Sobre delitos y penas: comentarios penales y criminológicos. Gabriel Ignacio Anitua
se mueva cómodamente. Y ello queda explicitado por el autor en el texto, aun cuando si no lo hiciese podría deducirse del mismo subtítulo, que menciona “causas”, “acciones” y “posibilidades”.
En los años ochenta y en el mundo angloparlante, y no solo como una evolución de la criminología crítica sino también como una respuesta a la manipulación punitiva que se hacía desde la derecha gobernante, surge el “realismo de izquierda” con algunos libros sobresalientes: Ley y Orden: argumentos para el socialismo de 1981, de Ian Taylor; ¿Qué hacer con la ley y el orden? de 1984, de John Lea y Jock Young, y de los mismos autores más Richard Kinsey, Perdiendo la guerra contra el crimen de 1986.
En breve, los realistas de izquierda estaban de acuerdo en que el delito es realmente un problema. Para ello proponen tomarlo en serio. Los delitos de los poderosos y también los delitos de los desfavorecidos afectan seriamente a las clases trabajadoras. Es cierto que algunos autores de actos delictivos, precisamente los seleccionados como chivos expiatorios por el sistema penal, pertenecen a los sectores más débiles. Pero también lo es que las víctimas del delito provienen de esos mismos sectores desfavorecidos. Por tanto, para el “realismo de izquierda” es necesario recuperar la importancia política de eliminar el delito, algo que es objetivo principal y declarado de un Ciafardini ostensiblemente político, como no podía ser de otro modo en un verdadero criminólogo, mucho más cuando este criminólogo se mete con la realidad en tanto “realista de izquierda”. Para asumir esa identidad, el autor (traductor al castellano, vale recordarlo, de ¿Qué hacer con la ley y el orden?) realiza en el primer capítulo una “Breve”, pero muy útil, “reseña de la evolución histórica de la teoría criminológica”, que culmina intencionalmente con esta perspectiva crítica y realista.
Le siguen a este capítulo inicial un par de capítulos, dedicados a la descripción de “La Argentina en el marco de la realidad latinoamericana” y al “Delito urbano en la Argentina”, que podríamos describir como buscadores de “causas”. Así como un último capítulo “Mirando al futuro” (también es muy anglosajón eso de comenzar una oración con un gerundio, única translación poco feliz de ese ámbito cultural al nuestro realizada por Ciafardini) en el que aparecen las “acciones” y las “posibilidades”. También vuelven a mostrarse ellas en los apéndices que contienen El Plan Nacional de Prevención del Delito, exposición del accionar político práctico de este realista que no teme ser juzgado por ello sino que por el contrario necesita mostrar por qué y para qué hace lo que hace y escribe lo que escribe.
Las “causas” encontradas nos muestran un real aumento del delito. Ello tiene que ver con los cambios estructurales de una Argentina que pierde lazos de solidaridad –en especial se critican las políticas de los noventa– y que confluye con cambios externos e internos que influyen directamente en lo “delictivo”, “violento” y “urbano” de un fenómeno vinculado a la marginalidad económica y política.
No teme el autor mencionar como causa a la pobreza. Esta etiología es rescatada por el autor que teme que “detrás de la desvinculación teórica absoluta de delito y pobreza se agazapa la intención encubridora de la realidad de cierta derecha criminológica que intenta atribuir los problemas reales de violencia y conflicto social exclusivamente a la maldad innata de los hombres o a los defectos de socialización”.
Sin embargo, no se asume tampoco una atribución determinista y directa sino que puede volver a un análisis más complejo, al utilizar el concepto de “privación relativa”. No es la mera marginalidad o la “privación absoluta” de bienes y derechos la que “causa” violencias, sino que también debe considerarse la forma en que esta privación es sentida y explicada por el agente como algo injusto.
La misma situación socio-estructural de la Argentina de fines del siglo XX es el mejor exponente de lo que ocurre cuando las expectativas y oportunidades de los individuos se mueven en direcciones opuestas, pues las primeras se homogenizaban mientras las segundas se hacían cada vez más discriminatorias y por lo tanto la violencia crecía –las afirmaciones del autor se basan en un muy interesante trabajo cuantitativo-.
