Acción para la conciencia colectiva. Anderson Manuel Vargas Coronel
al Palacio de Justicia en el marco de la operación “Antonio Nariño por los DD. HH.”, con el fin de someter a juicio al presidente Betancur, a quien acusaban de haber incumplido los compromisos adquiridos durante las conversaciones de paz. Para ello, los insurrectos tomaron como rehenes a los ocupantes del edificio, entre quienes se encontraban varios magistrados de la CSJ. Las horas siguientes a la toma transcurrieron entre la desinformación y una violenta arremetida de las FF. AA., de tal forma que a las 3:00 p. m. ya había comenzado la evacuación de los sobrevivientes con destino a la Casa Museo del 20 de julio (o Casa del Florero). El uso de armas de largo alcance por parte de las FF. AA. desató un fuerte incendio que calcinó los archivos judiciales que reposaban en el lugar, de los aproximadamente 6000 expedientes tramitados por la CSJ, solo quedaron 30. Y mientras todo sucedía, el presidente se mantuvo en reunión por 13 horas con sus ministros y asesores de seguridad, tiempo durante el cual no se manifestó públicamente, en una actitud que despertó serias sospechas sobre la existencia de un golpe de estado transitorio147.
Entre las voces que se pronunciaron, las de los defensores de los DD. HH. llevaban un tinte de dura crítica al tratamiento militar desmedido que se evidencia, tanto en el uso de tanques de guerra, como en la pérdida de 500 vidas que se hubiese podido evitar otorgándole un tratamiento político al asunto148. Así, la toma y la retoma del Palacio de Justicia derivó en una de las más profundas crisis institucionales que vivió el Estado colombiano durante la segunda mitad del siglo XX y, no obstante, sirvió como aliciente para consolidar la apuesta de los defensores por generar caminos de diálogo como alternativa a la barbarie.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos expresa su consternación y profundo dolor con motivo de la tragedia nacional ocurrida en el Palacio de Justicia de Bogotá, en los días 6 y 7 de noviembre, en la cual perdieron la vida, dentro de una verdadera masacre, más de un centenar de personas, incluyendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al esclarecido jurista Alfonso Reyes Echandía, el magistrado y distinguido catedrático Manuel Gaona Cruz, ambos pertenecientes a este Comité Permanente…
Al condenar de manera enfática el acto de inaudita irresponsabilidad del grupo M-19 que asaltó la sede de los dos más altos tribunales del país, baluartes de la democracia y del Estado de Derecho, el Comité Permanente encuentra inexplicable que el presidente de la República no hubiera atendido el angustioso llamado que le fue hecho por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alfonso Reyes Echandía, para que ordenara un cese al fuego. Era también indispensable pensar en la vida de las numerosas personas que se encontraban en el Palacio de Justicia en un acto de humanidad para ahorrarle al país este holocausto…149
Figura 6. Caricatura “Al habla”
Fuente: El Espectador, “Al habla”, El Espectador [Bogotá], noviembre 11, 1985. 3A.
1.3.3. La reconstitución de un Estado inviable
Los trágicos eventos que rodearon la toma y retoma del Palacio de Justicia le entregaron un nuevo aire a las FF. AA. para reafirmar su posición frente al Ejecutivo; así lo demuestra la expedición de numerosos Decretos de corte represivo que se sucedieron desde noviembre de 1985. Desvanecida la imagen sobre la capacidad conciliadora de Betancur y en pleno auge de las acciones de terror impulsadas por los carteles de la droga y el paramilitarismo, proliferan los atentados dirigidos a aterrorizar a la población y numerosos asesinatos de policías, funcionarios, políticos, sindicalistas, activistas sociales, funcionarios judiciales y periodistas150. Este es el escenario en el que se inaugura la presidencia de Virgilio Barco.
