Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia. Leonardo Güiza-Suárez

       Introducción

      En el mundo, pese a que en los últimos 17 años la tasa global de pérdida de bosques se ha desacelerado gracias a la reforestación, el establecimiento de nuevas plantaciones y la implementación de políticas más estrictas (WWF, 2018), la pérdida de bosques tropicales sigue siendo muy alta. Entre 1980 y el 2000 se perdieron 100 millones de hectáreas de bosques tropicales en el mundo, de las cuales 42 millones correspondían a América Latina (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services-IPBES-, 2019), que alberga el bosque amazónico, el cual es el bosque tropical más grande del mundo. Del mismo modo, esto afecta la fauna, ya que se constituye en su hábitat natural.

      Dentro de las amenazas a los bosques se encuentran el crecimiento urbano, que se ha intensificado desde 1950, la tala insostenible, el aumento de las plantaciones de pulpa para papel, la construcción de infraestructuras como hidroeléctricas y vías, los incendios forestales (WWF, 2018), la minería legal e ilegal y las actividades ilícitas como la apropiación de baldíos, y, en el caso de países como Colombia por el acaparamiento ilegal de tierras, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de yacimientos minerales, las obras de infraestructura, los cultivos agroindustriales y la extracción punible de maderas (Sentencia STC-4360 de 2018).

      En Colombia, actualmente los grupos armados ilegales y la delincuencia común tienen diferentes fuentes de financiación además del narcotráfico, lo cual potencia su capacidad de acción bélica y la consecuente violación de derechos humanos en el territorio nacional (Defensoría del Pueblo, 2018). Estas fuentes de financiación están relacionadas con las riquezas de los recursos naturales que se encuentran en las zonas sobre las que ejercen control o presencia estos grupos, entre las que podemos mencionar los minerales, los productos maderables y el tráfico de especies que, como veremos a lo largo de este libro, tienen un impacto directo sobre los recursos fauna y flora del país.

      Por su parte, la legislación nacional que se ha desarrollado desde mediados del siglo XIX aborda temas en materia de deforestación, creando áreas protegidas y estableciendo requisitos para realizar actividades económicas en zonas boscosas. Además, la jurisprudencia se ha preocupado por el fenómeno de la deforestación a tal punto que mediante la Sentencia STC-4360 de 2018 se declara a la Amazonía como sujeto de derechos.

      Sin embargo, el cambio en el territorio ha aumentado del mismo modo desde mediados del siglo XIX. El aumento de la deforestación está fundamentalmente asociado a factores como la conquista de nuevas zonas, tal es el caso de la región antioqueña, que durante la Conquista los bosques se transformaron en cultivos de café, ampliando la frontera agrícola; las formas de intervención del territorio basadas en el utilitarismo y el saqueo; así como el modelo de desarrollo extractivista, que promueve la minería y la explotación de recursos maderables y la intensa urbanización que el país ha experimentado desde 1965. Estas dinámicas muestran un desconocimiento de las relaciones entre los componentes urbano y rural. Como lo afirma Carrizosa, en Colombia se ha privilegiado un modelo de desarrollo que no tiene en cuenta la complejidad del territorio, la cual se expresa en su enorme diversidad y en la relación misma que hay entre los territorios (Carrizosa, 2014).

      Los impactos de la deforestación han causado que las áreas hidrográficas del país presenten focos de erosión, en especial, en las vertientes de la cordillera oriental, en las serranías del Caribe, en los cañones del área hidrográfica del Magdalena —Cauca y recientemente se han expandido al piedemonte de Caquetá—, Putumayo, a la zona minera del Pacífico y en la isla de Providencia. Lo anterior permite inferir que hay afectación al ciclo hidrológico, lo que amenaza la oferta y calidad del agua para la población colombiana que se concentra en las áreas hidrográficas del Magdalena-Cauca, así como la generación de energía eléctrica, pues estas zonas concentran la mayor área abastecedora para embalses en todo el país (IDEAM; UDCA, 2015).

      En razón de lo anterior, a través de este libro, se analiza la dimensión social, ambiental, política y jurídica de las principales fuentes de afectación sobre la fauna y flora del país, haciendo énfasis en la identificación de los sujetos infractores o delincuentes ambientales, su relación con los grupos armados, y los desafíos institucionales para enfrentar estas acciones a nivel nacional.

      Para efectos metodológicos, hemos dividido esta publicación en cuatro partes: la primera, se centró en la recabación de información secundaria, derechos de petición y entrevistas individuales a funcionarios con el fin de dimensionar los impactos ambientales y desafíos institucionales por las afectaciones a la fauna y flora en el país. Este estudio se realizó con la financiación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Sección de Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), División de Fortalecimiento al Estado de Derecho, a través del Programa de Crímenes Ambientales.

      En la segunda, tercera y cuarta parte del libro, se analizan seis temáticas que fueron concertadas a partir de las principales necesidades o desafíos que tienen los funcionarios públicos que llevan a cabo los operativos contra los delitos ambientales del país, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio de Defensa, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, los jueces, entre otros. Al respecto, la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos Sección de Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), División de Fortalecimiento al Estado de Derecho, a través del Programa de Crímenes Ambientales, desarrolló el programa de “Formación en el desarrollo de procedimientos para controlar impactos sobre la flora y la fauna derivados de actividades ilegales”, que incluyó los siguientes módulos de formación: marco legal ambiental en Colombia, mecanismos de control, licencias y permisos ambientales, procesos sancionatorios ambientales, bases del derecho minero, recursos forestales, minería y cultivos ilícitos.

      A través de estos módulos de formación, se realizaron talleres que propiciaban la reflexión y participación de los funcionarios de estas entidades, y través de una investigadora presente en cada una de las sesiones se recogían las notas de las discusiones, conclusiones y recomendaciones sobre cada uno de los temas abordados. Posterior a ello, con el apoyo de algunos profesores de cada módulo y de la investigadora, se construyeron los ocho capítulos que se presentan en la segunda, tercera y cuarta parte de este libro.

      Así mismo, el método de investigación para cada uno de estos capítulos fue la interpretación hermenéutica en la que la comprensión de los fenómenos se basa en el análisis de múltiples perspectivas de los diferentes temas tratados. Las principales fuentes de información incluyen artículos de investigación científicos y de revisión publicados en las bases de datos Annual Review, Scopus y Google Scholar, Scielo, Latindex; artículos periodísticos y boletines de prensa de medios de comunicación nacionales publicados en la base