Patrias alternativas. Jordi Pomés Vives (Eds.)
Ya fuera por sus convicciones o por su matrimonio con Cristophe Antoine Merlin, militar francés al servicio del rey José I, acabó abandonando España en 1813. Una vez instalada en París, llamaría la atención por sus relaciones con lo más granado de la sociedad, pero también por sus obras benéficas en ayuda de los refugiados españoles que se hallaban en París en difíciles circunstancias.46
Efectivamente, no todas las afrancesadas disfrutaban de las ventajas que les proporcionaba su rango social. La mayoría subsistía al margen del exclusivo mundo de los salones parisinos. Algunas, que estaban en Francia desde 1813 y no podían volver a España por haber seguido a sus familias, sufrían la condena de no poder regresar. De hecho, el famoso Decreto de 30 de mayo de 1814 advertía que las «casadas que se expatriaron con sus maridos seguirán la suerte de estos», y así fue hasta que la Real Cédula de 28 de junio de 1816 permitió el regreso de aquellas que, habiendo enviudado, pudieran demostrar su nueva condición.47
Ejemplos de lo dicho son los avatares padecidos por mujeres como María García, casada con un capitán del regimiento de tiradores de Cataluña, con el que había huido a Francia tras la batalla de Vitoria en 1813. Una vez fallecido su esposo, y como consecuencia de su avanzada edad, sobrevivió gracias a la caridad de sus vecinos. Entonces, el Gobierno francés, considerándola exiliada política, le concedió la ayuda que solicitaba para volver a España con su familia.48
Ese mismo subsidio fue el que requirieron Isabelle Pérez o Ana Carmona. A la primera, viuda de un militar refugiado y con un hijo a su cargo, se le acabó concediendo un subsidio que le facilitara su regreso a España dada la situación de miseria en la que se encontraba.49 Por su parte, Ana Carmona, que se encontraba en Francia desde 1814, también había perdido a su marido, un oficial español al servicio del Ejército francés. Como consecuencia de ese revés, se vio forzada a trabajar de sirvienta hasta que, en junio de 1831, tras solicitar una pensión y un pase para Burdeos, pudo regresar a España.50 Peor suerte tuvo Joaquina Murruzábal, quien, con 25 años de edad, pidió en 1830 un pasaporte de indigente para volver a casa, pues había cometido el error de seguir hasta Francia a un militar que la abandonó; finalmente, la Policía francesa le concedería el pasaporte, pero ningún subsidio.51
Como podemos ver, la suerte que corrieron las mujeres en el exilio fue diversa: desde liberales convencidas que hicieron campaña desde los salones foráneos a afrancesadas ideológicas o por vínculos sentimentales, pasando por acompañantes de familiares perseguidos. Ahora bien, al margen de sus diferencias, cabe decir que la mayoría de las exiliadas, ya fueran liberales o afrancesadas, contaron con recursos limitados, en especial las que, además, en el devenir de los acontecimientos, sufrieron la pérdida de su padre o su esposo. Como hemos visto, en esos casos consiguieron resistir gracias a la solidaridad y el apoyo locales.
3. EN EL INTERIOR (1814-1820)
No todas las liberales o afrancesadas marcharon al exilio. Un importante contingente permaneció en España. De estas, solo algunas se involucraron en conspiraciones o se aventuraron a prestar auxilio a los que huían de la represión fernandina.
Para la gran mayoría, el reto fue intentar volver a la normalidad y sobrevivir bajo la vigilancia de una monarquía abiertamente hostil, pero al ostracismo se sumaría el embargo de sus bienes. Entonces impugnaron su situación de desamparo señoras como María Lago o María Antonia Moyúa, viuda del ministro de Marina de José I José de Mazarredo, alegando que no habían tomado parte en los manejos de sus esposos.52 Su principal propósito era recuperar su patrimonio, y para ello no dudaron en recurrir a testigos que certificasen su buena conducta política.53
Las purificaciones afectaron también a las nobles viudas y huérfanas de militares y empleados públicos, como Josefina Saturnina de Frías y Berrio, condesa viuda de Castañeda; Francisca de Paula Benavides, duquesa de Frías, o las hijas del conde de Cañada, entre otras.54 Solo así pudieron seguir recibiendo sus asignaciones.
