La segunda independencia. Federico Prieto Celi
Se ha instalado entre nosotros, de forma disolvente, una clara voluntad de establecer, como norma de conducta válida para toda convivencia política, el imperativo de la libertad luciferina. Esta concepción distorsionada de libertad ha sido inoculada en todos los niveles de la República, inundándolo todo hasta provocar un desborde en la propia realidad social. La política, ars aspergendi de mujeres y hombres libres, se eleva o decae en función de su objetivo, y el objetivo es un extremo ligado a la libre voluntad.
La libertad sobre la que se construye el régimen político es una libertad vinculada a la dignidad humana. Siendo así, la propia postura que asumimos sobre lo que constituye una persona termina definiendo la noción de libertad. Así, lo que entiendas por persona es lo que comprendes por libertad.
Ahora bien, vivimos en un mundo posmoderno en el que la cosificación de la persona es la norma común. El lenguaje de lo políticamente correcto defiende la destrucción paulatina de la relación entre el Absoluto y la persona. Por tanto, el relativismo ha engendrado, además, una noción relativa de persona, y al ser la libertad algo esencial a la personalidad, esta también se ha relativizado.
La gran herejía de nuestro tiempo, el relativismo nihilista, la nada virtual, ha fomentado la cosificación de la persona. Cuando el ser humano se cosifica y es instrumentalizado, entonces se cumple el apotegma creado por el comediógrafo latino Plauto y popularizado por el filósofo inglés Thomas Hobbes, homo homini lupus (el hombre es un lobo para el hombre). En tal entorno, la persona relativizada produce una libertad sin frenos ni contrapesos.
El mundo posmoderno se caracteriza por la relativización de los límites valorativos. Esta moda evanescente ocasiona una molicie espiritual que muy pronto se traslada al plano institucional. Las instituciones porosas al relativismo desvirtúan la convivencia porque no defienden ningún principio real, convirtiéndose, por tanto, en una mera ficción.
Si sostenemos, por el contrario, como ha dicho el gran jurista Álvaro d’Ors, que el hombre es una persona para el hombre, y no un lobo, e inclusive, el hombre es un amigo del hombre, como ya había anotado siglos atrás Tomás de Aquino, entonces la libertad esencial tiene que compaginarse con el respeto y la responsabilidad.
La libertad, al reconocer el carácter trascendente de la persona humana, halla en ella misma, y en su naturaleza, el primer y más importante freno. Se anula, por tanto, la cosificación porque el hombre que es para otro hombre persona no aspira a instrumentalizar a sus semejantes en función del darwinismo social.
En un entorno en el que todos somos personas con una dignidad inalienable, con una naturaleza que genera responsabilidades y derechos, la libertad se posiciona reconociendo el límite del otro como una frontera fundamental. La persona que es libre es libre con responsabilidad. Un Estado que se construye diluyendo el carácter trascendente de la persona en el relativismo no solo genera instituciones débiles; también puede provocar que una seudopolítica fuerte (o, lo que es lo mismo, la degeneración de la política) ocupe el lugar destinado a la construcción del bien común.
El Estado del Bicentenario
La regeneración valorativa pasa por la construcción de un Estado sintético, un Estado fundado en valores capaz de implementar políticas públicas que aspiren a construir el bien común. Destruida la persona, la política ocupa su lugar. Liquidado el ser humano, el Estado es llamado a reemplazarlo.
Para evitar la desviación estatolátrica es preciso regenerar la política partiendo de unos valores que reconozcan a la persona como un actor que solo es libre cuando acepta que las libertades exigen responsabilidad. Tal Estado construido sobre esta premisa es un Estado fundado en valores, un Estado que sintetiza la verdad y la política; esto es, un Estado sintético que busca la armonía entre el mercado y la subsidiaridad, la propiedad y la solidaridad, el hombre y lo social.
