México y la 4T contradicciones y límites (Análisis plural). Juan Carlos Núñez Bustillos
marzo la tasa de desempleo fue la más alta desde 2016 pues poco más de dos millones de mexicanos, 3.6% de la población económicamente activa, no encontró trabajo. López Obrador refutó estas cifras y afirmó que no todos los empleos se registran, y puso como ejemplo el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que otorga 3,600 pesos mensuales a medio millón de jóvenes.
El IMSS informó que en mayo la generación de empleo cayó en casi 90%. El gobierno federal descalificó estas cifras. El último día de ese mes se informó que la economía se contrajo 0.2%. Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia, admitió que el primer trimestre “nos dio una cachetadita”, (11) pero afirmó que la economía nacional crecería. Al día siguiente López Obrador lo desmintió: “No, no coincido con lo que él dice. Yo sostengo que está muy bien la economía”. (12)
En mayo Estados Unidos estableció un impuesto de 17.5% a los jitomates mexicanos, pero quitó los aranceles al acero y aluminio que estableció en junio de 2018. El día 20 de ese mes el presidente afirmó que en los sexenios anteriores se condonaron 400 mil millones de pesos de impuestos a grandes contribuyentes. Cuatro días después el Sistema de Administración Tributaria informó que más de ocho mil empresas emitían facturas apócrifas para evadir el pago de impuestos por un monto de 354.5 millones de pesos. El 19 de junio el Senado aprobó el Tratado de Libre Comercio (T–MEC) con Estados Unidos y Canadá. Con ello México fue el primero de estos países en refrendar el acuerdo.
18. MARCHA ATRÁS A LA REFORMA EDUCATIVA
El 14 de enero la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó las principales vías férreas de Michoacán. Exigían el pago de 800 millones de pesos, que afirmaba, les adeudaba el estado. El presidente López Obrador dijo que no ordenaría el desalojo de los manifestantes. Ese mismo día el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, presentó a los diputados la iniciativa para derogar la reforma educativa.
El gobierno de México presentó una queja ante la CNDH el 8 de febrero en la que le solicitaba recomendarle las acciones que debía tomar frente a los bloqueos. El organismo rechazó la solicitud por no tener atribuciones para atenderla. El 20 de marzo miembros de la CNTE bloquearon el acceso a la Cámara de Diputados, donde se discutiría la reforma educativa. Exigían las plazas automáticas para los egresados de las normales, participar en el control de las plazas magisteriales y cancelación de las evaluaciones a los maestros. En los siguientes días impidieron en cuatro ocasiones el desarrollo de las sesiones al bloquear los accesos al recinto legislativo.
El 8 de abril López Obrador advirtió que si no se llegaba a un acuerdo mediante el diálogo, “voy a proponer la cancelación [...] voy a dejar las cosas como estaban”. (13) Ocho días después firmó un memorándum en el que instruía a las secretarías de Educación, Gobernación y Hacienda a “dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. (14) La firma de este documento desató una polémica en torno a su validez legal. La CNDH advirtió que ordenar el incumplimiento de la ley debilita al estado de derecho.
La Cámara de Diputados aprobó el 24 de abril la nueva reforma educativa. El 30 de abril, por un solo voto las modificaciones legales no fueron aprobadas por el Senado. El 8 de mayo la volvieron a aprobar los diputados y un día después los senadores hicieron lo propio. Las reformas legales, que tuvieron 97 votos a favor, 20 en contra y tres abstenciones, mantienen la rectoría del estado en la educación, incluye la obligatoriedad de la educación superior y sustituye la noción de calidad educativa por el de excelencia educativa. Además, cancela la evaluación de los maestros como criterio de permanencia y desaparece el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será sustituido por un nuevo organismo autónomo. Las normas específicas en torno al ingreso y ascenso de los docentes será materia de normas secundarias.
