Educar para la paz. Ricardo Delgado Salazar
escolares alterando las relaciones interpersonales entre estudiantes, entre estudiantes y educadores y entre estudiantes y el grupo familiar, y representacionales, los cuales se asocian a las formas de entender la normatividad escolar y de ejercer el poder del gobierno escolar. En tercer lugar, se caracterizaron unas tendencias del conflicto en la escuela, centradas en afrontar sus manifestaciones mediante respuestas diversas, que van desde ignorar, evadir, negar y afrontar con autoritarismo hasta intervenir con la mediación, la conciliación y con medidas de prevención, control, regulación y con modalidades integrales de democracia escolar.
Al respecto, en el actual momento histórico del país los estudios sobre el conflicto escolar se incrementan y se establecen coincidencias, a partir de lo cual los autores coinciden en concebir la escuela como espacio fundamental para formar en los valores de la convivencia y crear capacidades para reconocer la diferencia, respetar la diversidad, dialogar, negociar, conciliar y desarrollar la democracia escolar, potenciando la participación, la justicia y nuevas concepciones de la micropolítica escolar, de acuerdo con Cubides (2001) y con Herrera, Pinilla e Infante (2001).
Miradas sobre la intimidación escolar
En esta línea de estudios se encuentran los trabajos sobre la intimidación escolar realizados por la Universidad de los Andes (Chaux, Bustamante, Castellanos, Chaparro y Jiménez, 2009), que además de reflejar el proceso sociocultural y político correlacionado en los estudios referenciados en este aparte, introduce y reposiciona la variable psicoafectiva y pedagógica, para el manejo integral de los procesos de agresión en la vida escolar. Este grupo de investigación inicia su trabajo reconociendo un concepto no abordado dentro del conflicto escolar: la intimidación y su expresión dentro del contexto escolar, esta no es la única que afecta la convivencia escolar, ya que sus manifestaciones se vienen expresando de diversas maneras en el contexto educativo. Al hacer este reconocimiento, se está tomando conciencia de la magnitud del problema en Colombia y de las graves repercusiones, no solo en la convivencia en general, sino en las consecuencias individuales que trae para los estudiantes y sus familias.
La intimidación es la agresión repetida y sistemática que ejercen una o varias personas contra alguien que está en una posición de menos poder que sus agresores (Olweus, 1993). Esta agresión puede ser física (puños, patadas, empujones, etc.), verbal (insultos, burlas, ofensas, etc.), relacional (exclusión, chismes, etc.) o virtual (mensajes ofensivos en internet, celulares y redes sociales), lo que trae como consecuencia un proceso repetido y sistemático de la manifestación del conflicto y resoluciones del conflicto no negociadas; en este proceso se da un incremento de la ansiedad, depresión, pérdida de motivación, tendencias suicidas y se recurre a la venganza violenta contra quienes son los victimarios.
En los estudios adelantados por Chaux y su equipo de investigación, se resalta el alto índice que presenta Colombia, frente a otros países, en la manifestación de la intimidación escolar, tanto en el caso de los pares, como entre educadores y estudiantes. Sin embargo, el rasgo innovador de este trabajo es entender la intimidación como un fenómeno grupal, tanto en su realización, escalada, como en la potencialidad de trabajar con el grupo para prevenir y frenar la intimidación.
Al respecto, Christina Salmivalli, Lagerpetz, Borkgist, Österman y Kaukiainen (1996) identificaron seis roles que desempeñan los estudiantes frente a la intimidación: 1) ‘víctima’, objetivo de la intimidación; 2) ‘intimidador líder’, iniciante y líder de la intimidación; 3) ‘los asistentes’, ayudantes del líder en todo el proceso de intimidación; 4) ‘los reforzadores’, incitadores, observadores y celebrantes de la intimidación; 5) ‘los defensores’, interventores que frenan la intimidación o consuelan a la víctima una vez ha terminado la intimidación, y 6) ‘los externos’, personas que se alejan o nunca están presentes cuando se presentan estas intimidaciones.
