Los dos demonios (recargados). Daniel Feierstein
que dirijo se encuentra trabajando a fondo sobre los procesos de denuncia en la provincia de Tucumán.3 En lo que hace a dicha provincia, el informe de la conadep del año 1984 tenía registradas 609 denuncias. A fines de 2016, el Área de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación contaba con un total de 1005 denuncias con información verificada y completa (esto no incluye los casos incompletos o actualmente en proceso de trabajo y ha excluido todos los errores del listado original). Los casos registrados por nuestros equipos de investigación (que incluyen las denuncias investigadas en sede judicial) suman un total de 1202, que también refieren solo a aquellos verificados y completos, con lo cual siguen siendo cifras parciales en tanto hay otros centenares en proceso de verificación, tanto por parte de la Secretaría de Derechos Humanos como en nuestro propio proyecto.4 Esto es: a comienzos de 2017 se contaba con el doble de casos que en 1984 (siempre refiriendo a casos verificados, esto es, excluyendo todos los errores de listados previos). Esto contrasta con las estimaciones de los “críticos de los 30 000”, que se basan en los datos de 1984.5
Resulta enriquecedor observar también las características de los casos en función de los períodos de denuncia, porque de ellos pueden extraerse conclusiones sugerentes, en especial en relación con la última década.
Las nuevas denuncias tienen un pico de crecimiento muy fuerte a partir de la reapertura de las causas judiciales y la existencia de nuevas sentencias en el año 2006, siendo que durante el período 1985-2005 se detectan 117 nuevos casos en Tucumán, en tanto que a partir del año 2006 hasta el presente se contabilizan 440 nuevos casos. Para más, las denuncias no bajan año a año, sino que siguen un patrón complejo y se podrían formular distintas hipótesis para explicar las variaciones observadas en las curvas. Por ejemplo, el año con mayor número de nuevas denuncias en Tucumán desde 1984 ha sido 2014 con 76 nuevos casos, seguido del año 2008 con 63 casos (en 2016 solo se han denunciado 6 nuevos casos, pero en 2015 hubo 43 nuevas denuncias). Pareciera que tienen fuerza las condiciones políticas nacionales y provinciales y muy en especial la existencia de condenas a los responsables o la apertura de nuevos tramos de las causas judiciales como elemento para permitir enfrentar el miedo y las consecuencias traumáticas de la desaparición en la familia o en el barrio. También, en muchos casos, depende de la voluntad de investigación de las fiscalías o querellas la posibilidad de detectar nuevos casos no denunciados hasta el momento como actuación estatal y no solo “esperando” la denuncia.
Como elemento fundamental, debe destacarse la propia percepción de la desaparición en sectores rurales u obreros en Tucumán como una práctica que puede y debe denunciarse, lo cual no fue en absoluto común en dichas regiones durante gran parte del período de institucionalidad democrática. Ello es transferible a otras provincias del país como Corrientes, Misiones, Chaco o Santiago del Estero, entre otras. Un fenómeno subregistrado ha sido la represión a las Ligas Agrarias en el noreste argentino, así como otro ámbito de subregistro se vincula a la represión en las villas de emergencia en los cinturones de los grandes centros urbanos (Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza).
Una cuestión llamativa en los nuevos casos es la proporción de sobrevivientes. En las denuncias producidas ante la conadep, este número era muy bajo: la mayoría de las víctimas correspondía a quienes continuaban desaparecidos o habían sido asesinados. A medida que pasa el tiempo, la mayor parte de las nuevas denuncias corresponden a quienes fueron detenidos desaparecidos (por lo general, por períodos breves) y fueron liberados. En el informe de la conadep, los casos de Tucumán dan cuenta de 379 desaparecidos y asesinados frente a 139 liberados (27 % de liberados). Entre 1985 y 2006 se agregaron 63 casos de nuevos desaparecidos y asesinados frente a 54 liberados (46 %). En la última década encontramos 20 nuevas denuncias de desaparecidos y asesinados frente a 419 nuevas denuncias de quienes fueron liberados (95 %).
Esto lleva a concluir varias cuestiones del estudio de caso en Tucumán: de una parte, que el objeto del terror, como en muchos otros procesos genocidas, fue atravesar al conjunto de la población con el sistema concentracionario, siendo que mucha más gente de la que se cree transitó por dicho sistema y fue devuelta a la sociedad para diseminar el terror, tal como nos intentan explicar hace años los sobrevivientes sin que podamos escucharlos con la suficiente atención. Por otra parte, estas situaciones han sido las que resultaron más difíciles de denunciar, siendo que recién veinte a treinta años después de los hechos comienzan a emerger. Esto tiene mucho sentido: quien fue secuestrado por períodos breves tuvo mucho menos que explicar a sus seres queridos, resultando más fácil la negación o la represión psíquica de lo vivido. Por otra parte, quienes fueron detenidos y torturados por pocas horas en comisarías sin que se registrara su ingreso a estas no necesariamente identificaron su situación como “desaparición”, lo cual muestra también los efectos de las sentencias en la construcción de las percepciones colectivas sobre el pasado. Hoy se denuncian más casos porque se logra percibirlos como tales.6
La continuidad de la aparición de casos (tanto de asesinatos como de quienes continúan desaparecidos u otros que fueron luego liberados) deja claro que en modo alguno ha concluido la investigación de los sucesos ocurridos en el genocidio argentino y que cualquier cifra a la que se arribe (como la que nuestro equipo de investigación ha construido para los casos en Tucumán) no son más que aproximaciones parciales.
Es necesario puntualizar que el surgimiento de nuevos casos no se restringe a las áreas más alejadas de los centros urbanos o solo a la provincia de Tucumán. Apenas como ejemplo, vale la pena señalar que en plena ciudad de Buenos Aires y en el campo de concentración más emblemático del genocidio argentino y con mayor tratamiento mediático (aquel que cuenta también con mayor número de denuncias y de sobrevivientes, la esma) también es posible encontrar nuevas denuncias. Después de sucesivos procesos judiciales en los que se trataron aproximadamente 900 casos y que se desarrollaron durante toda la última década, en abril de 2018 se abre un nuevo tramo del proceso de juzgamiento que involucra 26 casos nuevos (no incluidos en las denuncias previas) y aproximadamente otros 140 casos están todavía siendo investigados en este momento por el juez Sergio Torres, a cargo de la instrucción de la causa. Muchos de ellos no surgieron de nuevas denuncias, sino del entrecruzamiento de información que permitió el propio proceso de juzgamiento y la riqueza de las declaraciones testimoniales en este.
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