La potencia del talento no mirado. Carlos March

La potencia del talento no mirado - Carlos March


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creciendo y, hace tres o cuatro años, empezamos a pensar más conceptualmente qué era Arbusta, es decir, en definitiva, qué eran ellos».

      «Siempre me gustó conversar con ellos porque tienen una mirada de impacto social y ambiental, pero desde el negocio. De hecho, preferían que fuese una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o una sociedad anónima (SA) hasta que hubiera una forma jurídica que los representara. Siempre decían: “Prefiero ser empresa porque mi forma jurídica habla un montón de mí”. No querían que los encasillaran para tener los beneficios que puede tener el mundo de las ONG. Quieren mostrar su modelo al mundo, quieren demostrar que esto es posible y qué se puede hacer desde una empresa como Arbusta. Ojalá se avance con una ley que arme una forma jurídica que se ajuste a lo que podría ser una empresa social, pero todavía hay que ajustarse a las formas jurídicas que representan a las lógicas viejas», analiza Willi. Eso nos da pie, entonces, para enumerar los diversos formatos que pueden asumir organizaciones con fines de lucro que contemplan al impacto social en el corazón de su estructura.

      A diferencia de las empresas tradicionales, las cooperativas son gestionadas por sus propios asociados, que unen sus esfuerzos y su trabajo para lograr objetivos comunes, vinculados con hacer frente a sus necesidades y aspiraciones. Se trata de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente gestionada por sus integrantes. Existen distintos tipos de cooperativas, aunque las más extendidas en las últimas décadas en la Argentina son las cooperativas de trabajo, que tienen por objeto proporcionar empleo a sus socios a través de la producción de bienes o servicios destinados a terceros. Un claro exponente de este universo son las empresas recuperadas a manos de sus trabajadores, un modelo consolidado tras la crisis económica, social y política desatada a fines de 2001.

      Otro modelo de organización empresarial es el de las llamadas «empresas sociales», en las que la transformación social o ambiental que la empresa busca está internalizada en el modelo de negocio. Cuando operan, entonces, procuran impactar de manera positiva desde el punto de vista social y ambiental. También se las denomina empresas de «triple impacto» (por el aspecto económico, el comunitario y el ambiental), aunque, en los últimos años, creció la tendencia a identificarlas, además, con un enfoque más humano. Por lo general, en este formato, las utilidades no son distribuidas entre sus dueños, sino que son reinvertidas.

      Una de las formas hacia las que evolucionó este tipo de compañías es la de las denominadas «Empresas B», regidas por una serie de parámetros que miden el impacto económico, social y ambiental del negocio y el propio desempeño, como llave para acceder a una certificación. Se trata de un desarrollo de la ONG estadounidense B Lab que, en 2006, creó una herramienta de evaluación para determinar si una empresa se ajusta o no a los parámetros de las benefit corporations. Este sistema llegó a América Latina en 2012. Una de las características de las empresas con certificación B es que, en sus mismos estatutos, incorporan como objetivo al impacto social.

      En el campo de esta «otra» economía, también se desarrollan las llamadas «finanzas éticas», que, justamente, procuran incorporar valores éticos a la gestión de las finanzas, a diferencia de las tradicionales, que buscan la maximización de las ganancias. Se trata, por ende, de un modelo opuesto al especulativo. Dentro de este esquema, las finanzas éticas toman en cuenta las características, y los compromisos sociales y ambientales de quienes dan y quienes reciben el dinero, como así también ponen foco en cuál es el origen de esos fondos y qué destino se les dará. En general, entonces, tienden a fortalecer y a apoyar modelos de empresas alternativos e híbridos, o iniciativas de la economía social y solidaria. Una entidad financiera enmarcada en este concepto informa a sus inversores sobre la trazabilidad de las inversiones para garantizar que no sean aplicadas a negocios ilegales, o de consecuencias sociales y ambientales negativas.

      Y continúa: «Pero, además, hay otro mundo de social innovation, de empresas sociales, como sería Arbusta, que lo que quieren es empezar de cero con un modelo nuevo. El fenómeno que atacan es el mismo, pero son caminos distintos. El Sistema B está intentando ser de fondo, pero llega hasta el medio. Arbusta arranca arriba. Arbusta es de las pocas que logró tener una escala seria y realmente armó un modelo de negocios que le permite crecer. Arbusta tiene escala, tiene un equipo directivo que crece, y crece. Tiene más de 300 empleados en relación de dependencia y decenas de clientes que no contratarían a la típica empresa social. Arbusta tiene un modelo de negocios comprobadamente eficiente. Es un modelo de negocios que funciona y, por eso, la contratan. Arbusta se metió en el mercado a competir de igual a igual, con cualquiera, porque compite con un modelo innovador. Esa es la gran diferencia con otros esquemas de la economía social», ilustra Willi para dar una idea de lo complejo que resulta dotar de identidad legal y simbólica a un nuevo paradigma de negocio.

      Para complejizar aún más, desde Medellín, Esteban Uribe profundiza las contradicciones: «El término “empresa” se ha corrompido un poquito porque responde a cualquier proyecto que se tenga para cualquier fin, sea individual o colectivo, donde, al fin y al cabo, el desarrollo económico habitualmente solo se enfoca en el tema comercial». Por eso, destaca que, en el caso de Arbusta, se hace «muy de la mano de buscar a esas personas que no están en el sistema», lo cual marca una gran diferencia. «Al final, estamos cumpliendo una función que debería estar haciendo el Estado, que es la parte de hacer cosas que no hacen las empresas. Hay empresas, como los call centers, que contratan el mismo perfil de jóvenes que Arbusta, pero se olvidan del componente humano, de lo social, y los salarios son bajos. Nosotros estamos con una mirada hacia otro lado, a lograr que los salarios sean competitivos y que las personas puedan desarrollarse y trabajar en posiciones altas. Si bien la Constitución Nacional garantiza el derecho al trabajo, los Estados no llegan a dar soluciones concretas como las que, por ejemplo, nosotros damos».


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