Deuda o soberanía. Alejandro Olmos Gaona
ya que la Provincia de Buenos Aires se había incorporado a la Confederación Argentina. Mitre se opuso a nacionalizar el Banco sosteniendo que el Estado banquero era una idea condenada en el mundo económico. Sin embargo, el 5 de noviembre de 1870 el Congreso Nacional aprobó la creación del Banco Nacional, que resultó ser una entidad mixta, pero manejada por banqueros privados, quienes tenían mayoría en el directorio y podían decidir de qué manera orientar el crédito. Mostrando la peligrosidad de los préstamos externos, Carlos D’Amico, que fuera gobernador de la Provincia de Buenos Aires, había expresado: “Cada cinco años tendrán una crisis cuyos peligros irán creciendo en proporción geométrica, hasta que llegue un día en que los usureros del otro lado del mar sean dueños de todos sus ferrocarriles, de todos sus telégrafos, de todas sus grandes empresas, de todas sus cédulas y de las cincuenta mil leguas que les hayan vendido a vil precio. Cuando no tengan más bienes que entregar en pago empezarán por entregar las rentas de sus aduanas; seguirán por entregar la administración de todas sus rentas; permitirán, para garantir esa administración, la ocupación de su territorio y concluirán por ver flotar en sus ciudades la bandera del imperio que protege la libertad de Inglaterra, pero que ha esclavizado al mundo con la libra esterlina, cadena más fuerte y más segura que el grillo de acero más pesado que haya usado jamás ningún tirano”. Y cuando fue el intento de la privatización de Obras Sanitarias, el Gral. Roca sostuvo: “Yo aconsejé en contra pero no me hicieron caso… A estar por estas teorías (privatizadoras) de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la Aduana, al Correo, al telégrafo, a los puertos”.
Durante las décadas que van del 60 al 80, la economía estuvo condicionada por la política de endeudamiento, que se siguió agudizando debido a los empréstitos contratados antes y después de la guerra del Paraguay a los efectos de financiar el conflicto primero y después recurriendo siempre a las mismas fuentes de financiamiento, lo que dio origen a la aparición de instituciones financieras privadas, siendo la más célebre de ellas el Banco de Londres y Río de la Plata, de gran significación en todas las operaciones que se irían instrumentando.
El presidente Roca creó el 24 de septiembre de 1886 el Banco Hipotecario Nacional para facilitar préstamos hipotecarios en todo el territorio de la República y un año después se sancionó la Ley 2216 de Bancos Garantidos, creándose finalmente el 26 de octubre de 1891 el Banco de la Nación Argentina, que nació para hacer frente a una crisis especulativa y, de alguna forma, refundar el sistema financiero orientando el crédito hacia la producción, pero lo hizo con la estructura de una sociedad anónima, controlada por el Estado, que como organización privada no funcionó, siendo materia de la ambición privatizadora, ya que inversores de los Estados Unidos pretendieron quedarse con el banco que sería manejado por un directorio norteamericano. Carlos Pellegrini se opuso tenazmente a esa idea, hasta que el 30 de septiembre de 1904, por medio de la Ley 4507, se convirtió en un Banco oficial y en el agente financiero del Estado. Cuando se produjo la nueva apertura de la entidad, Pellegrini sostuvo: “Este banco se funda únicamente en servicio de la industria y el comercio (…) y de un gremio que no ha merecido hasta hoy gran favor en los establecimientos de crédito y que es, sin embargo, digno de mayor interés. Hablo de los pequeños industriales”. Además de su política proteccionista, Pellegrini instrumentó una serie de políticas financieras y monetarias que tendrían indudable gravitación en las décadas siguientes, permitiendo la expansión del modelo agroexportador, consiguiendo además desplazar a la moneda extranjera de la circulación local para ganar la soberanía monetaria.
Uno de los grandes teóricos de cómo debía funcionar el sistema financiero fue el Dr. José A. Terry, que fuera ministro de Hacienda de Luis Sáenz Peña, de Roca y de Quintana, quien planteó cuales debían ser los objetivos reales del funcionamiento de los bancos diciendo: “La cuestión bancaria propiamente no es cuestión especulativa, ni de reglas científicas, muy buenas para una disertación académica, pero deficientes tratándose de los intereses positivos de un pueblo, que no ha venido al mundo como la Minerva Mitológica, porque tiene su pasado a más de su fisonomía propia y de sus exigencias especiales… Estos señores economistas generalizan demasiado una causa entre las muchas que pueden actuar, y hacen caso omiso de las necesidades y las condiciones especiales de cada país y de cada civilización”3.