El 15 de mayo y luego de que 22 congresos estatales la aprobaran el Congreso declaró constitucional la reforma. Pese a ello, la CNTE realizó nuevas manifestaciones y paros. El 4 de mayo terminó la huelga la Universidad Autónoma Metropolitana. El paro duró 92 días. La maestra Elba Esther Gordillo, “dirigente moral” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liberada en agosto de 2018, anunció el 7 de abril su intención de volver a presidir esa agrupación.
19. APRUEBAN REFORMA LABORAL
El Senado aprobó el 29 de abril la reforma laboral con 120 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Las nuevas disposiciones incluyen el salario igual para mujeres y hombres, la libertad de los trabajadores para pertenecer a los sindicatos y votar por sus dirigentes, la obligación de los líderes sindicales para rendir cuentas y la posibilidad de cancelar los registros de esas agrupaciones si extorsionan a los empleadores. Además, elimina las juntas de conciliación y arbitraje para que los conflictos laborales sean atendidos por el Poder Judicial mediante tribunales especializados.
El 11 de abril la reforma había sido aprobada en la Cámara de Diputados con una mayoría de 417 votos a favor, frente a uno en contra y 29 abstenciones. Las modificaciones a las normas laborales, sobre todo las que tienen que ver con la democratización de la vida sindical, fueron parte de los acuerdos para la firma del Tratado de Libre Comercio T–MEC entre Estados Unidos, Canadá y México.
20. LA CORRUPCIÓN
El primer día del año fue detenido Bernardo Campillo, exsecretario de Salud de Sonora durante el gobierno de Guillermo Padrés. Este, a su vez, fue liberado el 2 de febrero. Pagó una fianza de 100 millones de pesos para continuar su proceso en libertad.
El 16 de abril un juez de Quintana Roo ordenó la aprehensión del exgobernador de Puebla Mario Marín, del empresario Kamel Nacif, así como de dos exfuncionarios locales acusados de la detención ilegal y la tortura de la periodista Lydia Cacho en diciembre de 2005. El semestre terminó sin que fueran capturados.
El 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública inhabilitó para ocupar cargos públicos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y a Édgar Torres Garrido, extitular de Pemex Fertilizantes, luego de encontrar irregularidades en sus declaraciones patrimoniales.
El 28 de mayo fue detenido en Mallorca, España, Alonso Ancira Elizondo, propietario de la empresa Altos Hornos de México, acusado de vender a sobreprecio a Pemex una empresa de fertilizantes inoperante. Ese día también se dio a conocer que se libró una orden de aprehensión contra Lozoya por ese caso. En los siguientes días fueron cateadas diversas propiedades de la familia del exfuncionario de Pemex. Al día siguiente se libró otra orden de captura contra Susana Lozoya, hermana de Emilio, a quien le fueron congeladas cuentas bancarias. El 5 de junio el acusado obtuvo un amparo. Su abogado, Javier Coello Trejo, insistió en la inocencia de su cliente y añadió que las decisiones fueron tomadas por el consejo de administración de Pemex del que formaban parte diversos secretarios de estado. El 28 de junio Ancira fue liberado por un juez español y podrá continuar su proceso en libertad.
21. ELECCIONES
Tras la muerte en un accidente aéreo de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, el 24 de diciembre de 2018, el Congreso de ese estado nombró el 21 de enero gobernador interino al priista Guillermo Pacheco.
Janine Otálora renunció el 23 de enero a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de que en diciembre su compañero José Luis Vargas Valdez señalara que la magistrada había presionado para que el tribunal favoreciera a la panista Érika Alonso en la disputa legal por la gubernatura de Puebla en 2018. En su lugar quedó Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
El 20 de marzo el TEPJF confirmó que el Partido Encuentro Social (PES) perdió su registro como partido político nacional por no haber conseguido al menos 3% de los votos en las elecciones de julio de 2018.
El 14 de abril el tribunal ratificó que Miguel Barbosa, candidato de la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, sí podría participar en el proceso electoral, luego de solicitarle que aclarara cómo obtuvo la candidatura. El exsenador compitió en las elecciones de 2018 contra Alonso Hidalgo en un proceso que terminó en los tribunales.
El 15 de mayo el TEPJF informó