Una ventaja del concepto de privación relativa es que sirve para explicar todos los delitos que perpetúan y amplían esa situación de violencia, pues sitúa al delito en todas las capas sociales, alejándose de la idea recuperada por la derecha según la cual el delito es monopolio de las clases bajas, algo que está bien lejos de afirmar el autor, a pesar de utilizar estadísticas criminales centradas en delitos predatorios o callejeros contra la propiedad, a los que denomina delito “común”.
El cuadro de situación que presenta es complejo y, fiel con una perspectiva marxista, ancla sus condicionamientos en la organización económico-político-social. Ello no lo exime de señalar en especial algunos aspectos puntuales, que muchas veces son tanto causas como consecuencia de la violencia social. El desarrollo internacional de organizaciones ligadas a los delitos de tráfico de drogas, autos, armas o divisas se aduna con el desarrollo interno de un delito “profesionalizado” en grupos con vinculaciones con la política, el fútbol y algunos otros ámbitos legales, junto a un delito “amateur” de una juventud ociosa y que no recibe más estímulos que el de las sustancias tóxicas. El Estado deteriorado tras su crisis fiscal, el deterioro institucional y las faltas de políticas públicas son un aspecto destacado de la obra. Para Ciafardini, también la “corrupción” es elemento de principal consideración. En todos sus niveles pero principalmente en el área policial.
Todo ello se considerará a la hora de proponer “acciones”. Y no es casual que se le dedique especial atención a la policía. La “delgada línea azul” es una metáfora de la presencia no solo policial, sino del mismo Estado. Ciafardini adopta expresamente una perspectiva desde la cual el Estado es garante de un sistema más justo y menos violento. El Estado es no solo justificado sino que se le solicitan nuevas funciones, para poder articular el programa integrador e incluyente, definido como “una propuesta biopolítica democrática y progresista”.
La relación Estado-sociedad es interpelada especialmente al hablar de la policía. Una de las acciones reclamadas por Ciafardini se vincula con la reforma policial: el control del delito en serio debe contar con una policía eficiente, no delictiva o mafiosa, y realmente democrática.
Esto último se vincula con lo que el autor denomina “cuestión previa” que no es sino la de construir un poder político auténticamente democrático. Ello repercutirá en la profundización de controles del delito democráticos y de tipo comunitario. Controles del delito, pero también controles de la policía que adopten esos rasgos democráticos. Para ello es preciso formar una policía que esté, de verdad, al servicio, bajo el control, y formando parte de la comunidad. Pero en todo caso, se asume una potenciación de la institución policial “democrática”. La tarea de democratización de la policía será compleja. No solo es necesario dotar de mayor poder a la comunidad local, sino que también es necesario hacer lo propio con las víctimas potenciales y reales. Ejemplifica el autor en extenso con la experiencia piloto del barrio de Saavedra. Si bien la prevención debe venir, de acuerdo a Ciafardini, fundamentalmente de la aplicación de políticas sociales que reduzcan las desigualdades e incluyan horizontalmente, también es necesario diseñar políticas que reduzcan el impacto del delito a corto plazo. En ambas políticas lo comunitario es central: el modelo de país para lo primero y el modelo de barrio para lo segundo son las bases de la comunidad reforzada solidariamente.
Por otro lado, dotar de poder a la comunidad y a las víctimas es una buena estrategia para demostrar, frente a la derecha, que “algo funciona” en materia de control del delito. Ciafardini advierte, no obstante, contra el peligro de algunas excesivas legitimaciones obtenidas de estos nuevos actores en materia de seguridad: “No puedo dejar de atender el reclamo de la víctima de un delito pero ello no quiere decir que la víctima me vaya a proponer la solución correcta a su problema”.
La “propuesta integradora” de Ciafardini es destacable por su recuperación de la política como lugar de encuentro social. Tal vez, a criterio de esta comentarista, demasiado vinculado ese lugar al lugar de las instituciones, ya que tanto las redes sociales, como la misma idea de democracia podrían (y casi me atrevo a quitar el potencial) crecer