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de la CNE, el 2 de abril de 2018, asumió como director de Valgesta Energía, consultora que hace trabajos para empresas como Saesa, Colbún y Aes Gener.
Para el exministro Pacheco, actualmente embarcado en una precampaña presidencial, la discusión sobre los medidores inteligentes no es técnica:
—Este es un tema que nunca se aprobó durante el periodo en que fui ministro. Esta no es una discusión tecnológica, no tengo ninguna duda de que el mundo digital avanza hacia redes inteligentes, para permitir que la gente pueda tener paneles solares en sus casas. Se incluyen transformadores, redes y medidores inteligentes… Eso forma parte de la discusión tecnológica, pero la discusión que hoy tenemos en el país es una discusión económica y de política pública.
El círculo termina de cerrarse para Pacheco cuando se analizan las garantías que ofrece el Estado a las eléctricas. “A mí me parece grave que una política pública primero identifique una oportunidad de inversión para los privados, luego se la haga obligatoria para todos los chilenos y finalmente le garantice por ley la rentabilidad a esa inversión”.
La Ley de Servicios Eléctricos (de 1983) le asegura a las distribuidoras un 10 % de rentabilidad. Ese piso mínimo se utiliza para calcular las tarifas de electricidad que se pagan en Chile. La cifra se logra simulando el comportamiento de una “empresa modelo” y tomando en cuenta los riesgos asociados al negocio. Pero allí también hay problemas. Pacheco los explica:
—En la “empresa modelo” la rentabilidad asegurada es de un 10 % anual, pero en la práctica, para las empresas reales es de un 15 % anual. Porque la “empresa modelo” y sus costos son distintos de la empresa real, nunca la CNE ha tenido acceso pleno a toda la información de costos de las distribuidoras, por tanto la “empresa modelo” está llena de supuestos. Y los supuestos son conservadores, la empresa real lo hace mejor que la “empresa modelo”. De manera que la rentabilidad que se les asegura es mayor.
La crítica de quien fuera el primer ministro de Energía del segundo gobierno de Bachelet, escala hasta el corazón mismo del funcionamiento de las empresas eléctricas. Y sus dichos tienen como aval el que durante años ocupó importantes cargos en empresas transnacionales, como Carter Holt Harcey, dueña de la mayor empresa forestal del mundo, además de haber sido director del Banco de Chile, AFP Provida, Luchetti y Falabella:
—Cuando los negocios regulados consiguen rentabilidades por sobre la rentabilidad del capital, eso se llama la renta, y es una renta que el Estado le da garantizada a los inversionistas. Ahora entiendo por qué tanta gente se molesta con los abusos y los privilegios, y eso incluye a los empresarios rentistas que capturan al Estado para que tome decisiones en función de sus intereses. La responsabilidad principal del Estado es representar el bien común y no se puede dejar capturar por grupos corporativos. Tengo la opinión formada de que esta es una falla muy grave.
Se ha intentado acotar la discusión al abuso que las empresas eléctricas habrían digitado en contra de los usuarios con el cambio a los medidores inteligentes. Y se entiende, porque las empresas distribuidoras de electricidad quieren impedir que el debate escale y llegue a afectar el 10 % de rentabilidad mínima que la ley les asegura.
La fórmula para calcular esa alta rentabilidad se fijó durante la dictadura, cuando se privatizó el servicio eléctrico. Y se argumentó entonces que era indispensable considerar los riesgos asociados al negocio, que es un monopolio natural. Pero tras 35 años esos riesgos han experimentado un cambio radical: son mínimos, mientras las utilidades no han hecho más que crecer.
La renta de las empresas eléctricas
A raíz de la discusión pública sobre los medidores inteligentes, la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que a fin de año el gobierno ingresará al Congreso una reforma general al sistema eléctrico. El gobierno tiene insumos para plantear esos cambios.
Desde 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene en sus manos un estudio realizado por Bonilla y Asociados donde se analiza el modelo que se utiliza para calcular la rentabilidad que se les asegura a las empresas distribuidoras de electricidad. El estudio concluye que una tasa de rentabilidad acorde a nuestros tiempos no debe exceder el 6,5 %.