A pesar de todo, y tal como sucedió en los otros estratos de la administración sometidos a la purificación, algunas de las pensionistas de Estado quedaron impurificadas en primera instancia y se vieron obligadas a iniciar una ardua lucha por recuperar su pensión. Otras tuvieron la fortuna de conseguir la purificación en segunda instancia mediante nuevos testimonios que las presentaron como personas favorables al rey, alejadas de los liberales y ejemplos de las condiciones femeninas de recato y religiosidad.
No tuvieron esa suerte las hermanas Luisa y Matilde de Soto y Urquijo, quienes recibían una pensión de 6.000 reales por la muerte de su padre, Mariano Luis de Soto, ministro togado del Consejo de Indias. En 1816, y como represalia por el pasado liberal del padre, se dictaminó paralizar dicha pensión. María Luisa, casada con Joaquín de Sedano, un oficial del archivo de la primera Secretaría de Estado, las ayudó a recuperar en 1819 la pensión perdida. Sin embargo, ambas hermanas sufrirían de nuevo la paralización de la pensión en 1823 y se verían sometidas a un proceso de purificación en 1824. El resultado no fue favorable: se habían recogido varios testimonios que las señalaron por sus opiniones liberales, presentándolas como «adictas al sistema constitucional por la mucha concurrencia en su casa de oficiales, y de otras personas de las que hacían papel en aquella época».55 Luisa incluso fue acusada posteriormente de ayudar a escapar a liberales o auxiliar a los que ya estaban presos después de la guerra. Tras ese primer fracaso, las dos hermanas iniciaron un largo recorrido para conseguir la recuperación del pago de sus pensiones. María Luisa vivió un proceso de segunda instancia y volvió a quedar impurificada, pero recurrió alegando que las acusaciones habían sido realizadas por personas que actuaban desde el rencor y no desde la justicia. En una de sus misivas al rey, advertía «que ni por su sexo ni educación puede haber tenido activa ni pasiva en las pasadas revoluciones, sino que por el contrario ha manifestado en todas épocas una constante adhesión a la augusta persona de V. M.». Lamentablemente, su caso no llegó a resolverse.
La otra hermana, Matilde de Soto y Urquijo, conseguiría quedar purificada en segunda instancia, a pesar de que en ambos procesos hubo informantes que la describieron como una persona que desde la niñez apoyaba a los constitucionales, celebraba sus triunfos y durante el Trienio llevaba las cintas verdes y una mantilla con un bordado donde se podía leer «Constitución o muerte».56
Otro ejemplo es el de Clara Ignacia de Madariaga y Aróstegui, la hija del marqués de Casa Alta. Ella y su marido, Alfonso Ramírez de Briones, fueron acusados de ser exaltados y de acompañar al Gobierno constitucional en Cádiz. Sin embargo, la mujer murió antes de que todo el proceso acabase y el marido mantuvo el empeño en conseguir la purificación. En segunda instancia se matizó su consideración de exaltada y los nuevos informantes, aunque afirmaban su apoyo a los liberales, coincidieron en señalar que la señora siempre mantuvo una conducta juiciosa y moralmente intachable.57
De todas estas causas, la más conocida es la petición de pensión de viudedad que Emilia Duguermeur, esposa de Luis de Lacy, solicitó en 1818.58 Invocó la misericordia del rey que, si había perdonado a los traidores que lucharon contra él y a favor de los franceses durante la guerra de la Independencia, seguro que valoraría la heroicidad de su esposo en dicha guerra, por encima del resentimiento que pudiera sentir hacia el general fusilado que en 1817 se había pronunciado en Cataluña junto a Milans del Bosch a favor de la Constitución de 1812.59 Su intención era señalar que su esposo no había sido degradado y, por lo tanto, tenía los mismos derechos que cualquier otra viuda de militar. Por supuesto, su petición no fue tenida en cuenta y no sería hasta la primavera de 1820 cuando, aprovechando el cambio de régimen, Emilia Duguermeur iniciaría de nuevo el pleito sobre su pensión.60 Se le concedería por fin en julio de 1821. Asentada en Madrid, utilizó la memoria del general Lacy para proyectarse políticamente.61 En octubre de 1822 volvió a Barcelona, donde permanecería hasta el fin del Trienio. Se exilió entonces a Francia, donde se le pierde la pista hasta que en 1832, en virtud de la amnistía aprobada por Fernando VII, regresó a España.
Respecto a las conspiradoras, su actividad se desarrolló al tiempo que se estaba elaborando la estrategia del pronunciamiento