A pesar de la gran claridad conceptual de los que pensaron un sistema distinto y dirigido a satisfacer las necesidades productivas, el sistema financiero de la Argentina estuvo generalmente dedicado a la pura especulación y al financiamiento de una clase social que se dedicó a no cumplir sus obligaciones, sino a beneficiarse con el uso del crédito público, que se renegociaba y, por último, se dejaba de pagar.
Desde el comienzo de nuestra vida independiente, cuando se creó la Caja Nacional de Fondos de Sudamérica, que tomaría depósitos y recibiría fondos destinados a la fundación de un Banco Nacional, hasta muchas décadas después, una serie de instituciones bancarias fueron creadas con el objetivo de emitir moneda, manejar el crédito y encargarse del crédito público. Esas instituciones recibieron en la mayoría de los casos la influencia del capital externo, que impuso a la Argentina una considerable cantidad de empréstitos que significaron, a su vez, una gravosa afectación de los bienes públicos a través de una permanente transferencia de recursos que fueron destinados invariablemente a pagar las acreencias a los bancos extranjeros, que frecuentemente suministraban préstamos al Estado Nacional para supuestos proyectos de inversión que no se realizaban. En el caso concreto de la aplicación correcta de los fondos, los préstamos fueron concedidos en condiciones extremadamente onerosas y además de ello la banca extranjera siempre trató de obtener la mayor cantidad de recursos, teniendo en muchos casos una influencia importante en las decisiones de la política económica del país. Con la creación del Banco de la Nación, que se constituyó en el agente financiero del Estado Nacional, se trató de ordenar el sistema estatal, pero ello no significó en modo alguno modificar la posibilidad de que los bancos extranjeros que operaban en el país tuvieran algún tipo de restricción en sus manejos financieros. En mis investigaciones pude advertir cómo, a través de las operaciones de redescuento que hacían los bancos privados con el Banco de la Nación, utilizaban el dinero de esta institución para sus préstamos operativos, obteniendo una considerable diferencia o spread, sin afectar sus propios capitales. Además de ello, la masa de créditos más importantes iba dirigida a los grandes terratenientes y a prominentes miembros de la dirigencia política conservadora que no los pagaban y los refinanciaban constantemente, sin que hubiera control alguno por parte del Estado sobre la modalidad de esas operaciones.
Pero, así como las operaciones financieras externas fueron objeto de diversos trabajos, no ha ocurrido lo mismo con la operatoria de los bancos nacionales y privados, un tema que se encuentra pendiente de una exhaustiva investigación, especialmente las operaciones del Banco de la Nación que, según la información oficial, siempre contribuyó al desarrollo de todas las regiones del país, donde se instaló otorgando préstamos a arrendatarios y pequeños propietarios. Por algunas referencias que pude reunir, la cartera de ese banco estuvo destinada mayormente a privilegiar a un sector minoritario vinculado con los poderes de turno y con una clase privilegiada que usufructuó del ahorro nacional para su propio beneficio.
Examinando los libros de actas del Directorio del Banco de la Nación, me llamó la atención que en los años revisados (1932 a 1935) el 80 % de los préstamos que se otorgaban no estaban dirigidos a los pequeños productores, a los agricultores, al desarrollo de los pueblos de las provincias, donde el Banco tenía una enorme red de sucursales, sino a un amplio espectro de operaciones que iban desde la construcción de viviendas suntuarias hasta personajes que financiaban sus actividades con la plata del ahorro argentino. También se financiaban las actividades agropecuarias del mismo grupo social, que hacían de la renegociación permanente de sus obligaciones una costumbre tolerada por las autoridades bancarias que estaban relacionadas familiarmente con los deudores4. La historia oficial del banco, falseando deliberadamente la verdad, muestra otra cosa, y si se consultan sus publicaciones conmemorativas dedicadas a la celebración de sus 50 y 75 años podrá verse que se expone la política crediticia de la institución como destinada mayormente a favorecer a los sectores productivos de menores recursos, cuando la realidad fue sustancialmente distinta. El Dr. Ricardo