Reforma rural integral: ¿Oportunidad que se desvanece?. Amanda Alvarado Cortés
p. 267).
Al igual que los informes del Instituto Kroc, el enfoque de la evaluación del Cinep y el Cerac tiene elementos del enfoque de evaluación de la tercera generación, en el cual se parte de un examen de las fuentes de información fidedignas y se tiene en consideración el contexto donde se desarrolla la implementación de la política. Además, cuenta con elementos de la segunda generación, si se tiene en cuenta que la lógica de la evaluación es identificar avances y limitaciones, es decir, medir y valorar objetivamente con base en los compromisos del Acuerdo Final, sin cuestionarlos ni problematizarlos.
No obstante, a diferencia del informe del Instituto Kroc, el del Cinep y el Cerac verifica los grados de avance de la implementación, a través de una categorización de priorización a partir de criterios de importancia para la construcción de paz de cada compromiso o disposición en el Acuerdo Final, así también su relevancia coyuntural. De acuerdo con lo consignado en los informes, lo anterior permite identificar situaciones controversiales con la potencialidad de convertirse en grandes obstáculos en la construcción de paz. Esta identificación de controversias se basa en un “análisis de diferencias en la apreciación entre las partes frente al cumplimiento, el grado de cumplimiento y la secuencia de implementación” (Cinep/PPP-Cerac, 2018, p. 267). Este nuevo elemento en la evaluación puede ser considerado una nueva lógica en este tipo de informes, donde se incluye también un elemento de la cuarta generación: una evaluación hermenéutica-dialéctica.
Reconocer la existencia de diferentes actores y, por ende, distintas visiones del problema y de cómo está siendo abordado, permite hablar de pluralismo de valores, por lo que el evaluador pasa a ser un orquestador de procesos de negociación entre visiones, con el propósito de aportar en el mejoramiento de la implementación o, en este caso, solucionar situaciones controversiales que pudieran significar amenaza para la construcción de paz. No obstante, el enfoque de los informes de Cinep y el Cerac se centra principalmente en atender las controversias surgidas entre las partes: Gobierno colombiano y Farc-EP.
Informe técnico de acompañamiento a la implementación del Acuerdo Final del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (Cael) y OEI
Al igual que la metodología del Instituto Kroc, el informe del Cael del Senado y la OEI comienza identificando las disposiciones-compromisos del Acuerdo Final, punto por punto. Sin embargo, a diferencia del Instituto Kroc, se incluyeron criterios de cumplimiento, usados en la ponderación. En otras palabras, el seguimiento a la implementación, avance y cumplimiento por indicadores incluye características cualitativas en las acciones de cumplimiento: indicadores de criterio. En ese sentido, la evaluación se hizo por medio de dos tipos de indicador: indicadores de resultado (cumplimiento de metas) e indicadores de criterio (cumplimiento de criterios). Para ello, la metodología empleada contempla sistemas de ponderación de criterios y metas anualizadas por indicadores. También se incluyó una ponderación general de la implementación del Acuerdo Final, donde todos los criterios, metas y puntos consignados en el documento final de las negociaciones de La Habana tuvieron el mismo peso (Cael, 2018, p. 47).
Teniendo en cuenta lo anterior, el informe del Cael en convenio con la OEI puede ser caracterizado como del tipo con un enfoque de evaluación por toma de decisiones (tercera generación). Lo anterior se debe, a que la metodología de seguimiento busca ser mixta, combinando elementos cuantitativos (batería de 544 indicadores para ponderar criterios y metas) y elementos cualitativos (procesos de planeación y gestión). Esto, con el propósito de ponderar el porcentaje de avance (nivel de eficacia) en el cumplimiento de las diferentes acciones del Acuerdo Final.
