Acción para la conciencia colectiva. Anderson Manuel Vargas Coronel
defensores, señalándolos como miembros de organizaciones enemigas que actuaban de manera coordinada contra el Estado,
…para tratar de asestar un golpe mortal a las instituciones democráticas. Afirmó que en desarrollo de esa estrategia se fue movilizando todo un equipo político de defensores de los derechos humanos […] Los supuestos o reales defensores de los derechos humanos han hablado de ellos, en muchos casos, con el interés de hacer oposición al gobierno, y han establecido una confrontación entre los términos y voces de la constitución y la Declaración de los derechos humanos, en abstracto, y sin referirse a la situación que se presentaba en Colombia y que aún continúa, después de haber develado una revuelta organizada cuyas proporciones han podido ver, con espanto, los colombianos de buena fe, como intento más grave para quebrantar el estado de derecho74.
Las acaloradas manifestaciones presidenciales generaron la enfática reacción de organizaciones internacionales que, como Amnistía Internacional —AI—, se mantenían al tanto de las denuncias formulas en contra del Gobierno. Así, Eduardo Mariño, oficial de AI para América Latina, emitió una declaración tras el discurso televisado de Turbay, en la que aclaró que AI es una organización independiente.
Nuestra organización actúa sobre la base de algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y de otros instrumentos internacionales derivados de esta en el curso de los últimos 30 años, que han sido acogidos oficialmente como reglas de conducta por parte de todos los estados miembros de las Naciones Unidas […] Amnistía Internacional no establece relaciones de solidaridad con gobierno alguno frente a la oposición, ni con la oposición en país alguno frente al gobierno. La solidaridad es con las víctimas de injusticia o de violación de sus derechos fundamentales como personas humanas; no con sus ideas o su política, sean estas cuales fueren75.
La vertiginosa sucesión de acontecimientos que expusieron la responsabilidad del Estado en la represión violenta desembocó en dos momentos clave que permiten comprender el giro que le llevó del reconocimiento a la condena internacional: las visitas de AI y, posteriormente, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— al país. A manera de preámbulo, es necesario advertir que tales visitas fueron producto, en gran parte, de la incidencia internacional de los defensores y sus críticas a la política estatal de seguridad heredada del Frente Nacional. Ejemplo de ello fue lo ocurrido durante el Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington en 1979, cuando Gabriel García Márquez y Alfredo Vásquez Carrizosa denunciaron las violaciones a los DD. HH. en Colombia. Podría afirmarse que la ira de los altos mandos políticos y militares fue directamente proporcional al éxito de las labores de denuncia internacional emprendidas por los defensores de DD. HH. La incidencia se extendió a diferentes organismos multilaterales que, como la Organización Internacional del Trabajo —OIT—, fueron receptores de las denuncias. En 1980 Colombia recibió la visita de AI, por invitación de Julio César Turbay en respuesta a los cuestionamientos que periodistas lanzaron en su contra durante una visita a Londres. La respuesta oficial de AI al presidente tardó un par de meses, y estuvo precedida de la publicación de su informe anual de 1979 en el que daba cuenta de las violaciones a los DD. HH. alrededor del mundo76.
Pocos días después, AI anuncia su visita al país entre el 16 y el 30 de enero de 1980 con el interés de investigar las denuncias recibidas sobre violaciones a los DD. HH. La delegación estuvo encabezada por el sociólogo filipino, Edmundo García y el abogado y juez español, Carretero Pérez; quienes a su llegada sostuvieron varias reuniones, primero, con el presidente Turbay, en medio de pomposos protocolos de bienvenida, y luego con organizaciones defensoras que facilitaron un completo listado de personas desparecidas y asesinadas por motivos políticos77. La amabilidad y las solemnidades con que fue recibida la delegación no duraron mucho, pues a los dos días de haber pisado suelo colombiano la delegación pasó de recibir denuncias a formularlas. Esto sucedió cuando los delegados denunciaron haber sufrido hostigamientos y acoso por parte de militares colombianos que penetraron en su hospedaje y les pidieron documentos, eso sí, luego de manifestarles que se trataba de una visita de cortesía. Adicionalmente, el acoso se manifestó en la interceptación de sus teléfonos y, sorprendentemente, según lo denunció uno de los delegados, en la irrupción que hiciera una persona desconocida en su habitación.
