Cartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva Granada, 1854. Angie Guerrero Zamora
radicales no tocaron, a pesar de publicitar la idea del ciudadano propietario55. La descentralización administrativa volvió fiscalmente inviable a varias provincias y las hizo presa, a algunas de estas, de luchas faccionales por el control político, como en los casos de Valledupar, Ocaña, Azuero, entre otras; muy distante de la idea del ciudadano agente del bien común56. La abolición de los resguardos, salvo en algunas comunidades, fue rechazada por las parcialidades indígenas y, como en Pasto, terminó el Partido Conservador capitalizando su adhesión al convertirse en el protector de sus tierras57. Similar situación se presentó con las medidas religiosas, que catalizaron al clero hacia el Partido Conservador.
En síntesis, las reformas liberales se vivieron de forma caleidoscópica en las regiones, un tema poco explorado respecto a la manera como se experimentó el proceso en lo local. Pero, en todo caso, terminó por promover un crisol de intereses y expectativas disímiles entre los sectores que vieron en el golpe de Melo la coyuntura para alcanzarlas, pero que difícilmente el melismo hubiese sido capaz de atenderlas todas si triunfaba. De ahí que seguir artesanizando el golpe militar de 1854 es privilegiar la mirada centralista del evento; es necesario entender las causas en aquellos sitios donde hubo simpatías por el melismo, así sus pronunciamientos fuesen efímeros.
En este orden de ideas, sin desconocer la movilización plebeya, el golpe de Melo fue un acto militar en respuesta a las medidas legislativas de una facción del liberalismo que buscaba liquidar el ejército a mediados del siglo XIX. En efecto, desde la construcción del Estado neogranadino en 1832, uno de los principales objetos de atención por parte de la élite civil dirigente, y que no eximió algunos militares como los generales José María Obando, José Hilario López, entre otros, fue lograr constituir unas fuerzas armadas sujetas al dosel constitucional. Para tales efectos, se “diseñó” una arquitectura de Estado en la cual las fuerzas armadas quedaban dependientes, en diversos ámbitos administrativos y jurisdiccionales, a los diversos poderes republicanos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Es decir, siguiendo las líneas interpretativas de Samuel Huntington, se buscó limitar o anular la autonomía de los hombres en armas al maximizar los poderes civiles. Esta política arrancó a inicios de la década del treinta al reducir el pie de fuerza del Ejército permanente y borrar y expulsar del escalafón militar a cientos de oficiales que habían sido deliberativos en la esfera pública. La política continuó en los siguientes años, manteniendo una fuerza armada relativamente baja frente a las necesidades de defensa y por evitar una pesada carga de gasto militar sobre la famélica hacienda púbica de aquellos años58.
Por otra parte, se les otorgó a los diversos poderes públicos injerencia en varios ámbitos de la administración militar, como al Congreso, quien debía fijar el pie de fuerza permanente anual y el número de coroneles y generales en servicio, mientras que al Ejecutivo le correspondía designarlos. La contabilidad del ramo de los gastos militares se sujetó a la Secretaría de Hacienda, quien nombraba a un contador general encargado de revisar y glosar los gastos, esta misma práctica se replicaba en las cajas de guerra provinciales. Además, las guardias nacionales, a pesar de ser inspeccionadas por las comandancias militares del departamento o de los Estados Mayores divisionarios, su organización, disciplina y entrenamiento estaban sujetos a los gobernadores de las provincias. Finalmente, en temas de fuero militar y administración de justicia, punto de tensión del periodo, se percibe el esfuerzo de la justicia ordinaria de imponerse sobre la militar, al considerarse el fuero de guerra un privilegio inadecuado frente al ideario republicano59.
La política en cuestión formaba parte de los lineamientos del republicanismo que, como ya hemos señalado, buscaba evitar toda forma de gobierno despótico, pues desde el siglo XVII se empezó a asociar a los Ejércitos permanentes como aliados de la monarquía, considerando que la mejor defensa de la nación descansaba en las milicias constituidas por los hombres libres, quienes se entrenaban los fines de semana. Esta tradición sobre la defensa de la patria modeló la organización de las fuerzas armadas en Estados Unidos y en Francia durante la Revolución francesa y estuvo presente en la Constitución gaditana de 181260.