No obstante, el informe del Cael (2018) adiciona nuevos elementos a su evaluación, como la identificación y construcción de etiquetas transversales en el Acuerdo Final (género, étnico, reparación a víctimas, menores de edad y educativos), para hacer el seguimiento diferencial e integral y facilitar el diseño y construcción de un sistema de información propio (Pazos4) que integre el PMI y tareas de implementación temprana. Así, la metodología de informe no solo se limita a analizar las disposiciones contenidas en el Acuerdo Final, sino que intenta integrar los indicadores de seguimiento y monitoreo a la implementación, consignados en el PMI. Dicha integración permitió ajustar la temporalidad de la implementación de los indicadores, agregar indicadores que no habían sido tenidos en cuenta por el equipo técnico de la OEI (231 indicadores) y revisar y actualizar las metas anualizadas para los indicadores de resultado (Cael, 2018, p. 48).
Finalmente, el informe del Cael implementó un proceso de validación y triangulación de la información reportada en el sistema Pazos. En otras palabras, revisaron que la información que los funcionarios responsables cargaron en el sistema, tuviera los soportes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de la acción medida por el indicador de cumplimiento. Además, se revisó el alcance de la información reportada, puesto que la ejecución de acciones no siempre implica un avance del 100%. Del mismo modo, se trianguló la información del sistema con la provista por “organizaciones sociales en los territorios, personeros y representantes de entidades del gobierno a nivel subnacional y las universidades territoriales aliadas al proceso de acompañamiento” (Cael, 2018, p. 49).
Lo anterior permite contrastar la información con la cual cuentan diferentes actores, incluso más allá de las partes (Gobierno y Farc-EP), lo cual indica que es un tipo de evaluación con algunos elementos de la cuarta generación (hermenéutica-dialéctica), donde se integran expertos, beneficiarios y ejecutores (la evaluación es un proceso interactivo entre el evaluador y las audiencias), y se intenta construir consenso entre las visiones en cuanto al modo como el Acuerdo Final está implementándose.
Informes Cómo va la paz de la Fundación Paz y Reconciliación
Cada informe Cómo va la paz se enfoca en analizar los avances en la implementación de los puntos del Acuerdo Final, siguiendo cuatro líneas de análisis escogidos por la fundación: seguridad, política de reincorporación, ejecución presupuestal estatal e infraestructura institucional para la paz. De acuerdo con el informe de 2018, estas cuatro líneas de análisis corresponden a los grandes obstáculos que ha enfrentado la implementación, específicamente, en los territorios. En particular, en el tema del Punto 1 sobre RRI, los informes se enfocan en el análisis de la implementación de los programas de desarrollo agrario integral con enfoque territorial (PDET) (segundo subpunto del Punto 1) en los territorios.
En el mismo informe también se mencionan “iniciativas hermanas” como las “obras de pequeñas infraestructuras comunitarias”, “obras por impuestos” y “proyecto de red de vías terciarias para la paz y el posconflicto: Plan 51/50”. Esto tiene una implicación puntual: en estos informes no se abordan de manera rigurosa todos los subpuntos del Punto 1, como los que se refieren a acceso y uso, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva; ni el de los planes nacionales para la RRI.
A pesar de esta falencia, los informes de la Fundación Paz y Reconciliación (2018a; 2018b) hacen un esfuerzo por dar cuenta detallada de los avances y riesgos de la implementación, a partir de las acciones, planes y programas pactados y de datos cuantitativos y cualitativos. Con esto, realiza un análisis de las transformaciones territoriales y el impacto de la implementación (o la falta de implementación) de los acuerdos en la realidad de las comunidades, especialmente, en temas de seguridad, presencia de grupos armados, procesos metodológicos de PDET, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), implementación de espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) y aspectos ambientales.
Lo anterior significa que el tipo de evaluación que está haciéndose es respondente, es decir, que tiene en cuenta las demandas e intereses de las audiencias que hacen parte de la discusión, no solo las partes (Gobierno y Farc-EP), sino también las comunidades afectadas en el proceso de implementación. De esta manera, la lógica de la evaluación se basa en el papel del evaluador como orquestador de procesos de negociación entre diferentes visiones de la realidad, a partir de lo cual busca construir un consenso entre las visiones y aportar una nueva interpretación, en este caso, para evidenciar avances y riesgos de la acción pública.