Gestionando el multiculturalismo. Jean E Jackson
constituciones incorporaron nociones provenientes de las cosmologías indígenas. Por ejemplo, el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana del 2008 se refiere a “la naturaleza, o Pacha Mama” (Madre Tierra). Los derechos colectivos otorgados a las comunidades indígenas a través de estas reformas comprendieron el reconocimiento formal de la condición multicultural de la nación, gobierno autónomo y propio a nivel local, estatus oficial para las lenguas minoritarias en regiones donde predominaban, garantías de educación bilingüe y reconocimiento de los sistemas tradicionales de salud, tenencia de tierra y justicia consuetudinaria.13
En las fases tempranas de estas campañas, las demandas indígenas pasaron de “derechos como minorías” a “derechos como pueblos”. Al reclamar derechos inherentes derivados de su estatus como pueblos autóctonos, evitan las implicaciones asimilacionistas de un estatus como minorías, puesto que los derechos de las minorías dependen por definición de su membresía en un cuerpo político más amplio; mientras que los derechos inherentes implican autonomía y autodeterminación. Estas demandas fueron respaldadas por varios convenios y tratados internacionales, particularmente el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (también conocido como la Convención 169 de la OIT), el cual fue firmado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.14
En este entorno que cambiaba con celeridad, el imaginario predominante de los pueblos indígenas acumuló varias asociaciones, como una relación espiritual antes que materialista con la tierra, la toma de decisiones mediante el consenso, un ambientalismo holístico y la restauración de la armonía en el mundo, tanto física como social. Estos valores llevaban implícita una crítica a las formas de autoridad occidentales, así como al impulso de controlar y mercantilizar la naturaleza. También se desafiaban la pretensión del Estado-nación a la soberanía exclusiva, su monopolio de la violencia legítima y sus pretensiones de definir y controlar la democracia, la ciudadanía, los códigos penales y la jurisdicción legal.15
Nancy Postero argumenta que en esos años la democratización de la región, aunada al multiculturalismo y al activismo indígena, provocó “una revalorización sin precedentes de los pueblos indígenas, junto con su cultura, costumbres y cosmovisiones”.16 Sin embargo, este cambio ideológico, sin importar qué tan profundo fue, en cuanto a su impacto en el mundo real, estuvo a menudo limitado a las formalidades de la redacción constitucional y a un número limitado de leyes de protección, así como de decisiones judiciales. Además, algunas de estas protecciones constitucionales y jurídicas fueron posteriormente debilitadas por la legislación neoliberal promovida por las entidades crediticias internacionales. Con algunas excepciones, el empobrecimiento de los pueblos indígenas —el sector más pobre de América Latina y “los elementos más periféricos de la periferia del sistema-mundo”17— siguió en gran medida inalterado.
La experiencia de Colombia refleja las de otros países latinoamericanos, tal como se ha sido expuesto, pero también difiere en aspectos significativos, todos ellos de interés para nosotros. Uno de estos es el demográfico: dada la pequeña proporción de indígenas en la población total de Colombia —menos del 4 %—, cabe preguntarse ¿cómo emergió el activismo y liderazgo tan visible y efectivo que impactó a la sociedad dominante de tantas maneras notables? En primer lugar, uno de sus éxitos extraordinarios fue el de haber logrado que el gobierno les entregara casi el 30 % del territorio nacional a los pueblos indígenas del país.18 Con regularidad, las editoriales de los periódicos en Colombia comentan cómo a pesar de no tener el peso de las organizaciones indígenas de Bolivia o Ecuador, los activistas indígenas se encuentran entre los sectores “más organizados” del país y son capaces, por ejemplo, de reunir sesenta mil participantes en las marchas y bloqueos de vías.19 Los activistas indígenas del país y sus aliados también tuvieron una gran influencia sobre el movimiento internacional de derechos indígenas, a pesar de su número reducido.
