El gran reto presente. Rolando Carrasco Antonio
públicos y privados con la mayor disponibilidad de información y de sistemas. Todos los avances en relación con la sociedad del conocimiento han sido posibles gracias al desarrollo de la red óptica, la cual demoró cerca de cincuenta años para poder inyectar y hacer viajar la luz a través de la fibra óptica. También ha sido muy importante el gran desarrollo de la infraestructura (hardware y software) de redes de comunicación móvil (2G, 3G, 4G y 5G) y de la computación que ha permitido alta velocidad de procesos y la transmisión de datos.
El desafío y responsabilidad final de todos estos desarrollos concierne a la transformación de nuestros recursos naturales, base material del desarrollo de la sociedad. La pregunta de fondo es si acaso los países latinoamericanos están preparando acciones e instrumentos que permitan efectivamente adaptar este progreso en los aspectos prioritarios para la sociedad. Es indudable que falta más investigación y desarrollo para enfrentar el tránsito social que viene y que ello depende, en gran medida, de la inversión que los países puedan dedicar a ello.
En este libro discutimos varios aspectos relevantes referidos a progreso tecnológico, innovaciones, inteligencia artificial y a toda la gama existente de impactos y aplicaciones de esos procesos y avances. Como sabemos, esto está cambiando el mundo y es fundamental que los países se preparen para un nuevo escenario marcado por la tecnología y la digitalización, precisamente promoviendo mayor investigación para así desarrollar conocimiento y aplicaciones que permitan maximizar el beneficio que traen estos progresos, así como también disminuir sus inevitables efectos negativos1.
En este contexto nos referimos al gasto en investigación y desarrollo (I+D) que realizan los países con el propósito de desarrollar conocimiento nuevo. Aquí el concepto de «gasto» utilizado es fundamentalmente uno de tipo contable, ya que se representa como una manera determinada de emplear o «gastar» el producto. Sin embargo, el término más apropiado del punto de vista económico debe ser el de «invertir» esos recursos, puesto que los mismos crean nuevas capacidades en los países para producir más a futuro, dando así mayor valor al impacto de los recursos envueltos e implicando un retorno «social» a la inversión. Por eso, llamarle inversión es lo más apropiado para referirse a los recursos que se emplean en la actividad de I+D, consistente en crear y aplicar nuevas ideas o procesos que significarán un impacto productivo de importancia para la sociedad, marcado también por significativas externalidades de tipo social.
Tomemos a Chile como ejemplo, puesto que es el país latinoamericano con el más elevado ingreso per cápita en el año 2019. Expresando el monto empleado en I+D como porcentaje de su PIB, Chile es el país miembro de la OECD2 que menos invierte en I+D en términos absolutos y, asimismo, en términos relativos3. Esto tiene serias implicancias en torno al progreso técnico que se está creando y cuya adaptación a la realidad nacional es un tema crucial en vistas a los retos productivos y sociales que están implícitos en ello. También se observa como un serio impedimento para que el país pueda saltar hacia una etapa superior de desarrollo económico, más allá de aquel favorecido por la sola explotación y venta de los recursos naturales.
Se dice que la investigación en ciencia y tecnología crea muchas externalidades positivas en diversos ámbitos de la actividad social; uno de ellos es la educación, especialmente a nivel superior, porque permite desarrollar conocimiento actualizado sobre temas cruciales en la materia y adelantar nuevos conocimientos útiles al desarrollo económico y social. Además, esta actividad de I+D se proyecta a impactar directamente en distintos ámbitos de la realidad de un país, más allá del estrictamente académico. En efecto, el progreso técnico es beneficioso en campos tan diversos como la salud, la integración territorial, la protección del ambiente, la producción de bienes públicos, el desarrollo de los negocios, y la mejor gestión de bienes tan cruciales como el agua, la producción de bienes y servicios en general.
