La estabilidad del contrato social en Chile. Guillermo Larraín
segunda característica chilena es el bajo y decreciente nivel de
confianza interpersonal.5 A la pregunta “¿Se puede confiar en la mayoría de las personas?”, un 12% contestó que sí en 2010-2014, mientras que entre 1989 y 2005 la cifra era de 22%. También contrasta con el alto porcentaje de personas que contesta afirmativo en países desarrollados: 45% en Alemania, 51% en Australia, 66% en Holanda. En Uruguay, un 14% señala que se puede confiar en el resto. Sobre la confianza en gente que uno conoce por primera vez, el 26% de las respuestas en Chile señala que no se puede confiar en quien uno conoce por primera vez. Eso se compara con un 18% en Alemania, 12% en Australia, España y Holanda. Solo Uruguay supera a Chile con un 40%. De entre la gente que señala que hay que ser muy cuidadoso al momento de confiar en una persona cualquiera, en Chile un 13% señala que se puede confiar completamente en el vecino, comparado con 10% en Alemania, 9% en Holanda o 3% en Australia.
Una tercera característica se refiere a la creciente desconfianza en las instituciones, en particular los tres poderes del Estado. La desconfianza en el Congreso en Chile alcanza al 29%, comparado con 18% en Australia, 12% en Holanda o 9% en Alemania. Lo más preocupante es que esta desconfianza en el Congreso era de 8% al retornar a la democracia, y luego se ha situado permanentemente sobre el 20%. Tanto el bajo nivel actual de confianza como la tendencia decreciente se dan en los partidos políticos.
Peor: la desconfianza en el Poder Ejecutivo alcanza a un 25%, comparado con un 19% en Australia, 13% en Holanda o 10% en Alemania. Solo España supera a Chile. La desconfianza con los funcionarios públicos en Chile llega al 21%, comparado con 16% en España, 9% en Holanda, 8% en Australia y 6% en Alemania. Respecto de la policía, el 9% desconfía en Chile, comparado con 4% en Alemania, 3% en Holanda y 2% en Australia. Salvo en el caso de la policía (en la que la desconfianza venía cayendo hasta 2014), el Poder Ejecutivo en todas estas dimensiones mostraba un deterioro en la confianza ciudadana.
En cuanto al Poder Judicial, la desconfianza en los tribunales en Chile asciende a un 24%, superando a Uruguay con 17%, España con 14% o Australia con 7%. Esta desconfianza en los tribunales viene al alza desde el regreso de la democracia.
Esta alta y creciente desconfianza en las instituciones democráticas convive con un alto apoyo a la democracia como sistema de gobierno. El 90% de los entrevistados cree que el sistema democrático es bueno o muy bueno, comparado con un 87% en Australia, 81% en Holanda u 80% en Estados Unidos. Pareciera, entonces, que los chilenos apoyan el sistema democrático, pero son críticos de cómo funciona.
Esto sirve como prólogo para una cuarta característica que se da en nuestro país: el alto nivel de activismo cívico. Entre 2010 y 2014, la cantidad de personas que no asistió a ningún tipo de manifestación pacífica fue de solo 12% en Chile, comparado con un 62% en Alemania o 31% en España. Por el contrario, quienes participaron más de tres veces en manifestaciones pacíficas en Chile alcanzaron el 27%, comparado con un 2% en Alemania y 17% en Uruguay. Sobre la participación en “actos de boicot”, si bien quienes nunca lo han hecho en Chile (45%) es similar a Alemania (49%), los que han hecho boicot más de tres veces llega al 20% en Chile, comparado con 16% en Australia o 7% en Estados Unidos. En términos de agitación laboral, la cantidad de personas que ha participado más tres veces en huelgas en Chile alcanza a 24%, comparado con 13% en Australia, 3% en Alemania y 0% en Holanda. Según el Informe Anual de Huelgas Laborales desarrollado por el Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social (COES), el número de huelgas extralegales ha subido persistentemente desde 2011, y en 2016 llegó a su máximo histórico.
