La fe cristiana frente a la corrupción en América Latina. Roberto Laver
la corrupción, tanto a nivel internacional como nacional. Por otra parte, la globalización y los avances tecnológicos contribuyeron a una mayor transparencia de los gobiernos y a una creciente fiscalización o control por parte de la sociedad civil. En el ámbito empresarial e inversionista, los efectos de la corrupción se hicieron más evidentes debido a la mayor apertura y crecimiento del comercio a nivel mundial.
En este contexto, fueron los inversores y empresas estadounidenses los que ejercieron mayor presión para que otros países industrializados se involucraran con seriedad en el intento de resolver la problemática de la corrupción en los países receptores de las inversiones. Cabe destacar que, a pesar de que los empresarios y empresas estadounidenses estaban sometidos a la ya referida legislación anticorrupción de Estados Unidos de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act), normativa que impuso fuertes sanciones y penalidades por sobornos a funcionarios públicos extranjeros, no se daba lo mismo en todos los países industrializados. Alemania, el Reino Unido y Francia, por ejemplo, no estaban sujetos a las mismas reglas de juego, lo cual generó que las compañías estadounidenses reclamaran la existencia de un régimen internacional más equitativo. Esto llevó a que la Administración Clinton de Estados Unidos presionara a sus socios en la OCDE para que prohibieran los sobornos a funcionarios extranjeros, lo que resultó en la adopción del convenio anticorrupción de la OCDE en 1997.
En segundo lugar, algunos estudiosos sostienen que los nuevos conocimientos empíricos sobre la corrupción y sus efectos han motivado que sea considerado como un tema central en la agenda de los países donantes y organismos internacionales de desarrollo. A fines de la década del ’80 comenzaron a surgir estudios, internos y externos a los organismos internacionales de desarrollo, que identificaron a la mala gobernabilidad en los países donatarios como factor determinante del fracaso de los proyectos de reforma estructural. Entre estos estudios, sobresale el informe producido en 1989 por el Departamento de África en el Banco Mundial titulado De la crisis al crecimiento sostenible – La África del Sub-Sahara: Un estudio de perspectiva de largo plazo (From Crisis to Sustainable Growth – Sub-Saharan Africa: A Long-Term Perspective Study).19
Este informe, uno de los más citados como antecedente del surgimiento del tema de la gobernabilidad en la agenda del Banco Mundial, reconoció que la buena gobernabilidad era elemento necesario y esencial para un desarrollo sostenible en los países. Según este informe, lo que impedía el desarrollo en el continente africano era “una crisis de gobernabilidad”.20 Los autores recomendaban a las autoridades del Banco Mundial que apoyaran reformas anticorrupción, la promoción de mayor transparencia, la rendición de cuentas, el respeto por la ley y la protección de los derechos humanos.
En el momento de su emisión, este informe no tuvo una aceptación general dentro del Banco Mundial. Por el contrario, fue recibido con cierta resistencia burocrática, ya que se consideraba que no era competencia expresa del Banco Mundial involucrarse en temas considerados “políticos”. No obstante, la pugna interna fue ganada por aquellos que consideraban que el Banco Mundial sí tenía que ejercer un papel protagónico en la lucha contra la corrupción. El informe de 1989 fue un presagio de cuantiosos estudios realizados en la década del ’90, que convalidaron la relación estrecha y directa entre la gobernabilidad y el desarrollo sostenible, y también fue un impulsor de una cartera creciente de programas y proyectos dirigidos a fortalecer la buena gobernabilidad en los países prestatarios.
Informe del Banco Mundial: La África del Sub-Sahara: Un estudio de perspectiva de largo plazo
En último lugar, hay algunos expertos que sugieren que el mayor énfasis del tema de la corrupción en la agenda global se debe también a un aumento cuantitativo del fenómeno en las últimas décadas que precedieron al fin de la Guerra Fría —es decir, que los actos de corrupción, especialmente sobornos y malversaciones de fondos en el sector público y su cuantía económica, se habían incrementado. El principal expositor de este argumento es Tanzi que explica que el tamaño y papel del Estado en la mayoría de los países habían aumentado en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Un Estado más grande, agrega Tanzi, implica una mayor recaudación de impuestos, un incremento en el gasto público y, en una gran cantidad de casos, un aumento en las regulaciones y controles estatales de la actividad económica, lo que trae aparejado el surgimiento de nuevas y mayores oportunidades para el soborno y otras formas de corrupción. Tanzi sostiene que la mayor presencia del Estado en la actividad económica incide negativamente en los niveles de corrupción, con efecto más visible e inmediato en los países (la gran mayoría en desarrollo) sin una tradición de honestidad en el servicio público.21 Esta postura neoliberal, como veremos en el capítulo quinto con mayor detalle, tuvo una influencia notable en la manera en que los organismos internacionales de desarrollo percibieron la problemática de la corrupción y el tipo de reformas anticorrupción que se promovieron en la década del ’90.22 El énfasis inicial de las reformas promovidas por el Banco Mundial buscaba reducir la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, según Tanzi, el aumento de la corrupción no se debe solamente al tamaño del Estado, sino que hay otros factores que han contribuido, como la globalización económica y la privatización de empresas públicas. La globalización ha generado muchas situaciones y oportunidades donde el pago de sobornos a funcionarios públicos puede ser altamente beneficioso a las empresas extranjeras para lograr acceso a mercados lucrativos. A su vez, los procesos de privatización dieron lugar a episodios notorios de corrupción, especialmente en los países en transición de Europa del Este y el ex Bloque Soviético.
Medidas nacionales e internacionales para combatir la corrupción
Mientras se podrá debatir y diferir en cuanto a los factores causantes de este llamado movimiento de lucha contra la corrupción, lo que resulta indiscutible es que desde mediados de la década del ’90 ha habido un creciente activismo por combatir la corrupción. En efecto, se ha llevado a cabo una verdadera explosión de actividades para reducir la corrupción por parte de una amplia gama de actores a nivel global, nacional y local.
Muchos países han firmado tratados y promulgado leyes especiales para prevenir, controlar y penalizar la corrupción. En 2003, se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC, o UNCAC en inglés).23 Otros tratados internacionales son la Convención Interamericana contra la Corrupción, de 1996 (CICC, o IACAC en inglés); y la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de 1997.24 Esta última convención es el primer instrumento internacional que focaliza en el lado de la “oferta”, es decir el sector corporativo que ofrece o paga sobornos. Ha sido ratificada por todos los miembros de la OCDE como así también por Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Latvia, Rusia y Sudáfrica. A nivel del continente europeo, la Unión Europea y el Concilio de Europa han tomado acciones contra la corrupción. La Unión Europea adoptó una convención en 1997 y constituyó el accionar contra la corrupción como criterio de incorporación de nuevos países a la misma. El Concilio de Europa ha adoptado una serie de medidas, incluyendo principios rectores para luchar contra la corrupción (1997); convenciones de derecho civil y criminal sobre corrupción (1999); códigos de conducta para oficiales públicos (2000) y sobre financiamiento político (2003); y un grupo de trabajo, GRECO, para monitorear el cumplimiento de las mencionadas convenciones.
Muchos países han establecido comisiones o agencias especiales anticorrupción y han emprendido otras reformas legales e institucionales para promover la transparencia y la rendición de cuentas del sector público. El sector empresarial, por su parte, ha puesto particular atención en la gobernabilidad y en la ética. Del mismo modo, las empresas multinacionales han formado numerosas y variadas coaliciones para combatir la corrupción.