La consulta espiritual y física del pueblo kággaba. Anghie Prado Mejía
en un colectivo étnico reificado. Un dato curioso es que los indígenas aparecen con sandalias rabinas, lo cual puede constituirse en un craso error debido a que los kággaba suelen caminar descalzos. Al otro lado del billete aparece el escritor colombiano luciendo un liqui liqui con las mariposas de Mauricio Babilonia. García Márquez jamás hubiese imaginado eso, pues en su autobiografía manifiesta que de joven no disponía de efectivo para comprar un café, tomar un boleto de bus o adquirir el periódico (García, 2002). Hoy, después de las afugias del escritor, su imagen es litografiada en un billete de gran denominación y circulación; aparece sonriente junto con los indígenas más sustentables del mundo. De manera que tanto los kággaba como el escritor son reconocidos en el papel como dispositivos simbólicos que movilizan imágenes reificadas del Caribe colombiano: los primeros, como sabedores ancestrales, excluidos en el presente político, y el segundo con un reconocimiento internacional por su obra, pero con un profundo olvido sobre su infancia y juventud llena de precariedades en una zona de colonización de las empresas de banano de los Estados Unidos. En el caso de los kággaba, que es el foco de este documento, se da el alocronismo explicado por Johannes Fabian (2019), es decir, la negación de la coexistencia con el otro en el presente, y la ubicación del otro en otra dimensión temporal, en este caso el pasado.
El episodio narrado en los párrafos anteriores refleja lo que Michael Taussig (2015) investigó sobre la legitimidad del Estado a través del uso de cierta iconografía basada en figuras de gran renombre, e incluso deidades. Su estudio etnográfico, realizado en Yaracuy, Venezuela, describe con maestría diversos rituales celebrados allí. En su texto “La magia del Estado”, que se acerca más al género literario que cualquier otra cosa, el escritor ambienta los cultos en torno a María Lionza, el Negro Felipe, el Indio Guaicaipuro y el Libertador Simón Bolívar, entre otros personajes. El argumento central de Taussig es que la noción moderna de Estado esgrime el uso de la fuerza para garantizar el orden; sin embargo, el Estado necesita algo más para gobernar, y por eso emplea símbolos con gran sustrato cultural y patrimonial, con el objetivo de construir un relato de nación, y generar genealogías que expliquen el presente y sitúen a los individuos dentro de entramados simbólicos.
En el caso venezolano, hay una infinidad de monumentos, billetes y estatuas con la imagen del político y de la diosa; es decir que el sistema de creencias está fortalecido por la cultura material que da forma al Estado. No en vano la figura de Bolívar es citada tanto en discursos presidenciales como por médiums para invocar fuerzas sobrenaturales que ayuden a generar efectos en el presente (Taussig, 2015).
En el caso colombiano el análisis planteado por Taussig no es ajeno. Esto queda claro en el hecho de que son los “nativos ecológicos”, las figuras con mayor credibilidad política, quienes aparecen grabados en el billete de más alta denominación. Efectivamente, lo que se busca es erigir una narrativa de nación donde el poder político y económico se nivele al poder de los nativos ancestrales. Hay que recordar que, hacia finales de la década de 1990, los kággaba recibieron el reconocimiento como el grupo social más ecológico del mundo por la Organización Internacional de Biopolítica: Bio (Ulloa, 2004).
De esta forma, sobre los kággaba se ha generado una representación de pureza que determina su accionar político, pues en la medida en que esta sociedad hace innovaciones políticas o tecnológicas es inmediatamente sancionada socialmente. De hecho, se ha dado una división entre kággabas correctos, que serían los de las cuencas al norte, y kággabas incorrectos, que serían los de las cuencas del sur, dado que en algunas comunidades de estas hace rato adoptaron el pentecostalismo (Sarrazin y Redondo, 2018). Esta afirmación fue corroborada por el docente Francisco Gil, indígena y director del proyecto educativo Jukulduwe de Palmor, Ciénaga, quien pudo constatar la presencia de una comunidad crisitana kággaba en la vereda Trompito Alto, en Uldezhaxa. Igualmente, se refirió al proceso de lucha por el reconocimiento que lideraron los kággaba asentados en el Magdalena, pues el Ministerio del Interior emitió la Resolución 016 de febrero de 2020, en la cual reconoce la Asociación de Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena Muñkuawinmaku (Francisco Gil, comunicación personal, 2020). Esto invita a cuestionar la unidad de los kággaba en el actual panorama político, donde existen dos organizaciones que lideran la interlocución con el Estado.