Partiendo de la anterior relación de roles, el grupo de investigadores de la Universidad de los Andes resalta el papel que pueden tener los observadores y los externos, dado que cuando se presentan los eventos de intimidación, no se actúa por miedo, para evitar problemas o porque no se sabe exactamente cómo intervenir. Es así como, a partir de los estudios realizados, el grupo propone el desarrollo de tres estrategias de competencias ciudadanas: la empatía, la asertividad y el cuestionamiento de creencias, indicando que aunque no son las únicas posibles, tienen un gran potencial en la modalidad del trabajo desde la perspectiva de los testigos.
Miradas sobre el impacto del conflicto armado en el contexto educativo
Bajo el recorrido realizado, encontramos que la degradación de los conflictos sociales y políticos en Colombia, hacia la violencia armada, han impactado en diversos territorios de Colombia, entre ellos está el funcionamiento de la institución educativa. En este problemático escenario, se encuentran dos tipos de estudio: los que se ocupan de analizar las dinámicas de la guerra y las formas de impactar en la escuela y los que se ocupan de identificar las implicaciones que enfrenta la institución educativa para la integración de víctimas y excombatientes.
Impactos de la guerra en la escuela
Los impactos de la guerra4 en el contexto escolar son diversos y complejos, por las afectaciones que han generado en la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes (NNA), por las formas en que han vulnerado los derechos humanos de los integrantes de la comunidad educativa y su derecho a la educación y por la incidencia negativa que han tenido en el desarrollo del servicio educativo en los contextos urbanos y rurales.
Según Palacio (2004), en Colombia, el conflicto armado, la violencia y la guerra son fenómenos que combinan diversos factores a largo plazo; esto ha facilitado la consolidación de una sociedad basada en condiciones de exclusión, injusticias e intolerancia, lo que se ha combinado con factores a corto plazo que detonan nuevas expresiones de violencia, como es el caso del narcotráfico, el paramilitarismo y las complejas alianzas que se establecen entre ellos (p. 56). La niñez se ha visto inmersa en los conflictos desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XXI. Muchos autores señalan que este aspecto se ha dado por la situación de dependencia a la protección del Estado y la sociedad, por su sumisión a la autoridad, por la débil educación moral y por su permeabilidad a los discursos de la violencia, lo que tiene consecuencias graves en los NNA, relacionadas con la vulneración de la identidad, los derechos, la socialización, el desarrollo y los imaginarios de convivencia. Esto se da, más específicamente, según Bello y Ruiz (2002), en los cambios interpersonales relacionados con la amistad, la sexualidad y la muerte.
La historia de confrontación ha repercutido en la vinculación de los NNA; bajo amenazas, mentiras y exigencia ilegal de aportes a la causa de la guerra, han sido utilizados e integrados en las actividades propias de la confrontación, el paramilitarismo y el narcotráfico. Los maestros han sido amenazados, exiliados, desaparecidos, torturados y asesinados. Las infraestructuras han sido utilizadas como trincheras y las comunidades educativas han sido convertidas en objetivo militar de los contrarios en confrontación. Todo esto produjo ataques directos, cierres temporales, desactivación del servicio educativo, deserción y desplazamiento (Romero, 2012).
Según estimaciones de diversos estudios en el 2006, la violencia armada ejercida contra las escuelas era responsable de más del 40 % de los casos de los niños que no acuden a ella. Para el caso colombiano, se estimaba que cerca de un millón de niños ve limitado o impedido su acceso a la educación por razones relativas al conflicto y que a más de 2,5 millones no se les garantiza su derecho a la educación por diversas causas.
Esto no solo por la destrucción o daño de la infraestructura o porque los currículos no respondan a las necesidades particulares de la crisis, sino, sobre todo, porque la escuela se convierte en un escenario adicional en el que se desarrolla el conflicto armado. (Fundación Dos Mundos, 2009, p. 8)
El Estado colombiano, pese a que ha tenido un avance legislativo para afrontar estos procesos, ha tenido una eficacia incipiente y no ha garantizado la protección integral de los NNA, con el fin de evitar su enganche a los grupos armados y la vulneración de sus derechos integrales. En el caso del derecho a la educación, no se ha protegido debidamente la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad de la educación en sentido general: lo que impacta la convivencia social y el desarrollo en los territorios.
Implicaciones