Más adelante presentamos también ejemplos de las aplicaciones diversas de I+D en ámbitos como los procesos digitales, así como el desarrollo de IA en distintos ámbitos productivos y sociales. Esto, para indicar que no se trata solamente de investigación «teórica» alejada de los problemas de la sociedad, ni tampoco inversión en un tipo de investigación que lleva a aplicaciones encaminadas a una mayor producción de bienes y servicios. También se trata de aquella que se enfoca en la elaboración de mayor y mejor conocimiento sobre la sociedad y la cultura. En este concepto amplio, la inversión en investigación y desarrollo abarca también a las ciencias sociales y las humanidades.
En promedio, los países de la OECD invierten un 2.3 % de su producto en investigación en ciencia y tecnología, destacando los casos de Israel y Corea del Sur que emplean más de 4 % de su PIB en esta actividad. Sin embargo, en el 2018 Chile empleó solo un 0.34 % de su producto en I+D, lo cual lo coloca a la zaga de los países de la OECD, como también de muchos otros países latinoamericanos. Se trata de una proporción de recursos que se ha mantenido alrededor de ese mismo reducido nivel durante la última década, a pesar de los compromisos políticos formulados y de las diversas demandas sobre el tema provenientes principalmente del mundo académico.
Dado el valor del producto chileno medido en dólares, entonces la inversión en I+D alcanza más o menos a unos 10.000 millones de dólares al año (o sea, unos 600 dólares por habitante), poniendo así de manifiesto lo exiguo que es comparado con sus contrapartes de la OECD. A pesar de no existir iniciativas concretas para enmendar esta situación prevaleciente en Chile, está claro que con esta proporción de recursos es imposible esperar resultados significativos de la investigación que se realiza en universidades, instituciones de investigación y empresas, entidades todas que comparten los recursos empleados en I+D4.
El ejemplo de Chile
Las actividades que se comprenden en el concepto de I+D abarcan Investigación básica, investigación aplicada y desarrollos experimentales5. La investigación básica se refiere a trabajos experimentales y/o teóricos destinados a obtener nuevos conocimientos sobre los fundamentos de los fenómenos o hechos observables, sin necesariamente pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Por su parte, la investigación aplicada se refiere a trabajos originales para adquirir nuevos conocimientos dirigidos hacia un objetivo práctico específico, es decir aplicación a un problema o campo específico. Del mismo modo, el desarrollo experimental trata con trabajos sistemáticos que aprovechan conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios; o a la mejora sustancial de los ya existentes (Ministerio de Economía de Chile, 2019). En la práctica, sin embargo, es muy difícil establecer claras líneas divisorias entre estos tres conceptos, a pesar del esfuerzo que se realiza por medio de diversos instrumentos de financiamiento para impulsar uno u otro tipo de investigación6.
La ejecución de estos recursos en proyectos de investigación tiene lugar en las universidades, en otros centros de investigación y en las empresas que utilizan recursos propios pero que a menudo también recurren a subsidios del Estado, diseñados para apoyar el desarrollo de la investigación. El gasto en I+D de las empresas ha exhibido en Chile más o menos el mismo comportamiento que el gasto realizado por universidades, a pesar de que en el último año, para el cual se han elaborado estadísticas basadas en una encuesta aplicada por el Ministerio de Economía de Chile (2017), se observa una caída de 11 % de los recursos totales aportados por las empresas, a la vez que un aumento de 5 % del gasto ejecutado por universidades, el cual depende fuertemente del subsidio directo que provee el Estado como una asignación a las instituciones universitarias más tradicionales.
Esto último también comprende los fondos concursables de financiamiento estatal provistos a través de CONICYT7 y otros organismos. El Ministerio de Economía (2019) atribuye la reducción de los recursos empleados en I+D durante los últimos años al retroceso del gasto efectuado por las empresas. De acuerdo con las cifras oficiales, a través de sus iniciativas y recursos directos, especialmente fondos concursables, el Estado provee el 47 % de los recursos dedicados a I+D. Sin embargo, el