Nuevas dinámicas del derecho procesal. Julián García Ramírez
interpretación prejudicial
17.3.3 Obligatoriedad de las interpretaciones prejudiciales
Particularidades del procedimiento abreviado y acusador privado en la ley 1826 de 2017
Darío Garzón Garzón
18.2 Sobre por qué se expidió el Acto Legislativo 06 de 2011 y cuáles son sus características
18.2.1 La expedición de la Ley 1826 de 2017
Aspectos sustanciales y procesales de la reforma disciplinaria en Colombia
Luis Orlando Toro Garzón y Mónica María Bustamante Rúa
19.2 Naturaleza jurídica del derecho disciplinario y los efectos de las diferentes reformas
19.3 Caracterización de la reforma en el procedimiento disciplinario según la Ley 1952 de 2019
19.4 Diagrama del procedimiento disciplinario según la Ley 1952 de 2019
19.5 Otros aspectos relevantes de la reforma disciplinaria
19.6 Ejercicio práctico de la defensa disciplinaria
Desde sus cimientos, he hecho parte de la evolución del derecho procesal que aborda el grupo de investigación de la Universidad de Medellín en perspectiva contemporánea. Por ello, es para mí un honor presentar a la comunidad académica y jurídica este importante texto que aborda algunas de las nuevas dinámicas en sus aplicaciones.
Cuando se estudia, y más aún, cuando se escribe sobre las evoluciones y desarrollos contemporáneos del derecho procesal, se entra en un mundo tan extenso como lo son las lógicas de la justicia. Como enseñaba Denti (1989), son varias las facetas que se afirman como imperativas en estos estudios para la comprensión de los problemas históricos, políticos e institucionales de la justicia, en los cuales resaltan las garantías constitucionales y la tutela jurisdiccional de los derechos.
Esta visión la complementa Taruffo (2009, p. 66) al definir que el fenómeno de las garantías procesales cubre un amplio espectro, pero hoy se caracteriza especialmente por dos importantes funciones: la función política, ya que las garantías son formuladas en las constituciones nacionales y en la declaración internacional de los derechos, lo que las convierte en imperativos; y la función económica de las garantías procesales que no solo surgen como garantías individuales, sino como factor de desarrollo económico en tanto asegura la rápida y satisfactoria resolución de controversias, lo cual garantiza un manejo del mercado más eficiente. Ahí están las estructuras de la justicia social.
Estas perspectivas se hacen evidentes en la presente publicación que aborda un tejido temático amplio y sugerente.
En primera línea se abordan temas de actualidad sobre la evolución tecnológica y su impacto en el proceso. Ello parte de las dinámicas de la cuarta revolución industrial que se relacionan directamente con los avances de la inteligencia artificial y la biotecnología aplicada al mundo social y jurídico. En este sentido, se expresan los textos escritos por las profesoras: Liliana Pabón, que introduce las múltiples problemáticas que se desprenden de la conjugación entre biotecnología y derecho procesal en la revolución industrial; y Núria Borrás, que reflexiona sobre prueba judicial e inteligencia artificial. Ambas encuentran expectativas frente al incipiente avance del derecho procesal. Pabón llega incluso a proponer la necesidad de fortalecer la máxima protección a los derechos de las personas con una legislación ecosistémica. Estas reflexiones modernas las cierra el profesor Orión Vargas con su texto “Ingredientes de una receta probatoria (algoritmo) de una valoración de la prueba”. En este se presentan algunas perspectivas legales de la valoración de la prueba y las estructuras propias de la ingeniería de software que animan a seguir la búsqueda algorítmica correcta.
Un segundo aspecto de importancia para el mundo contemporáneo se establece en la relación con el medio ambiente, lo cual se presenta de manera innovadora. Se destaca la precisión del medio ambiente como un derecho fundamental. En este sentido, Ignacio Soba expone que es imperativo fortalecer la conciencia ambiental y que para ello se requiere información precisa y veraz. Por tanto, el habeas data se debe fortalecer como tutela diferenciada, sumaria y simple, lo que es dable en el derecho procesal cuando se trata de la protección de derechos prioritarios y emergentes.
En línea complementaria, Mónica Bustamante y Luis Orlando Toro enfocan el medio ambiente más allá de un derecho fundamental, en la categoría de víctima silente en el conflicto armado, lo cual —a la luz de los objetivos del desarrollo sostenible— se estructura por fuera de una victoria política. De esta manera, sustentan el concepto de paz ambiental y de respeto a principios como el uso democrático de la tierra en el acuerdo de paz colombiano.
Estas dimensiones hacen juego con el siempre anhelado fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos MASC/ADR, que hoy encuentran una importante oportunidad en la protección al ciudadano y al consumidor a través de herramientas virtuales. En este grupo de trabajos, Amy Schwitz propone el fortalecimiento de los ADR para ampliar el acceso a la administración de justicia en beneficio de los consumidores, dado el crecimiento del comercio transfronterizo que casi siempre es digital y que crece con la brecha tecnológica.
Dimaro