Porque un Estado que busca imponer el relativismo termina por absolutizarse y destruye al hombre. Un Estado relativista, opuesto al Estado de valores, termina convirtiéndose en un ente clientelar, nocivo para el desarrollo. La hipertrofia de una dimensión del Estado ocasiona que la democracia se vea alterada en su praxis.
Para el relativismo, la relación entre la democracia y la religión solo puede ser negativa y, por tanto, cualquier síntesis que busque la unidad basada en los valores es nociva como proyecto político. Una democracia relativista sin frenos morales es incapaz de dar respuesta a las cuestiones sociales fundamentales y se desvincula del orden y de la justicia social. Puede establecer un marco de convivencia, pero esa misma convivencia está amenazada si el fundamento democrático se encuentra sometido a la continua revisión de la opinión pública.
El Estado que debe ser regenerado de cara al Bicentenario no ha de ser considerado como fuente de verdad o raíz de la moral, aunque tenga un componente valorativo. El Estado a regenerar, aunque haya cumplido un rol fundamental en la configuración de la identidad nacional, no puede producir la verdad ni por sus propios mecanismos ni apelando a la mayoría.
Para lograr la auténtica armonía social y la consecución del bien común, el Estado precisa de un mínimo común sintético, un mínimo de valores que no deben someterse a la manipulación política. La Iglesia, en este sentido, ofrece el conjunto de valores absolutos capaces de inspirar la acción estatal, siempre en un clima de independencia y compatibilidad con la legalidad, reconociendo el carácter contingente del orden material.
Unidad trascendente y libertad responsable son consecuencias claras de un Estado sintético basado en los valores. Se trata de una unidad espiritual que se materializa en la sociedad y de una libertad personal que se concreta en la voluntaria adhesión al núcleo valorativo de una comunidad política.
En sentido estricto, la regeneración solo puede llevarse a cabo reconociendo que todas las formas políticas son temporales, que todas las estructuras emergen con fecha de caducidad, pero que los principios que informan a la política tienen que mantenerse porque beben de una filosofía perenne, la philosophia perennis, que solo alcanza su plenitud cuando se mantiene unida a la vid del cristianismo.
Los desencuentros políticos, como el de la entrevista de Guayaquil, solo se producen cuando estamos frente a la ausencia de un código común. Dos concepciones distintas sobre la política, dos ideologías antagónicas, no pueden encontrar puntos en común si de por medio no actúa la generosa búsqueda del bien común.
El bien común, una realidad humana que no excluye a la trascendencia ni al orden natural, solo puede construirse mediante una política eficaz que supere las diferencias y remedie los problemas concretos que se presentan en el Perú.
MARTÍN SANTIVÁÑEZ VIVANCO
INTRODUCCIÓN
Debería usted ser fusilado; pero a usted se le debe la victoria de hoy General José de la Mar al mayor José Andrés Rázuri (Batalla de Junín) ¡División, armas a discreción, de frente, paso de vencedores! General José María Córdova (Batalla de Ayacucho)
Las dos frases que encabezan esta introducción motivan muchas reflexiones. La primera, evidente, el dilema cotidiano entre la obediencia debida y la rebeldía justificada, entre el cumplimiento de la ley y la informalidad, sumergida o abierta, de sobrevivencia o de cinismo. Evoca la frase bíblica de que la letra mata y el espíritu vivifica. Sentido común y libertad de espíritu. Nos hace ver cómo las leyes en tiempo de paz son distintas de las que rigen en la guerra, por la misma naturaleza de las cosas.
La Mar juzga y absuelve a Rázuri en una frase, al final de una batalla victoriosa. No hay encono, venganza, envidia, revancha, sino comprensión y magnanimidad, y hasta un implícito reconocimiento de su equivocada apreciación de las posibilidades de victoria al dar la orden. Una lección para nuestros políticos, un modo de comportarse, también, para cuando un gobernante baja al llano, una actitud lejana a la judicialización indebida de la política. Reafirma la validez de Tácito cuando decía que muchas leyes hacen mala una República.