La Nueva Granada no fue la excepción, durante los años veinte del siglo XIX un sector de la dirigencia política del periodo, vinculado al general Santander y conocido como el “Partido Socorrano”, lideró una campaña con el objeto de sujetar las fuerzas armadas a los poderes civiles y disminuir el militarismo en el gobierno y la esfera pública. Dicho proyecto logró cristalizarse con la desintegración de Colombia, que permitió reducir el pie de fuerza del Ejército permanente en los años treinta, como ya se mencionó61. Posteriormente, a finales de los años cuarenta, una nueva generación de jóvenes liberales, los llamados gólgotas, volvieron a publicitar con más ahínco las políticas antimilitaristas, pregonando liquidar, de una vez por todas, el Ejército permanente y dejar a los civiles encargados de la defensa de la nación como guardias nacionales. El asunto generó un fuerte debate en su tiempo, ya que un sector del liberalismo, los draconianos, con una visión más atemperada de los principios republicanos, rechazaron, entre otras cosas, la liquidación del Ejército. Además, lo consideraban improcedente, al ser las milicias un sistema más oneroso y que no daba muchas garantías de eficiencia frente a la fuerza regular. A este debate se sumaron algunos militares letrados, quienes, como el general Melo, patrocinaron un periódico para defender a su grupo de interés62.
Este proceso se inició en los años finales de la administración presidencial del general Tomás Cipriano de Mosquera, cuando se enfrentó al Congreso por sus políticas de reducción del pie de fuerza del Ejército, el cual ganó inicialmente el curtido militar al constituir la fuerza de zapadores, legitimando por este medio mantener un pie de fuerza en tanto se dedicaría a la composición de caminos. Pero a mediados de los años cincuenta el panorama político era diferente, el liberalismo se había afianzado después de triunfar sobre el levantamiento conservador de 1851, la Constitución de mayo de 1853 había sido expedida y el Congreso estaba en manos de los gólgotas y los conservadores. De ahí que la presidencia del general José María Obando tenía poco margen de acción y los más conspicuos representantes del liberalismo radical habían abierto un frente de lucha contra los militares y contra el mismo general Melo, el comandante de la guarnición militar de Bogotá, a quien se le estaba siguiendo un proceso por el asesinato de un cabo.
De hecho, según uno de los estudiosos del tema, la causa inmediata del golpe fue el proyecto de ley alternativo de Manuel Murillo Toro, que buscaba ponerle fin a la institución castrense neogranadina y a la carrera militar, que debía discutirse el 17 de abril. Un debate que no aconteció, justamente porque en la madrugada de ese día las compañías de artillería y las guardias nacionales se congregaron al grito “¡Abajo los gólgotas!” y al son de un bambuco tocado por la banda militar, con el que se inició el golpe del general Melo y se puso fin, durante unos meses, a la Constitución de 1853 y se restableció la de una década atrás. Además, Melo envió partidas a capturar tanto a los representantes del Congreso como a otros individuos considerados opositores y, al amanecer, despachó una comisión al palacio presidencial integrada por Francisco Antonio Obregón, Camilo Rodríguez y Miguel León “para ofrecerle al presidente el mando supremo, rogándole que se pusiera al frente la revolución y declarara cerrado el Congreso Nacional. Pero el general Obando rehusó el ofrecimiento, con lo cual el Ejército proclamó presidente al general Melo y cristalizó así la dictadura”63.
¿Quiénes fueron los oficiales seguidores de Melo? Sin duda, responder la pregunta implicaría una pesquisa documental exhaustiva en los archivos de la Secretaría de Guerra y Marina que rebasarían los objetivos de este trabajo. Sin embargo, se puede afirmar, con base en la información parcial disponible sobre las personas comprometidas en los hechos del 17 de abril de 1854, que eran militares de carrera, es decir, que habían hecho de la milicia su modo de vida y dependían para su sustento y el de sus familias del salario que ganaban. La afirmación se infiere por el largo tiempo que estuvieron en servicio activo, algunos desde los tiempos de las guerras de Independencia; además, tenían simpatía por el liberalismo y por el movimiento artesanal capitalino. Lo anterior nos lleva a concluir que las reformas antimilitares