Pese al asedio denunciado, la delegación visitó cárceles e intentó, sin mucho éxito, asistir a los CVG, pues esto les fue restringido por los militares, argumentando que los procesos se hallaban en etapas privadas. En medio de las contradicciones entre el discurso y la acción de los funcionarios colombianos, la visita de AI finalizó en el mismo momento en que el departamento de Estado norteamericano presentó su informe sobre la situación de DD. HH. en América Latina, resaltando la delicada situación de países como Argentina o Chile, mientras que sobre Colombia afirmaba: “…es una sociedad abierta donde todos los asuntos políticos, incluso los derechos humanos, son debatidos libremente”78.
El segundo acontecimiento que marcó el declive del Estado militarizado coincide con la crisis diplomática derivada de la toma a la Embajada de la República Dominicana por parte de un comando del Movimiento 19 de Abril —M-19—. La condena lanzada por la OEA en contra de la acción subversiva79 ilusionaba al Gobierno, afanoso de encontrar un contrapeso internacional que desmintiera la inminente condena que AI estaba pronta a emitir80. Así, en abril de 1980 el Gobierno invita a la CIDH a visitar el país, el comunicado de prensa mediante el cual se oficializó la invitación señalaba:
Ha sido una antigua aspiración del Gobierno Colombiano invitar a esa comisión, cuya honestidad y rectitud son internacionalmente reconocidas, a visitar a nuestro país con el objeto de examinar la situación general de los derechos humanos, lo mismo que a presenciar la parte pública de los juicios que por el procedimiento de los consejos verbales de guerra se tramitan en la actualidad, dentro del marco de la constitución y de las leyes de la República y para informarse del desarrollo de tales juicios81.
La afirmativa respuesta de la CIDH fue recibida con esperanza por el Gobierno, más aún, ante las amables palabras del presidente del organismo multilateral que prometían un espaldarazo a la política de seguridad y de orden público de Turbay.
Todos los que contemplamos con serenidad esta situación y admiramos la forma como el gobierno actual de Colombia está procurando resolver este problema evitando mayores dolores y sufrimientos y manteniendo siempre el prestigio de la juridicidad que es característica de esta gran nación y que constituye el ideal de todos los hombres que en el derecho vemos la mejor fuerza para mantener la paz de las naciones y de las sociedades en general82.
En medio de la ilusión, organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas —CIJ— continuaban denunciando las evidentes atrocidades cometidas por el Estado,
Personalmente o a través de sus abogados, los detenidos han hecho numerosas denuncias de torturas. Las denuncias incluyen golpes, plantones prolongados, colgamientos, choques eléctricos, inmersión en agua, torturas sicológicas tales como ser forzado a presenciar la tortura de otros, maltratos de palabra y vendas en los ojos […] Las medidas que se han tomado para contrarrestar la amenaza a la seguridad causada por las operaciones de las guerrillas urbanas y rurales, implican suspensiones de muchos de los derechos y libertades proclamados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, del cual Colombia es parte83.
Aún a la espera de la visita de la CIDH, el 13 de abril de 1980 AI publicó su informe correspondiente a la visita efectuada en enero al país, cuyo contenido, pese a tener un ‘embargo para su difusión’, fue filtrado por los medios de comunicación antes de su publicación y reproducción en los principales medios escritos del país. En el informe de 44 páginas, AI concluyó la veracidad de las denuncias sobre arrestos arbitrarios y torturas sistemáticas cometidas en contra de los presos políticos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La misión identificó 33 centros, con predominancia de unidades militares, en los que se practicaban alrededor de 50 formas diferentes de tortura que iban desde métodos psicológicos, hasta mutilaciones, choques eléctricos y golpizas84. Las recomendaciones efectuadas al Gobierno colombiano fueron resumidas por El Siglo así:
El levantamiento