Según expertos consultados por Ciper, bajar la rentabilidad asegurada a las empresas de un 10 % antes de impuestos a un 6,5 %, generaría una baja significativa de las cuentas de electricidad que se pagan en Chile.
Así lo afirma Cristián Muñoz, profesor asociado adjunto de la Universidad Católica, quien actualmente está al frente de la Consultora Breves de Energía. Muñoz afirma que al revisar la experiencia internacional (fundamentalmente de Estados Unidos y Europa), la rentabilidad asegurada a las distribuidoras eléctricas es significativamente inferior a la establecida en Chile:
—La ley que les asegura a las distribuidoras la tasa del 10 % antes de impuestos, es de los años 80, cifra que está relacionada con el premio por el riesgo que las empresas asumían en esos años. En ese tiempo la realidad del país era otra, situación que sugiere que es momento de actualizar el cálculo de esa tasa —afirma Cristián Muñoz.
Efectivamente, en otros países la ganancia que se les asegura a las empresas es mucho menor. A fines del año pasado en España la redujeron del 6,5 % a un 5,58 % (después de impuestos). En Alemania pasó lo mismo, y las tasas quedaron entre un 5,1 % y un
6,9 % (después de impuestos).
Enel es una de las principales empresas que participa del negocio de la distribución de la electricidad.
El estudio de Bonilla y Asociados, que tiene en sus manos la Comisión Nacional de Energía, coincide con el diagnóstico de que la rentabilidad del 10 % que se les garantiza a las distribuidoras eléctricas debe modificarse: “Esta tasa se encuentra sobrestimada. Y no es de extrañarse, ya que fue fijada hace al menos 30 años, cuando en Chile solo la tasa libre de riesgo era del orden de 5 %. Reconociendo la evolución del mercado es natural pensar que la tasa de costo de capital hoy es distinta”.
La propuesta de reducir la tasa de ganancia asegurada fue recogida por los diputados Giorgio Jackson y Pablo Vidal (ambos de RD) que presentaron un proyecto de ley que apunta a ese objetivo. En el gobierno están estudiando la medida.
Para Cristián Muñoz una buena forma de beneficiar al consumidor, además de actualizar la rentabilidad asegurada, es introducir una mayor competencia en la venta de energía al cliente final. Por eso, aconseja mirar el modelo de comercialización de energía instaurado en países del primer mundo, el que mantiene el monopolio a las distribuidoras para el “negocio cable” (la estructura que permite distribuir la energía), pero que abre el mercado para su comercialización:
—Eso se llama retail de electricidad libre o desregulado. Y se aplica hoy en Europa principalmente (España, Alemania e Inglaterra) y también en Australia. No es necesario que la comercialización de energía sea regulada porque los clientes pueden tener distintas preferencias. Por ejemplo, una persona puede optar por recibir solo energía renovable u optar por solo comprar energía producida en base a carbón, que puede tener un descuento, pero es mucho menos amistosa ambientalmente. Otras comercializadoras pueden ofrecer opciones de prepago, donde se compra energía hasta un tope y después se interrumpe. La ventaja de ese modelo es que tienes una amplia gama de combinaciones que los comercializadores pueden ofrecer a los consumidores. También puede aliviar los vertimientos de energía renovable, situación que se ha dado en Europa, donde los generadores les pagan a los clientes por consumir en determinadas horas del día. La competencia finalmente beneficiará a los clientes con una mayor variedad de opciones de suministro —explica Cristián Muñoz.
Historia de un cambio inesperado
El escándalo provocado por el cambio obligado de los medidores, con cargo a los usuarios, abrió una discusión sobre el sistema en general. La chispa que encendió el debate fue una tramitación express y a última hora en el Senado en enero de 2018. El impulsor fue el último ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Rebolledo.
La paradoja es que esa modificación se originó en una iniciativa de diputados que establecía que las empresas eléctricas se harían cargo de los daños