús H. Salgado de Teloloapan,
Se trató, por ello, de una insurrección de los grupos sociales que se formaron sobre todo durante el profiriato. Es en este sentido que se ha afirmado que “la Revolución mexicana en Guerrero no fue iniciada por campesinos sin tierra sino por rancheros relativamente prósperos”.13 Puede decirse así que las causas inmediatas del levantamiento de 1911 fueron políticas; esto no significa que no existieran condiciones económicas y sociales que favorecieran la subversión social en gran escala, lo que decimos aquí es que quienes influyen de manera decisiva en los orígenes del movimiento armado son aquellos grupos sociales que se sienten agraviados por las imposiciones y disposiciones del centro del país. Lo que buscamos explicar con ello son las condiciones locales que permitieron que prosperara, incluso por las profundas contradicciones sociales del estado, y el endémico faccionalismo de la política local, el proyecto prioritario de la Revolución mexicana de construir un Estado fuerte para consolidar un proyecto nacional e impulsar el desarrollo económico del país, aunque lo que en realidad se consiguió fue un poder político sin contrapesos institucionales y que después sería usado de manera discrecional por la burocracia política.
Incluso el faccionalismo, y los conflictos de las cuatro agrupaciones regionales que impulsaron la revolución en Guerrero (Rómulo Figueroa en el Norte, Jesús H. Salgado en Tierra Caliente, Julián Blanco en el Centro y en la Costa Chica y Silvestre G. Mariscal en la Costa Grande), fue favorecido por el “oficialismo revolucionario” que al impulsar un proyecto político hegemónico medió entre los caciques y caudillos locales, puesto que para Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles la construcción de un Estado fuerte y su propio liderazgo político se convirtieron en la prioridad del movimiento armado. De esta manera, el conflicto político local que se presentó era el resultado, también, de la prioridad del “oficialismo revolucionario” de subordinar al estado de Guerrero a un poder de índole nacional con la mediación de los jefes revolucionarios locales. Por ello se les promovió en algunos casos y en otros se arbitró entre ellos. Los jefes revolucionarios, por su parte, reclamaban una cierta independencia, pero solamente como instrumento para ampliar su poder, desde sus propias regiones, a todo el estado. Se trató así, en cierta forma, del antagonismo entre los medios asociativos y de clientelismo político del “oficialismo revolucionario” y los antiguos estilos de índole personal de la política caciquil local.
En efecto, siguiendo el modelo de los viejos caciques militares que predominaron durante el siglo XIX en Guerrero, los jefes revolucionarios establecieron una clara hegemonía territorial como base de su fuerza y se enfrentaron entre ellos no solamente en razón de una visión distinta del problema de la tierra —como sucedió por ejemplo entre los Figueroa de origen ranchero y Jesús H. Salgado, quien efectivamente representaba intereses campesinos ligados al zapatismo—, sino además