El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz. Fernando Vargas Valencia
de investigación “Políticas públicas y despojo: una lectura en clave feminista”, financiado por la Pontificia Universidad Javeriana.
** Investigadora del Instituto Pensar (PUJ) y docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Doctora en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Complutense de Madrid; magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana; antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia.
1 Desde la perspectiva de León y Deere (2000), la ubicación de este interés a nivel de la región se debe no solo a la toma de conciencia sobre la situación de inequidad que experimentan las mujeres campesinas, sino también a que desde organismos internacionales encargados de la construcción de directrices económicas de desarrollo rural, específicamente desde la FAO y la Cepal, se establece que, con el fin de dinamizar la producción agropecuaria y alcanzar la seguridad alimentaria, resulta urgente la incorporación de las mujeres (Sañudo, 2015).
2 De Lauretis (1989, p. 8) con base en los aportes foucaultianos entiende que “el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales, por el despliegue de una tecnología política compleja”.
3 Para Altusser, “la ideología representa no el sistema de relaciones reales que gobiernan la existencia de los individuos, sino la relación imaginaria de esos individuos con las relaciones reales en las que ellos viven y que gobiernan su existencia” (De Lauretis, 1989, p. 12).
4 Althusser (1988) establece: “Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas”.
5 León y Deere (2002, p. 357) señalan: “Uno de los pilares del pensamiento neoliberal sobre el futuro del sector agrícola es la necesidad de dar seguridad de tenencia a los productores. Esto se ha abordado de dos maneras: mediante la terminación formal de los proyectos de reforma agraria que implicaban expropiación de tierras, y mediante programas de titulación de parcelas y esfuerzos por modernizar los sistemas catastrales y los registros de tierras. En los años noventa, la mayor parte de los países latinoamericanos emprendió algún tipo de programa de titulación de tierras, y casi todos los proyectos fueron parcialmente financiados por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.
6 Machado (2013, p. 37) sostiene que “esta ley introdujo una nueva manera de enfrentar el problema de la distribución de la propiedad, denominada por algunos como mercado de tierras, y por la ley como la negociación voluntaria de tierras. Con este mecanismo el Estado otorga un subsidio para la compra de tierras a pequeños productores, equivalentes al 70 % del valor de la tierra. Hay quienes lo han denominado como el mercado asistido de tierras, con una asistencia estatal limitada al subsidio, ya que los actores privados —propietarios y campesinos— realizan sus negocios voluntariamente sin interferencia de funcionarios públicos”.
7 En un estudio realizado con mujeres cafeteras, la identificación de estas como sujetos de intervención por parte de la Federación Nacional de Cafeteros tiene como base el imaginario institucional sobre que ellas encarnan habilidades específicas de utilidad en determinados procesos productivos. En ellas recae la responsabilidad de llevar a cabo actividades concernientes al “cuidado” o las que implican “mayor responsabilidad” o “mayor atención”, como, por ejemplo, la selección y clasificación del grano, las tareas empresariales y administrativas. Ver Sañudo et al. (2018).
8 En palabras de Cardoza (2005, p. 46), en este contexto “la Reforma Agraria pasa de ser un problema de economía política, cuya solución es responsabilidad del Estado, a un problema de reducción de las distorsiones e imperfecciones de los mercados y de las políticas”.
9 Esta coordinadora había sido creada, como escenario para la coalición de diferentes actores rurales, en el marco de las negociaciones de paz en el gobierno de Betancurt (Sañudo, 2015).
10 A través de una resolución emitida por el Incora en 1991, se determinó que los sujetos prioritarios en los procesos de dotación de tierras serían las mujeres que estén en “estado de desprotección como resultado de la situación de violencia característica del país, lo que incrementaba los casos de viudez y abandono” (Deere y León, 2000, p. 243).
11 Categorías que también se extienden a los varones.
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