Acción para la conciencia colectiva. Anderson Manuel Vargas Coronel
un discurso emanado de los sectores hegemónicos tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, desde la década de 1970, en uno de los más terribles contextos de represión estatal que ha enfrentado el país, se inició la apropiación y reinterpretación de estos derechos por parte de diversos sectores. Y adicionalmente, que dicha reinterpretación generó una dicotomía entre lo justo y lo injusto alrededor de la movilización social por los DD. HH. como objeto de disputa cultural. En ese sentido, considerando los retos que enfrenta la sociedad colombiana en su inagotable búsqueda de la paz y las amenazas que le acechan, lo que palpita en esta investigación es la posibilidad de considerar a los DD. HH., a sus defensores y a la justicia misma, como armas a disposición tanto de los sectores subalternos, como hegemónicos en un persistente escenario de valores en disputa.
Notas
1 Francisco Leal divide el desarrollo de la DSN en cuatro etapas: antecedentes, gestación, desarrollo y declinación. “La primera corresponde al militarismo suramericano del siglo XX, y en ella se aprecian factores que más adelante facilitaron el desarrollo de la Doctrina. La segunda etapa se caracteriza por la creciente influencia político-militar de Estados Unidos en América Latina, y se ubica entre los inicios de la Guerra Fría y la víspera de la Revolución Cubana. La tercera etapa, marcada por el nacimiento de movimientos insurgentes en la región y el desarrollo de un militarismo de nuevo cuño, comienza con dicha revolución y continúa hasta la segunda mitad de los años setenta. La etapa final de declinación de la Doctrina se inicia con el gobierno del presidente Carter y el cambio en la concepción estratégica estadounidense, y se prolonga con el ascenso de los gobiernos civiles en la región hasta la finalización de la Guerra Fría”. Leal, Francisco, “La doctrina de Seguridad Nacional: Materialización de la guerra fría en América del Sur”, Revista de estudios sociales 15 (2003): 76.
2 “Pensar en derechos humanos desde América Latina exige reconocer lo que éstos tienen de ausencia, de demandas postergadas, de ofertas modernizantes frustradas y engañosas. Hablamos de derechos desde su negación y desde la indignación que moviliza en su búsqueda; desde un conjunto de condiciones institucionales que les niegan y postergan; desde un marco de pensamiento que, en no pocas ocasiones, los afirma como estrategia para negar la configuración sociocultural de sus habitantes. Con todo, hablar de derechos humanos en América Latina también es hablar de su impulso dinamizador de buena parte de sus movimientos populares, de una apuesta que logra recoger un horizonte de esperanza que se va concretando en los más diversos campos, y que exige las más diversas formas de militancia, a veces desde las formas instituidas de gobierno y a veces en contra de ellas”. Gándara, Manuel, “Repensando los derechos humanos desde las luchas”, Revista culturas jurídicas 2 (2015).
Configuración de demandas e identidad
Figura 1. Relación entre represión y demandas (1970-1991)
Fuente: Elaboración propia.
La década de 1970 representó, para las élites latinoamericanas, la necesidad de hacer frente al avance de las ideas socialistas y de la lucha armada como expresión de la inconformidad social que avanzaba en el continente. Este fenómeno se manifestó con fuerza en Colombia, claro está, en medio de las particularidades de su historia social y política, que para estos años habían desembocado en el establecimiento del último Gobierno del Frente Nacional. Las denuncias sobre el fraude en las elecciones que otorgaron la victoria a Misael Pastrana sobre el exdictador, ahora candidato por la Alianza Nacional Popular —Anapo—, Gustavo Rojas Pinilla, ponían en evidencia la debilidad con que terminaba el pacto entre los partidos Liberal y Conservador1. Un Gobierno deslegitimado, la sociedad civil agitada y la lucha armada abriéndose camino, son elementos determinantes para la configuración de las políticas sobre justicia adoptadas por el Gobierno Pastrana para garantizar su permanencia en el poder.
