Realidades y retos del aborto con medicamentos en México. Georgina Sánchez Ramírez
permitido destruir mitos e ideas que se tenían antes de la legalización. No es todavía el caso de Oaxaca que aún no arroja datos que más adelante serán sumamente relevantes para comparar las condiciones particulares a partir de sus propias características sociodemográficas. Va a ser muy interesante los datos que proyecten los municipios de amplia población indígena. Vamos a ver qué tantas coincidencias o divergencias se dan respecto de la capital de la república.
Aunque hoy los abortos se realizan con medicamentos en todo el país y en América Latina, las legislaciones siguen siendo muy restrictivas en algunos países como El Salvador y Haití, pero, afortunadamente, en la mayoría se plasman excepciones no punibles entre las que la inclusión de los supuestos de violación son los más relevantes porque toman en cuenta la violencia contra las mujeres y la ausencia de voluntad libre.
El punto toral es que, independientemente de la regulación jurídica, el aborto es un hecho que se da y se seguirá dando, pero la prohibición o permisión legal sí puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de muchas mujeres. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU incluye el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, esto implica que la elección de la mujer deberá garantizarse como un derecho humano que gravita en su esfera de libertad. Son las mujeres quienes, en todos los casos, deberán poder decidir si continúan o interrumpen la gestación a partir de sus propias valoraciones y decisión personalísima. Esa decisión deberá ser respetada y acompañada por cada estado.
En el libro se habla de mujeres que se dan la mano, tomando en cuenta el acompañamiento entre ellas, pero también la labor de médicos, enfermeras y parteras que contribuyen a los abortos seguros y a la disminución de barreras con actitudes solidarias, comprensivas y responsables.
Desde Ipas se anuncian las buenas nuevas, y tienen que ser buenas nuevas por los avances de la ciencia y las condiciones seguras que hoy existen para el aborto. Hay, como se dice en el libro, mayor privacidad y comodidad, mayor autonomía y control sobre el proceso.
Uno de los temas que ha estado presente siempre que se habla de la interrupción del embarazo es el de las desigualdades y el acceso privilegiado de ciertos sectores de la población. El medicamento iguala y permite llegar a los sectores más vulnerables y desfavorecidos, como se muestra en este libro. El punto no es menor. En tiempos de pandemia ha estado disponible la realización del procedimiento en casa. En otro tiempo, las condiciones hubieran sido totalmente diferentes.
En este libro habla la ciencia. Ha sido escrito por especialistas en género y salud. El feminismo teórico y práctico ha hecho sus aportaciones desde considerar al cuerpo como territorio hasta hacer evidentes los esquemas de dominación que han dejado a la mujer, durante mucho tiempo, sin la posibilidad de decidir su destino.
Hay, por supuesto, muchas tareas pendientes. La principal es seguir luchando contra la estigmatización y los prejuicios sobre las mujeres que deciden abortar. Es indispensable también remover las resistencias institucionales; debemos encaminar esfuerzos hacia allá. Para ello, la información es clave. Con datos fiables, este libro contribuye a ello. Bienvenida esta obra. Que siga hablando la ciencia.
Leticia Bonifaz
Consultora independiente de CEDAW
Comitán de Domínguez, Chiapas
Junio de 2021
INTRODUCCIÓN
El aborto con medicamentosque descubrieron las brasileñases la flecha disparada queya nada podrá parar…
Georgina Sánchez-Ramírez y Suzanne Veldhuis
En todo el mundo y a lo largo de la historia de la humanidad, abortar ha sido considerado desde algo sin la menor importancia, un tabú innombrable, un pecado y un delito castigable, hasta llegar a consolidarse como un derecho humano de las mujeres que desean por cualquier razón, interrumpir el embarazo. Esto ha sido mediado por circunstancias ideológicas y políticas dentro de los Estados-nación, por lo que se convirtió (sobre todo en la era moderna) en un asunto de acceso privilegiado para quienes viven en lugares donde no está penalizado, o tienen las posibilidades de hacerlo en condiciones seguras. Sin embargo, las condiciones de quienes no cuentan con dichas posibilidades las llevan a sufrir las consecuencias de estas desigualdades, las cuales se traducen en violencias de diferente índole, poniendo en riesgo su vida, al hacer valer un derecho humano.
