Acción para la conciencia colectiva. Anderson Manuel Vargas Coronel
social, que trasegó de un uso instrumental de los DD. HH. (en los juicios), a su apropiación (como sustento de la democracia)3. Así las cosas, este capítulo aborda, en perspectiva multiescalar4, las formas represivas imperantes en América Latina durante el periodo estudiado, su reflejo en las políticas de seguridad y control adoptadas en Colombia, y la manera en que la oposición a estos fenómenos dio lugar a las demandas de un vasto sector de la sociedad, permitiéndole ingresar a la disputa por configuraciones alternativas de la justicia. El análisis aquí propuesto oscila entre la exposición de las condiciones que hicieron posible una cultura jurídico-política para la represión y la forma en que a estas se les opuso una plataforma contra cultural fundamentada en el uso de los DD. HH.
De conformidad con lo anterior, este capítulo podría sintetizarse de dos formas: la primera de ellas desde un punto de vista contextual, puesto que presenta el escenario sobre el cual se desarrollaron las luchas del movimiento de DD. HH. durante el periodo estudiado, en tres momentos: militarización de la justicia, crisis y paramilitarización. La segunda de carácter sustancial, en la medida en que presenta las tres materias fundamentales que sirvieron como contenido de las demandas promovidas por este sector: represión, paz y democratización. En ese sentido, lo que se pretende es recrear el escenario en el que tuvieron lugar las disputas por la configuración de ideas sobre la justicia, entre su humanización y la represión, en un acercamiento que permite reconocer la marginalidad de la materia hasta 1975 y las circunstancias que ubicaron a los DD. HH. al centro de la disputa cultural.
1.1. La militarización de la justicia
En 1970, según un informe oficial:
La asistencia Militar norteamericana llega al total de 92.000.000 de dólares. 425 miembros de las fuerzas armadas fueron entrenados este año por los Estados Unidos, llegando a la cifra total de 3.894. “Para abastecer las fuerzas armadas de Colombia cuyo número aproximadamente es de 55.000 hombres (ejercito 43.000, marina 5.000, fuerzas aéreas 6.400) los Estados Unidos mantienen una misión Militar de 27 oficiales y 21 suboficiales de las tres armas (…) este país paga parte del costo de administración de la Misión (…) nuestros militares se consideran teóricamente miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia (…) el entrenamiento es una de las tres metas primordiales del personal de la misión Militar, las otras dos consisten en controlar la entrega de los equipos, asesorar y ayudar a los oficiales colombianos (…) Muchos oficiales de este país han tenido la oportunidad de recibir entrenamiento formal en los EEUU, incluyendo al comandante general de las fuerzas Armadas, Mayor General Currea Cubides (…) Igual que el Brasil, Colombia ofrece incentivos económicos a los oficiales que se entrenan en el exterior (…) Colombia ayuda a sufragar los gastos del entrenamiento dado por los EEUU (…) Los EEUU instruyen al ejército de Colombia en tácticas antiguerrilleras a través de unidades móviles de entrenamiento en la zona del canal (…) La doctrina norteamericana de la “acción militar” también ha sido aceptada por el ejército colombiano (…) nuestros programas han ayudado al país a establecer sus propias escuelas de entrenamiento militar (…) la misión cree que el entrenamiento del general Currea dentro del Programa de Ayuda Militar (PAM) contribuyó a darle esa perspectiva (…) Colombia puede ser el mejor ejemplo de los beneficios que pueden resultar del entrenamiento dentro de nuestro Programa de Ayuda Militar (…) los años de 1970 a 1975 serán cruciales para determinar la viabilidad del actual sistema (…) el contacto permanente y estrecho entre las fuerzas militares colombianas y el ejército norteamericano será ventajoso5.
