La estabilidad del contrato social en Chile. Guillermo Larraín
muy especialmente respecto de la institucionalidad política y, por lo tanto, a la Constitución misma. Sin embargo, la violencia y rapidez con que se detonaron los eventos desde ese 18 de octubre en adelante, nos tomó a todos desprevenidos.
La reacción inicial del gobierno, en particular del Presidente Piñera, fue de que se trataba de un problema agudo de orden público. Carabineros no estaba preparado para eventos de esta naturaleza y, como consecuencia, el resguardo del orden público ha terminado en graves violaciones a los derechos humanos. Esto, más el llamado al toque de queda, la salida de los militares de los cuarteles para instalarse en las calles y la “declaración de guerra” frente a un “enemigo poderoso”, pero sin que hubiese aportado ningún antecedente, exacerbó la reacción popular.
Las medidas no represivas, igualmente improvisadas, han ido en aumento. Lo primero fue retirar la propuesta de incremento en las tarifas del metro, que fue el detonante inicial de la revuelta. Desde entonces, el calado de las medidas crece y crece: el ingreso mínimo garantizado, incremento de pensiones y el llamado a plebiscito para entrar al proceso constituyente que se inició el 25 de octubre de 2020.
Pero el que el gobierno no hubiese estado preparado, ni sospechara remotamente que un evento de esta naturaleza pudiera ocurrirle, no quiere decir que haya que continuar en estado de parálisis mental. Al contrario. Chile ha estado al borde de una revolución sin líderes, o sea, cerca del caos y la anarquía. No podemos caer ahora en un acostumbramiento lerdo de unos niveles de violencia que son intolerables. Esto no es un llamado a la represión. Siempre la represión es una medida desesperada y coyuntural. El desafío es repensar la forma en que interactuamos los chilenos. La violencia que hemos visto en las calles esconde otras violencias más o menos sutiles, que son más estructurales, como las que denuncia el movimiento feminista encarnado en el cántico de LasTesis. Chile necesita reestructurar las relaciones entre sus habitantes, entre estos y el Estado, y al interior del Estado mismo. Chile debe repensar sus instituciones, en particular la Constitución. Es decir, Chile debe reformar su contrato social.
Si bien las opiniones hechas al fragor de los eventos corren el riesgo de reflejar cosas que en un ambiente más frío alguien podría no expresar, también pasa lo contrario: se dicen cosas que se piensan, solo que en otras circunstancias se callan por cálculo o temor. La más famosa de esas frases es una que le confidenció la Primera Dama a una amiga y que, no se sabe cómo, salió a la luz pública: “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.
Otros líderes de opinión, en grupos de WhatsApp (razón por la cual omito revelar su identidad), emitieron opiniones que vale la pena reproducir, pues muestran lo amplia que es la crisis institucional:
“Habiendo estado tres años fuera, lo que mas me sorprendió volviendo es la agresividad en la calle, es realmente de locos. Sí la vi venir, porque esto era totalmente anormal. He tenido la suerte de viajar mucho y he estado en países mucho más pobres que Chile y mucho más desiguales y nunca había visto un nivel de tensión/stress/cansancio como en Chile y eso iba a explotar”. (Ejecutivo del sector financiero)
“La verdad es que la moral chilena es cuestionable. El robo masivo de familias enteras entrando a robar denota un gran problema. De la misma manera que empleados robando. O ejecutivos estafando (La Polar) o empresarios simulando forwards para hacerse plata libre de impuestos o teniendo a sus señoras y autos en sociedades para ahorrarse dos pesos con cincuenta (Los Pentas), o no pagando contribuciones (el mismo Piñera), a pesar de no tener la necesidad, es un síntoma ético que hay que empezar a atacar. Y eso parte por arriba. Porque si los de abajo ven que a los de arriba no les pasa nada, obviamente van a actuar acorde. Creo que esto es algo que tenemos que corregir urgentemente”. (Empresario)
“Creemos que es necesario generar una instancia de reflexión del empresariado, directorios y gerencias de cómo, errores del pasado, han contribuido al sentimiento de abuso que hoy nos tiene en este caos”. (Profesor de ingeniería comercial)
“Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que se sincera conmigo y me dicen abiertamente que quieren un Pinochet. Están saturados con todo lo que pasa en Chile. Y la inacción del gobierno. Y cuando les digo que en realidad habría que meter presos a todos estos revoltosos, la reacción prácticamente unánime es ‘presos no, hay que liquidarlos’. Y ojo, esto es muy transversal en cuestión de nivel socioeconómico”. (Líder de opinión radial)
“La legitimidad nace de un Orden General acordado democráticamente y no impuesto. Eso faculta a ejercer la fuerza para que haya imperio de la Ley y no de grupos fuera de ella por las causas que sea. Cuando falla sistemáticamente el Estado en eso, pasa a legitimar la defensa individual o grupal de derechos conculcados!”. (Empresario)
Restaurar la convivencia nacional es imperativo. Es imposible crecer en un ambiente de violencia y vandalismo y, como economista que soy, creo que el crecimiento es importante. Sin embargo, es urgente entender la naturaleza de esa violencia, porque reducirla, como algunos creen, a una dimensión delictual, no permitirá entender qué está pasando en Chile y qué es necesario cambiar. Este libro pretende iluminar ese debate.
