El colapso ecológico ya llegó. Maristella Svampa
sostiene y repite como un mantra que el problema es que “no existen otras alternativas”.
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Una de las razones más poderosas que nos motivó a escribir este libro fue la irrupción de la juventud, que recientemente se sumó a la lucha socioambiental y climática.
El dramático llamado de la adolescente sueca Greta Thunberg, lanzado a mediados de 2018 mediante las “huelgas por el clima”, estremeció incluso a los más escépticos y encontró una entusiasta adhesión en miles y miles de jóvenes tanto en los países del Norte como del Sur. Adolescentes que todavía concurrían a la escuela secundaria y aquellos que apenas comenzaban sus estudios universitarios se sintieron interpelados por el mensaje de Greta y comenzaron a leer e informarse sobre la cuestión climática con una avidez y una rapidez dignas de estos tiempos de globalización. Así surgieron numerosos colectivos como Fridays for Future y Rebelión o Extinción, entre otros. El bautismo de fuego fue la marcha por el clima el 15 de marzo de 2019, el 15M, cuando centenares de miles de jóvenes en más de 71 países y 1200 ciudades alrededor del mundo faltaron a clase y salieron a las calles con un pedido: que sus gobiernos tomaran acciones inmediatas contra el cambio climático. En nuestro país, cuatro jóvenes egresados de ORT, una reconocida escuela de la ciudad de Buenos Aires, fundaron el colectivo Jóvenes por el Clima Argentina, en tanto otras iniciativas locales se sumaron a Fridays for Future y sus rondas de los viernes frente al Congreso Nacional, así como a Extinción o Rebelión y Alianza por el Clima.
El nuevo protagonismo juvenil ante la emergencia climática marca un punto de inflexión. Por un lado, refleja el compromiso de exigir cambios radicales en las políticas públicas a las élites globales y locales, al tiempo que propone combatir tanto el escepticismo cultural como la desinformación imperante en amplios sectores de la sociedad. En esa línea, la acción colectiva se instala tanto en la arena política global como en la nacional y local. En nuestro país, Jóvenes por el Clima Argentina y Alianza por el Clima jugaron un importante papel en la Declaración de la Emergencia Ecológica y Climática y la Ley 27 520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, votadas ambas en el Congreso de la Nación a fines de 2019.[1] Por otro lado, el nuevo protagonismo juvenil instala el llamado a luchar desde abajo, a través de la movilización social e incluso de la desobediencia civil, según los grupos y las estrategias.
Así, la irrupción de los jóvenes en la lucha ecológica y climática generó en nosotros una gran esperanza, no solo por la potencia de su reclamo sino también porque renueva y oxigena al movimiento ecologista. Por eso, desde fines de 2019, decidimos entablar un diálogo intergeneracional en el que participan buena parte de las organizaciones mencionadas. Es interesante observar que, lejos de comenzar de cero, los y las jóvenes toman como punto de partida lo acumulado y ya instalado en el país, a lo largo de casi dos décadas, por diferentes movimientos y colectivos socioambientales y organizaciones indígenas en las luchas contra el neoextractivismo (la minería a cielo abierto, el fracking, los agrotóxicos y el desmonte, la defensa de los derechos colectivos de los pueblos originarios, entre otros), como asimismo el diagnóstico proporcionado por las investigaciones críticas e independientes que se han realizado desde el campo académico y militante. En otras palabras, se trata de un tipo de activismo que, lejos de pensarse como fundacional o endogámico, suma y potencia en términos de líneas de acumulación de luchas, busca amplificar las voces e influir en las diferentes agendas.
Otra de las razones que nos impulsó a escribir este libro se vincula con la intensidad que adquirieron las movilizaciones sociopolíticas en los últimos tiempos. En 2019, las placas tectónicas de nuestra región se movieron y una vez más asomó la imagen del “volcán latinoamericano”. Ecuador y Chile lideraron el proceso con levantamientos sociales y movilizaciones masivas en rechazo a las políticas de ajuste, en escenarios de toque de queda, estado de excepción y fuerte represión estatal. Las protestas hicieron estallar por los aires el llamado “modelo chileno”, que todas las derechas regionales y globales señalaban como horizonte deseable, mientras la ciudadanía devastada mostraba las heridas causadas por las enormes aspas de la desigualdad (en derechos básicos como el transporte, la salud y la educación, y también en términos de violencia estatal).