En segundo lugar, vale destacar el hecho de que ningún movimiento por los derechos indígenas en el continente americano, a excepción del colombiano, tuvo que trabajar en múltiples regiones bajo amenaza de la violencia debida al conflicto armado interno de medio siglo.20 En ocasiones, las comunidades indígenas tuvieron que acoger un número considerable de refugiados internos, así como tratar con combatientes armados —guerrillas, paramilitares, el Ejército y Policía nacional— a ninguno de los cuales les interesaba respetar las demandas de autodeterminación y autonomía de los pueblos.21 Ese conflicto es la razón principal por la cual la organización indígena de Colombia no se encuentre bien representada en la literatura anglófona, ya que la inseguridad en aquellos tiempos llevó a la mayoría de los antropólogos extranjeros a optar por llevar a cabo su investigación en otros lugares. En contraste, los antropólogos colombianos, muchos de los cuales se citan aquí, continuaron con su trabajo de campo, a veces en condiciones bastante difíciles, abordando como temas de análisis las consecuencias de la inseguridad crónica experimentada por las comunidades objeto de estudio, producto de las amenazas de tortura, desplazamiento forzado y asesinato, amenazas que con demasiada frecuencia fueron materializadas. Al documentar la catástrofe humanitaria producida por una represión a ultranza contra los ciudadanos indígenas, campesinos y afrodescendientes del país, estos investigadores enfrentaron amenazas contra sí mismos, algunas de las cuales se concretaron en hechos brutales. Un ejemplo es el asesinato del profesor Hernán Henao, perpetrado por paramilitares en 1999 cuando estaba en una reunión con el equipo de trabajo del Instituto de Estudios Regionales en la Universidad de Antioquia. Lamentablemente, las publicaciones a menudo impactantes de los antropólogos colombianos no han sido ampliamente distribuidas por fuera del país y pocas han sido traducidas al inglés.
Los pueblos indígenas enfrentaron el conflicto armado de diversas maneras, algunas de las cuales se analizan en los capítulos a continuación. Estos pueblos, que se encuentran ubicados en su mayoría en el campo, vieron cómo la guerra tocó a sus puertas y llegó a sus chagras con demasiada frecuencia. Su posición fundamental fue la de declarar neutralidad, autonomía y desconexión, puesto que no querían tener ningún papel activo en una guerra que tenía a partes del país sumidas en paroxismos de terror y que finalmente costaría la vida a 220.000 personas. Muchos pueblos indígenas prohibieron la entrada en sus territorios a cualquier combatiente armado, una política que llevó a los grupos guerrilleros a concluir que los indígenas22 trabajaban para las fuerzas militares y llevó a su vez a estas últimas a concluir que algunos miembros de los pueblos indígenas estaban del lado de los insurgentes.
Los pueblos indígenas también buscaron activamente la paz, tema que siempre ocupaba un lugar preferente entre las demandas en sus marchas y bloqueos, junto con las denuncias de los secuestros y asesinatos de cientos de sus líderes. Entre los intentos para hacer la paz está el establecimiento en 1996 de un “territorio de convivencia, diálogo y negociación” en el resguardo de La María en Piendamó, Cauca, sitio donde ha habido grandes bloqueos de la carretera Panamericana. El objetivo de este “territorio de convivencia” fue el de reunir a organizaciones de la sociedad civil interesadas en encontrar un espacio para el diálogo que no tuviera vínculos directos con el gobierno ni con los grupos guerrilleros.23 Otro ejemplo es la reunión organizada en 1998 entre Abadio Green, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (fundada en 1982), el senador indígena Francisco Rojas Birry y Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que reunía a los grupos paramilitares del país, para negociar un cese al fuego de sesenta días en las zonas altamente conflictivas de Córdoba y Urabá.24
Veremos cómo surge una gran ironía del hecho de que algunos colombianos agotados con la guerra, junto con otras personas como yo, hayan admirado las formas en que ciertos pueblos indígenas habían resistido la violencia que trajo la guerra, a pesar de los costos terribles que a veces sufrieron como consecuencia. Una gran cantidad de artículos periodísticos, programas televisivos y sermones comentaron sobre los métodos indígenas para lograr consenso y llevar a cabo acciones y al hacerlo, dominar así fuera solo temporalmente, la parálisis inducida por el miedo que un conflicto armado de larga duración puede producir. Estos pueblos indígenas manifestaron a aquellos que desafiaron violentamente su autonomía, “hasta aquí, no más”. A los ojos de los pueblos atrapados