Ideas en educación III. Ignacio Sánchez D.
pública para tal efecto, y a la sociedad en general.
Autoevaluación y acreditación: Por último, los mecanismos de aseguramiento de la calidad deben representar los intereses institucionales de aseguramiento de la calidad y, a la vez, responder a los procesos regulares de autoevaluación con fines de acreditación, establecidos por la legislación vigente.
En síntesis y como ya se mencionó, sin desconocer ni minimizar la relevancia de la adecuada institucionalización normativa y operativa de un sistema interno de aseguramiento de la calidad, parece relevante insistir en que parece más apropiado que la evaluación de este se enfoque en los principios que lo orientan, los propósitos que persigue y los resultados que logra, más que en su diseño, condiciones de funcionamiento y alcance formal. Sobre todo tratándose de un área que, sin la debida cautela, encierra el riesgo de transformarse en una especie de agencia interna de la calidad, a la cual todos deban tributar.
CONCLUSIONES
Los procesos de acreditación en educación superior tienen ya una larga tradición en Chile. Desde 2006, si se considera su formalización legal (Ley 20.129), o desde 1999, si se toma en cuenta la fase en que se desarrollaron extensas experiencias piloto. Ellos, sin duda, han contribuido de manera decisiva a generar una cultura de la calidad en las instituciones de educación superior nacionales.
En este cometido, la Comisión Nacional de Acreditación (antes CNAP y CONAP), el Consejo Nacional de Educación (antes CSE) y otras instancias públicas han jugado un rol destacado. Lo mismo que muchas instituciones que durante casi dos décadas se sometieron voluntariamente a estos procesos.
Como toda actividad que involucra diversos actores e intereses, con el correr del tiempo se fueron generando ciertas falencias que la Ley 21.091, promulgada en mayo de 2018, intenta corregir.
El nuevo marco normativo, sin embargo, encierra también el riesgo de acrecentar algunas de esas deficiencias, en especial si no se logra integrar debidamente a la configuración de los nuevos procesos la visión de las instituciones de educación superior, privilegiando concepciones más bien administrativas del aseguramiento de la calidad.
Este artículo ha pretendido poner algunas luces de alerta respecto de posibles deficiencias y riesgos que habría que atender, o de tareas en las que aún resta por avanzar.
Algunas de ellas tienen que ver con aspectos más bien operativos del aseguramiento de la calidad, como la simplificación administrativa de los procesos de acreditación o de las solicitudes de información. Otras con la implementación que se haga de las normas vigentes y la flexibilidad con que se aborden las evaluaciones. Esto será decisivo no solo para cautelar las diversas misiones institucionales, sino también para mantener la diversidad institucional del sistema, integrar de manera rápida nuevos valores sociales relevantes y, en especial, no operar como freno o desincentivo a la innovación organizacional y educativa.
También se observan posibilidades de mejorar en el ámbito de la coordinación de las instancias que componen el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. El más evidente, tal vez, es el ya mencionado referido a la integración y simplificación de las solicitudes de información. Pero también se aprecia una oportunidad para que la CNA pueda potenciar su rol de promoción de la calidad y acompañamiento institucional, delegando la función de auditoría y fiscalización en el órgano que la ley ha previsto para ello: la Superintendencia de Educación Superior.
En otras palabras, lo que se espera de esta nueva etapa es que en ella se recupere un sentido del aseguramiento de la calidad que trascienda los meros procesos de acreditación y, sobre todo, se recobre el sentido profundamente académico que esta actividad debiera tener en las instituciones de educación superior.
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