Pensar antes de actuar
Las reformas procrecimiento son insuficientes. Debemos ampliar la mirada y analizar cómo vigorizar nuestro contrato social, cómo hacerlo recuperar la legitimidad que requiere una sociedad y una economía modernas.
La principal institución formal es la Constitución. Su primer objetivo es generar condiciones para el gobierno de una sociedad democrática. Gobernar es adoptar decisiones en nombre de los ciudadanos, repartiendo costos y beneficios de una manera equitativa. Dichos costos y beneficios operan sobre distintas dimensiones del espacio y del tiempo.
Cuando “ejercer la tarea de gobernar” implica tomar medidas cuyo costo es inmediato y afecta a comunidades específicas, mientras que los beneficios recaen sobre todo el país pero se verán en un tiempo más lejano (como ocurre cuando se trata de la aprobación de un gran proyecto de infraestructura), la oposición de los grupos afectados usualmente será efectiva en detener dicha iniciativa. A medida que las comunidades toman conciencia de sus derechos, aumenta su capacidad de organización y gobernar se vuelve más difícil. ¿Cómo implementar entonces medidas de beneficio para el país y distribuir adecuadamente los costos entre los ciudadanos? ¿Cómo hacerlo para que los ciudadanos piensen en las restricciones impuestas por el gobierno como opciones razonables que incrementan nuestra libertad sustantiva, aun cuando la coarten en el momento en que son impuestas? ¿Cómo hacemos para no perder la ilusión (en su doble sentido de espejismo y de aspiración) de la libertad?
Esta es la razón por la que la palabra clave de nuestra búsqueda de una institucionalidad moderna es legitimidad. La única forma en que los costos sean aceptados por la comunidad (aun cuando sea a regañadientes), es que sean fruto de un proceso de decisiones legítimo.
Según la Real Academia Española de la Lengua, legítimo puede entenderse como “conforme a las leyes” o “lícito”, es decir, “justo, permitido según justicia y razón”. El criterio de conformidad a las leyes es un estándar bajo, por cuanto las leyes mismas pueden ser ilegítimas. Una ley aprobada en dictadura no tiene por qué ser considerada legítima. El estándar que nos interesa, más bien, es el segundo: la legitimidad de una acción de gobernar se deriva de su apego a criterios de justicia.
Para el filósofo John Rawls (1971), “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”. Y continúa: “Tal como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Tal como una teoría, por muy elegante y económica que sea, debe ser rechazada o revisada si es falsa, así entonces las leyes e instituciones, no importa cuán eficientes sean, deben ser reformadas o
abolidas si son injustas”.
Los actos de gobierno tienden a ser reactivos respecto de la realidad social y política. Usualmente, primero pasan cosas en la sociedad. Hay cambios de preferencias y de valores, cambios tecnológicos, nuevas aspiraciones y metas que se fijan los ciudadanos, nueva evidencia que afecta su percepción de lo que es bueno o malo, justo o injusto. Las leyes aparecen como una respuesta