Lo expuesto arriba permite comprender que los kággaba, además de sufrir las vejaciones del régimen colonial y republicano, tienen que sentarse a la mesa de negociación con una carga representacional de la que no son responsables. En este sentido, el diálogo político o la capacidad de reparación de las políticas públicas se ven restringidos porque los indígenas se ven limitados a presentar sus peticiones dentro del marco de representación que se les asigna.
En resumidas cuentas, tal como lo señala Torres (2008), Colombia es
[…] Una nación que se da el lujo frente a otros estados de ostentar la más avanzada filosofía del derecho a la diversidad consagrada desde la Constitución de 1991, pero que al mismo tiempo atenta contra la dignidad y la integridad de los pueblos indígenas […]. Además de señalarlos y estigmatizarlos de terroristas, latifundistas, infiltrados e incluso terratenientes por el solo hecho de exigir el territorio ancestral (p. 12).
Así pues, a los grupos étnicos se les niega la posibilidad del manejo del territorio desde sus propias plataformas ontológicas. Incluso, esto sucede con los indígenas considerados “más puros” como los kággaba. En este sentido, el Estado y la sociedad colombiana se jactan de ser un país multicultural, pero a la vez arremeten contra los derechos de esos colectivos étnicos.
Esta paradoja entre la realidad y la representación alarmó a la Corte Constitucional, pues las poblaciones indígenas han sido las mayores víctimas de la guerra (Auto 004/09, 2009). Ni hablar de la indiferencia generalizada que experimentaron ante el horror del conflicto. Como lo menciona el señalado instrumento, en el 2004 la Corte Constitucional declaró situación inconstitucional el desplazamiento forzado de varios grupos indígenas del territorio nacional. Entonces, el instrumento del alto tribunal pretendía dar herramientas al Estado para la generación de mecanismos de salvaguarda, no repetición y dignificación.
En el caso de la Sierra, se sabe que entre “1974 y 2004 los pueblos serranos padecieron 1.145 actos de violencia” (Rincón, 2014, párr. 5). Así, “actores armados ilegales como los frentes 19 y 37 de las FARC, bloques del ELN y grupos paramilitares, desplegaron todo tipo de acciones bélicas en la SNSM en aras de establecer la hegemonía territorial” (Prado, 2018, p. 107). Esto es entendible en la medida en que el macizo, con sus grandes valles internos cerca del mar, es un escenario apreciado para la producción de cultivos ilegales. En este sentido, diversos actores han apostado por el control del área. Por esta razón se gestó una ola de violencia sistemática que afectó la vida de las poblaciones asentadas allí. Por los relatos obtenidos, en el momento en que se daba la disputa entre los paramilitares y la guerrilla por la SNSM, se prohibió que los indígenas transitaran entre sus poblados porque se pensaba que eran colaboradores de uno u otro bando. Cuando la sospecha se transformó en amenaza, los grupos al margen de la ley asesinaron a indígenas kággaba y de las demás etnias, generando una estela de terror de la que aún no se sobreponen estas poblaciones.
En consecuencia,
los pueblos serranos, incluyendo los kággaba, fueron identificados por la Corte Constitucional colombiana mediante el Auto 004 de 2009, en alto riesgo de desaparición física y cultural a causa de las confrontaciones armadas. En dicho pronunciamiento se obligó al Estado a tomar medidas cautelares para salvaguardar y proteger a estas comunidades. Para ello, distintos ministerios y otras entidades tuvieron que coordinar y trabajar de manera conjunta para la formulación e implementación de Planes Salvaguardas étnicos [a partir de la fecha de emisión del pronunciamiento] (Prado, 2018, p. 107).
Con base en los planteamientos señalados, el presente texto documenta cómo el conflicto armado impactó en la SNSM, en particular en los kággaba. Dado este escenario, se reflexiona sobre el proceso de implementación de la política pública de los planes de salvaguarda aplicada al caso de los kággaba. Ahora, además de ser percibidos como los “menos afectados por el conflicto armado” (Auto 004/09, 2009) entre los cuatro pueblos serranos, hay que precisar que, aunque la medida fue declarada durante la guerra y han pasado más de nueve años desde la orden de la Corte Constitucional,