Las mujeres que tengan embarazos no deseados deben poder acceder a abortos seguros sin restricción alguna si así es su decisión; garantizándose los servicios y la calidad de la salud sexual y reproductiva accesible a toda la población, lo cual es clave en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente, la Meta 3.7, que apoya el acceso universal a la atención de salud sexual y reproductiva, y la Meta 5.6, que apoya la capacidad de las personas para ejercer sus derechos reproductivos. Los acuerdos internacionales y regionales de derechos humanos han desempeñado así mismo un papel importante en esta materia, para lo que es fundamental responsabilizar a todos los países para garantizar a las mujeres el derecho al aborto legal y seguro cuando así lo requieran (ONU, 2015).
El estado del arte sobre el aborto inducido a nivel mundial, durante la última década es presentado por Singh, Remez, Sedgh, Kwok & Onda (2018) para el Guttmacher Institute, abarcando el período de 2009 a 2017 con la finalidad de exponer las implicaciones de esta práctica en diversos países según su condición ante la ley (punible o no), cómo han evolucionado los métodos con los que se realiza, las consecuencias de su práctica clandestina, así como recomendaciones para una mejor salud sexual y reproductiva.
Singh y colaboradoras (2018) refieren que el embarazo no planeado en las regiones en desarrollo se estimó en 65 por cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años para el 2010-2014, a diferencia de las mujeres del mismo rango etario en las regiones desarrolladas, cuyos embarazos no deseados se calcularon en 45 por cada 1000. Un estudio más reciente estimó una tasa de 93 embarazos no planeados por cada 1000 mujeres en países de bajos ingresos, 66 por cada 1000 mujeres en países de ingresos medianos, y 34 por cada 1000 mujeres en países de altos ingresos, para el período de 2015-2019 (Bearak et al., 2020).
En el mismo informe, Singh y colaboradoras (2018) mencionan que la incidencia del aborto inducido comparado entre regiones con alta restricción (totalmente prohibido o permitido solo para salvar la vida de la mujer) es similar a las regiones donde no es punible prácticamente por ninguna causa, siendo 37 y 34 por cada mil mujeres en edades entre 15 y 44 años respectivamente, lo que varía es la muerte materna por esta causa, ya que las condiciones entre legalidad y clandestinidad establecen la diferencia entre vida y muerte para las mujeres.
Por lo tanto, la realidad aún es lejana a todas las buenas intenciones de los acuerdos internacionales, incluso estimar de manera confiable las tasas de aborto inducido por región depende de lo punible o no del aborto en cada territorio, ya que, donde la ley es favorable a esta decisión de las mujeres, las estadísticas son directas y confiables, a diferencia de los lugares donde su práctica es clandestina, teniéndose que utilizar métodos indirectos para su estimación. Tal es el caso México, a excepción de la capital, donde el aborto hasta 12 semanas de gestación fue legalizado en 2007, y el servicio (por ley) es ofertado en clínicas públicas. Se proyectó la tasa de aborto en 38 por cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años en 2009 (similar a la tasa a nivel mundial) y se estimó que al menos 6 de cada 1000 mujeres fueron tratadas en el sector público posterior a abortos inducidos (Juárez y Singh, 2012). Aunque no se han realizado estimaciones más recientes, se sabe que de 2000 al 2016, la letalidad por aborto ha disminuido en todo el país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) a partir de la legalización en 2007. Aún se desconoce el efecto en estos indicadores de las despenalizaciones recientes (2019 en el estado de Oaxaca, y 2021 en Hidalgo y Veracruz).
El aborto en la región de América Latina y El Caribe solamente está permitido sin condicionamientos en el primer trimestre de gestación en Argentina, Cuba, Uruguay, Guayana, Guayana francesa y Puerto Rico; en México esta condición se cumple solo en dos estados (CDMX y Oaxaca). En el resto de la región latinoamericana y caribeña, incluyendo los