La acción estatal desplegada en materia de justicia se desarrolló como una estrategia de largo aliento que pretendía asegurar el control institucional y el orden público. En este contexto, la idea misma de lo justo y su definición se trasladó a las autoridades militares en una clara muestra de que, si bien el Estado colombiano mantenía su imagen civilista, el poder de facto, por lo menos en lo jurídico penal, lo ejercieron las FF. AA. El establecimiento constante del estado de sitio, por medio del cual le fueron entregados los asuntos judiciales a los cuerpos de seguridad del Estado y el consecuente despojo de tales atribuciones a la justicia ordinaria no solamente condujo a un claro desequilibrio de los poderes públicos, sino que caracterizan el protagonismo social y político ejercido por los militares durante estos años. Tales condiciones conmocionaron el orden constitucional, pero también incentivaron la movilización social, convirtieron a la justicia en bandera de las luchas populares y llevaron al Estado colombiano a pasar del reconocimiento internacional a su ‘condena’, al evidenciarse la forma en que sus políticas de seguridad y de orden público se transformaron en vías para la represión, la tortura y el abuso de autoridad en general.
Entre 1978 y 1982 la denuncia contra la represión estatal creció, en un escenario que coincidió con el viraje de la política internacional norteamericana hacia la promoción de los DD. HH. en los países bajo su influencia. La actividad de los defensores y la presión norteamericana resultaron fundamentales para los cambios impulsados desde la posesión de Belisario Betancur en 1982 y su apuesta por alcanzar la paz. Y es que, si bien desde 1981 el país experimentaba un cierto coqueteo con la idea de dialogar con las guerrillas, solo fue tras la llegada al poder de Betancur que los acercamientos se convirtieron en diálogos. Aun así, las buenas intenciones contrastaron con el desplazamiento del militarismo hacia formas de represión civil estimuladas por la reaparición del paramilitarismo, configurándose así un modelo de seguridad y orden que libraba a las autoridades estatales de la responsabilidad institucional en la violación a los DD. HH. que tan grande factura le había traído al Gobierno Turbay2.
El tránsito de la represión oficial hacía la no oficial fue tan solo un cambio en la manifestación de la cultura jurídico política para la represión característica del periodo analizado; ante lo cual, el naciente movimiento social en defensa de los DD. HH. fue moldeando una propuesta contracultural con fundamento en la necesidad de una renovación de la justicia y de la democracia, ampliando su ámbito de acción de la resistencia contra la represión a la búsqueda de la paz y la realización de la democracia, en un proceso que, aunque se presume materializado con la Constitución de 1991, continúa hasta nuestros días. Las páginas siguientes están dedicadas a estudiar el contexto en el que el Estado colombiano elaboró su modelo de represión y la forma en que este fue contrarrestado por el embrión de una contracultura fundamentada en la garantía de los DD. HH. y la democratización de las relaciones políticas. Para ello, se analizarán tres momentos, más o menos diferenciables, en los que se evidencian las transformaciones del modelo de represión estatal y su reflejo en la construcción de las demandas que terminaron por dotar de identidad a la acción colectiva alrededor de estos derechos:
• Primero, apropiación del concepto de DD. HH. que ocurre entre 1970 y 1981, como reacción de la sociedad civil, pero también como medio de oposición al desarrollo de la DSN y su apogeo en Colombia, a través del militarismo y la represión por vía judicial.
• Segundo, crisis y transición entre modelos represivos, generados por el auge de la movilización alrededor de los DD. HH. y por los cambios en la política norteamericana frente a los mismos. Este momento abarca entre 1978 y 1982 aproximadamente.
• Y tercero, la adaptación del modelo represivo a los dictados de la guerra de baja intensidad —GBI— y su camuflaje entre el paramilitarismo y el narcotráfico, pero también la respuesta de la sociedad civil impulsando la búsqueda de la paz por vía de una negociación y la constitucionalización de los DD. HH.
Esta forma de abordar el problema permite