Uno de los principales efectos del aumento de la ayuda militar de los EE. UU. en Colombia fue la consagración de la justicia como un asunto de seguridad, que fue puesta en manos de las FF. AA., llegando estas a adquirir un amplio margen de acción que les permitía incidir en las ideas sobre lo justo en materia criminal, casi a título definitorio. La anterior afirmación solo es comprobable al estudiar la acción estatal entre 1970 y 1982 que, caracterizada por la búsqueda incesante de un aseguramiento del control institucional, llevó al Estado a adquirir un carácter militarista tras la adaptación de sus instituciones a los dictados de la DSN. En ese sentido, el aparato estatal conservaba su apariencia civilista y, sin embargo, recurría con una frecuencia cada vez mayor al uso de las prácticas represivas que distinguían a las dictaduras del Cono Sur. ¿Cuáles fueron las condiciones internas que se entretejieron para la adopción de políticas de seguridad y orden que terminaron por entregar a las FF. AA. y de seguridad del Estado la definición sobre las ideas de lo justo y su administración? ¿Cuáles sus consecuencias sociales?
1.1.1. ¿Democracia civilista o dictadura disfrazada?
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los EE. UU. y la URSS quedaron enfrentados por el dominio político, militar, ideológico y económico global, en el marco de la denominada guerra fría. Sus ideas de expansión se desarrollaron en una abierta competencia que implicaba la conformación de bloques de poder dirigidos a asegurar la dependencia de los países subdesarrollados con respecto a estos. Los EE. UU. lograron cohesionar, entre otros, a la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos bajo la consigna de la Seguridad Nacional, ubicándola al centro del desarrollo de sus relaciones6. En Colombia, dicha doctrina inspiró, por lo menos, tres elementos que marcan el establecimiento de una cultura jurídico-política para la represión entre 1970 y 1982: i) la seguridad como necesidad inaplazable; ii) la elaboración de un enemigo común en el orden interno y iii) la implantación del concepto de guerra total y permanente.
La seguridad como necesidad inaplazable
El arraigo y la fertilidad de la DSN en América Latina se relacionan con la existencia de una amenaza latente para los intereses norteamericanos y, residualmente, para los de las élites económicas y políticas locales7. La DSN promovió una inescindible relación entre seguridad y amenazas como motor de la actividad estatal, fundamentada en la existencia de condiciones de probabilidad, no de certeza, sobre la ocurrencia futura de revoluciones que dañarían la seguridad nacional. En ese sentido, los riesgos de la guerra fría fueron transmitidos a la sociedad en general, para justificar: la intervención militar directa representada en el establecimiento de regímenes dictatoriales abiertos; o el endurecimiento de las medidas jurídico-políticas de carácter represivo adoptadas por los Gobiernos civiles8. Al ubicar la seguridad al centro de los debates públicos como necesidad inaplazable, los EE. UU. lograron confirmar la virtual fusión entre seguridad y Estado. Lo que se traducía en la idea de que para enfrentar las amenazas era necesario contar con una institucionalidad lo suficientemente fuerte para anular el riesgo.
La elaboración de un enemigo común en el orden interno
El enemigo fue fácilmente elaborado con base en la imagen de la URSS, como encarnación del comunismo internacional y rival, no de los EE. UU., no del capitalismo, sino de la civilización occidental. El comunismo como enemigo se convirtió en abstracción de todas las enemistades posibles; lo que justificó que todo aquello que se pareciera al comunismo, a la inconformidad social con el sistema político y económico, o a crítica contra el Estado fuera considerado como amenaza nacional. El concepto mismo de ciudadanía quedó diluido en la búsqueda de la seguridad nacional, endureciendo la relación de subordinación entre los Estados y las personas. Impulsadas por la desconfianza de los EE. UU. en la estabilidad política y económica de los países de la región, proliferaron entonces las dictaduras militares. Pobreza, comunismo y liberación nacional se convirtieron en fantasmas; el enemigo ya no era una abstracta, y cuando mucho lejana y fría, URSS, ahora estaba encarnado en la oposición política y en la actividad social contraria al modelo económico, social y político; la sospecha cubría a la generalidad de la población civil, devolviendo al enemigo su abstracción natural9.
La implantación del concepto de guerra total y permanente10
Este concepto, favorecido por el aumento de la capacidad militar de las potencias mundiales, ha mantenido en estado de alerta a la comunidad mundial desde entonces y, más allá del riesgo nuclear, logró desarrollarse en los países periféricos, a propósito de la penetración ideológica que podría desembocar en la generación de condiciones para una revolución. El concepto de guerra total se desarrollaría bajo la influencia