Apoyado en los generosos resultados electorales que le llevaron al poder, el Gobierno de Barco intentó una repolitización de la sociedad; sin embargo, su modelo oficialismo-oposición se vio prontamente truncado. Más allá de la agudización de la violencia y el terror, las causas que obstaculizaron la pretensión política de Barco podrían resumirse así: las divisiones internas de los partidos Liberal y Conservador; las dificultades por consolidar la paz con las guerrillas; y la guerra sucia que diezmó considerablemente la fuerza inicial de la UP y de otras organizaciones políticas que, como A Luchar, el Frente Popular o el Nuevo Liberalismo, se perfilaban como alternativa al bipartidismo151. A la par del desarrollo de estos fenómenos, el quiebre de la estructura misma del Estado parecía inminente y los problemas heredados de los otros Gobiernos continuaban en crecimiento, por lo que la refundación del Estado en el marco de una Constituyente aparecía como la única salvación posible.
En medio de estas circunstancias, la movilización social experimenta la pérdida cada vez más frecuente de sus más visibles representantes, la guerra sucia en su máxima expresión amenazaba con el exterminio de la oposición política y, por supuesto, de cualquier posibilidad de alcanzar la paz por la vía del diálogo. Si bien las tareas de persistir en la necesidad de la paz y en la denuncia al exterminio por causas políticas continuaron copando la agenda de los defensores de los DD. HH., la grave crisis institucional que atravesaba el país para finales de los años 80 terminó por perfilar un nuevo campo de acción, la constitucionalización de los DD. HH. De esta manera, las demandas promovidas en relación con estos derechos durante el Gobierno Barco se desarrollaron principalmente en tres vías: i) la denuncia del exterminio a la oposición política; ii) el nuevo modelo de negociación de la paz; y iii) la constitucionalización de los DD. HH.
La denuncia del exterminio a la oposición política
Este complejo fenómeno, copó gran parte de la actividad de los defensores de DD. HH. durante la presidencia de Barco, pero también marcó su trayectoria de ahí en adelante. Figuras como la de Luis Carlos Galán, Leonardo Posada o Pedro Nel Jiménez, vinculados con el CPDH, encabezaron las protestas en contra de los sangrientos hechos que estremecían al país, circunstancia que los convirtió en objeto de señalamientos, amenazas y persecución. No obstante que para 1986 decenas de militantes de oposición y excombatientes de las FARC ya habían sido asesinados, podría considerarse que una de las primeras denuncias sobre el exterminio fue lanzada por la coordinadora nacional de la UP en una reunión con el ministro de Gobierno Fernando Cepeda Ulloa, luego del asesinato del representante a la Cámara por esta colectividad, Leonardo Posada152.
La violencia ejercida en contra de la UP alcanzó a un número aproximado de 3000 víctimas directas, de acuerdo con las cifras oficiales establecidas por el DANE, publicadas por el Observatorio de DD. HH. de la Presidencia de la República en 2008 y utilizadas como fundamento de las sentencias penales producidas por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, tan solo entre 1984 y 1993 fueron asesinados alrededor de 540 militantes de este partido, lo que representó el 40 % de las víctimas de la violencia política reportadas en el país durante este periodo (sin mencionar que entre 1986 y 1987 la cifra ascendió al 60 % de los casos reportados)153. Más allá del subregistro que seguramente contienen las anteriores cifras, lo cierto es que durante los primeros cinco años del genocidio (1985-1989), la persecución se caracterizó por una violencia selectiva que se desplegó, principalmente, en los territorios en los que la agrupación había obtenido mayor acogida popular y resultados favorables en materia electoral. Familiares y víctimas sobrevivientes de la UP han sido enfáticos en afirmar que la aniquilación de su colectividad no corresponde a una sucesión de hechos aislados y desde la década de 1980 han denunciado la existencia de diferentes planes de exterminio ejecutados sistemáticamente con el fin de borrar una opción política alternativa a los partidos tradicionales. Fue así como, en medio del desconcierto originado por el asesinato de varios de sus compañeros de la UP, Gabriel Jaime Santamaría denunciaba durante su exilio en Berlín:
Ahora la nueva administración norteamericana presidida por el antiguo director de la CIA, el señor BUSH, trabaja con las recomendaciones elaboradas por el Documento de Santa Fe 11, en las cuales hay todo un señalamiento hacia Colombia y se trazan planes tendientes a evitar que continúe el proceso de crecimiento del conjunto del movimiento popular y democrático en nuestra Patria. […] Los manuales de la Guerra de Baja Intensidad, muestran claramente las directrices de lo que ha venido ocurriendo