Es muy probable que en la Argentina –pese al incremento de la pobreza y las desigualdades, y al ostensible empeoramiento de la situación económica y el mal gobierno bajo la gestión de Mauricio Macri– no se haya producido un movimiento tectónico de magnitud similar porque la sociedad abrigaba expectativas de cambio de gobierno, confirmadas primero en las elecciones primarias de agosto de 2019 y luego en las generales de octubre, que dieron el triunfo al binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, apenas iniciado el mandato, asistimos a la mayor pueblada socioambiental de la historia argentina, que movilizó entre ochenta y cien mil personas en toda la provincia de Mendoza en defensa del agua y contra la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas. El lunes 23 de diciembre de 2019, centenares de miles de personas se reunieron en la explanada de la casa de gobierno provincial para manifestarse contra los cambios legislativos que habilitaban la minería al introducir modificaciones a la Ley 7722 (una norma sancionada en 2007 que protegía el agua de sustancias contaminantes). Habían marchado durante un día para recorrer los 100 kilómetros que separan San Carlos, en el corazón del Valle de Uco, de la capital mendocina. También se sumarían multitudes provenientes de otros rincones de la provincia. Bailes, cortes y acampes acompañaron las marchas al compás de una consigna común: “El agua de Mendoza no se negocia”. Ante la masividad de la protesta, el gobernador Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, respondió con altanería y represión, pero en apenas una semana la situación se volvió crítica y tuvo que retroceder y llamar a sesiones extraordinarias para poner en vigencia nuevamente la Ley 7722. Al calor de la pueblada mendocina, una semana después fue el turno de Chubut, donde las movilizaciones contra la megaminería lograron frenar la modificación de la Ley 5001.
Es importante reconocer en este punto que las luchas socioambientales, y en especial el rechazo a la megaminería, no son recientes en la Argentina: tienen casi veinte años de historia. Existe una acumulación de experiencia que en el caso de Mendoza data de 2005 (aunque la Ley 7722 fue sancionada en 2007) mientras que la Ley 5001, la primera de su tipo en nuestro país, fue promulgada en 2003 en Chubut. Estas luchas expresan con claridad que no hay licencia social para esta actividad contaminante e insustentable, que utiliza millones de litros de agua dulce y solo deja enormes pasivos ambientales a la población local. En esa línea, creer que la pueblada mendocina fue un hecho espontáneo es de una ignorancia malintencionada. Los colectivos autoconvocados de esa provincia –Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (Ampap), que nuclean a una veintena de asambleas de toda la provincia– realizan acciones de resistencia y concientización desde hace quince años. A esto se añade que Mendoza, una provincia árida con apenas unos pocos valles fértiles, atraviesa una de las peores crisis hídricas desde que existen registros oficiales. En octubre de 2019, los datos de irrigación indicaban que no solo les espera un año seco, sino la peor temporada de los últimos treinta y tres años.[2] Pese a conocer toda esta información, el oficialismo provincial, en alianza con el Frente de Todos, pretendía habilitar la utilización de millones de litros de agua dulce para la minería con uso de sustancias tóxicas.
Lo sucedido tanto en Mendoza como en Chubut dejó varias lecciones que deberían repercutir dentro del campo del nuevo gobierno nacional. Primero, las luchas ecoterritoriales tienen una larga trayectoria y utilizan un nuevo lenguaje de derechos que ya no puede ser ignorado ni minimizado. Segundo, hay que contemplar la velocidad de los cambios políticos actuales, que irónicamente parecen emular el ritmo acelerado y abrupto del cambio climático. Estamos ingresando a tiempos extraordinarios, en los que confluyen la liberación cognitiva de las multitudes, la conciencia del daño ambiental y la aceleración de los procesos político-sociales.
En suma, antes que una mera nota de color, la pueblada mendocina en defensa del agua fue la primera gran movilización social durante el gobierno de Alberto Fernández. Algo para recordar, sin duda, y muy probablemente una señal de advertencia para los tiempos que vivimos, marcados por el escenario de la pandemia y la emergencia climática.
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