La quinta característica es que estas personas desconfiadas de sus conciudadanos y las instituciones que los rigen, esas personas con un relativamente alto nivel de activismo político, evalúan mejor su entorno personal comparado con su evaluación del país. Esta es una característica bastante persistente en Chile, y que fue identificada en el primer Informe de Desarrollo Humano del PNUD, el año 1998.6
El Centro de Estudios Públicos incorporó también esta pregunta en sus encuestas y es sistemático que las personas evalúan mejor su entorno que el país. A la pregunta de ¿cómo es su situación personal comparado con el país?, sistemáticamente se responde que uno está bien, el país mal. Lo mismo ocurre con preguntas de evaluación individual en relación con las genéricas (por ejemplo, sobre el abuso de “mi banco” se compara con el de “los bancos”, si “uno ha sido víctima de actos de corrupción” comparado con “el nivel de corrupción” en Chile).
Estas cinco características se pueden sintetizar de la siguiente manera: del lado más positivo, en Chile la valoración del crecimiento económico es importante, un 60% en promedio entre 1989 y 2014. Esto es más alto que en los países de referencia. Dicho crecimiento, sin embargo, es cuestionado en dos sentidos. Por un lado, existe la percepción de que en Chile, mucho más que en los otros países, se quisiera que este fuera más “humano” y donde “las ideas contaran más que el dinero”. Por otro lado, está la discrepancia entre cuánto mejora el país y cuánto mejora la persona misma.
Un segundo elemento es que los chilenos quieren más democracia y no menos. Pero las instituciones que rigen la democracia actual son objeto de desconfianza. Esto afecta tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y Judicial. El nivel actual de desconfianza en las instituciones es alto para los estándares internacionales relevantes, pero lo que es preocupante es que la desconfianza ha crecido en el tiempo. Esa desconfianza probablemente explique que los canales de participación formales se han desintermediado, lo que se refleja en un alto nivel de activismo cívico.
Con los tres poderes del Estado sometidos a altos niveles de desconfianza y con una alta convocatoria para canalizar los conflictos por afuera de los canales formales, es difícil negar que no existe un problema institucional profundo. Y si hay que caracterizar dicho problema, lo más acertado es que las instituciones sufren de crecientes niveles de deslegitimidad. El proceso constituyente detonado con el plebiscito de octubre de 2020 es un mecanismo razonable para enfrentar este problema.
Una cuarta fuente del contrato social
Quizá un “éxito” de la dictadura fue hacernos pensar que todo comenzó en 1973 y que todo lo ocurrido antes es irrelevante, que no merecía reconocimiento, pues antes imperaba la irracionalidad. Claro, la dictadura desde muy temprano se autoimpuso una agenda de reformar el país, una agenda constituyente. Es evidente que hizo reformas que marcaron al país, pero nunca entendió bien cuán flexible y cuánta inercia tiene el marco institucional. La razón es que la dictadura pensó que lo relevante es el marco de las instituciones formales, desconociendo las creencias, las convenciones, la historia, la cultura. Claro, cuando el poder está concentrado de manera tan extrema, se corre el riesgo de pensar que porque puede cambiar las instituciones formales, las informales le seguirán. Ello es solo parcialmente cierto, porque en las instituciones informales hay más inercia de la que uno cree. Las creencias, la historia, las utopías, no ceden fácilmente.
Hay tres fuentes originarias del modelo de desarrollo chileno y que implícitamente se han mencionado aquí (Larraín, 2005). Por un lado, la más antigua es la herencia de la discusión de 1954 entre Aníbal Pinto y Jorge Ahumada, un socialista y un democratacristiano; ese debate inspiró dos de los más importantes libros de la segunda mitad del siglo XX, cuyos ecos llegaron incluso al gobierno de Eduardo Frei Montalva, en particular entre 1964 y 1967. A su vez, está la herencia de la dictadura y sus reformas, algunas de corte neoliberal, como las reformas a la seguridad social, y otras no necesariamente, como la apertura comercial. Finalmente está la herencia de la Concertación y sus reformas de inclusión social y estabilidad macroeconómica. Todas ellas, en distinto grado, tienen un espacio de reconocimiento institucional que fue, con idas y venidas, aceptado por todos los sectores.
Pero hemos relegado una cuarta fuente de inspiración de nuestro contrato social que yo mismo desestimé años atrás y que, querámoslo o no, existe. La explosión social de 2019 la ha dejado en evidencia: la experiencia de la Unidad Popular y el testimonio de Salvador Allende. Uno puede levantar reparos a la gestión de ese gobierno, desde su desmedida ambición programática en circunstancias que solo contaba con algo más de 1/3 de los votos, hasta la cuestionable gestión gubernamental y el caos social y político que no se puede reducir solo al boicot norteamericano.