Construcción de paz, reflexiones y compromisos después del acuerdo. María Alejandra Gómez Vélez
En este sentido, en la investigación se propuso como objetivo general comprender la importancia de la memoria, como estrategia de acción para la construcción de paz en perspectiva socio jurídica, a partir de las experiencias organizativas y de reivindicación de las víctimas, en una sociedad en transición como es la colombiana, después de los acuerdos de paz, en 2017 - 2018. Así mismo, los objetivos específicos apuntan a 1) indagar en el contexto del conflicto armado en Colombia y el lugar de las víctimas, 2) identificar la memoria como estrategia de reparación simbólica, significativa para las víctimas del conflicto armado y 3) reconocer la importancia de la memoria como aspecto relevante para la intervención interdisciplinar socio-jurídica.
Por tanto, este capítulo se compone de tres apartados. El primero, da cuenta del contexto del conflicto armado en Colombia, el proceso de paz y los acuerdos con las Farc y, en ese marco, la identificación de los sujetos de análisis de la investigación, las víctimas del conflicto armado. El segundo, presenta la apuesta del Estado por la reparación simbólica a partir de la memoria del conflicto, teniendo en cuenta la participación de las víctimas, aludiendo así a la legislación y, con ello, a una de las formas más concretas y potentes de la aplicación de la reparación simbólica, que es la experiencia del Museo Casa de la Memoria -MCM.
Por último, en el tercer apartado se presenta la memoria como componente de las nuevas formas de intervención socio-jurídica en el marco del posacuerdo, resaltando lo significativo de la interdisciplinariedad, como mirada holística y oportunidad de apoyo, intercambio y complementariedad de saberes sociales y jurídicos para la incidencia en las problemáticas y situaciones asociadas a las víctimas.
El trabajo presentado da cuenta de un análisis inferencial producto de la investigación empírica, en la que se empleó el método cualitativo desde un enfoque metodológico histórico- hermenéutico. Se utilizaron como estrategias metodológicas la historia oral, la investigación documental y los grupos de discusión. La modalidad de la investigación es el estudio de caso múltiple, dada la indagación que se hizo específicamente a las organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado en Medellín. Utilizando estrategias metodológicas como la investigación documental, la historia oral y los grupos de discusión.
Por tanto, el sujeto de análisis, además de la indagación realizada en el Museo Casa de la Memoria, se seleccionó bajo la estrategia de muestreo cualitativo de bola de nieve, a partir del encuentro realizado en la primera inmersión en el campo, en la organización representativa de víctimas, denominada Mesa Municipal de Víctimas de Medellín, teniendo en cuenta únicamente las organizaciones integradas por mujeres. Para tal efecto, las técnicas cualitativas de recolección de información buscaron la recuperación de las experiencias, prácticas y contextos de las organizaciones en su dimensión sociopolítica, tales como la observación participante, las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales y técnicas interactivas.
Por ser cualitativa, la muestra es intencionada de acuerdo con los siguientes criterios de selección: la población-sujeto de análisis fueron las organizaciones de mujeres víctimas del conflicto armado que han desarrollado procesos de participación, que reivindican sus derechos de inclusión sociopolítica en Medellín, basado en este principal criterio se seleccionarán las organizaciones de mujeres víctimas para la realización del estudio de casos múltiple y la identificación de sus integrantes.
1. Contexto, víctimas y mujeres víctimas en Medellín
Reflexiones sobre el escenario histórico del conflicto armado y las víctimas en Colombia
El escenario histórico del conflicto armado colombiano desde el siglo XX tuvo como antesala La Violencia política4, periodo marcado por agudas confrontaciones entre la élite política y los ciudadanos adscritos a los partidos liberal y conservador. Los hechos acaecidos precipitarían, a principios de la década de los sesenta, la creación de grupos armados de izquierda y derecha, la agudización de la confrontación con las fuerzas militares legítimas del Estado y en la década de los ochenta, el involucramiento de otros actores como el narcotráfico, complejizando la confrontación armada con varios actores, prácticas y escenarios a lo largo y ancho del país, aunque con distintas intensidades en las regiones y localidades, así como una composición temporal disímil.
El conflicto colombiano es mucho más antiguo que los que se consideran generalmente en el marco de la noción de ‘una nueva guerra’, (…) El conflicto colombiano es de aquellos que cambian de manera permanente; pero como otros conflictos internos, comprende estratos de diversas épocas (Pécaut, 2006, p. 530-531).
Además de la dureza propia de la guerra entre actores armados, lo aterrador de este conflicto es que implica a los ciudadanos, mediante la vulneración continuada de los derechos humanos, a partir de múltiples hechos victimizantes como el desplazamiento y la desaparición forzada, la violencia sexual, los bombardeos y las tomas armadas en zonas urbanizadas, los falsos positivos, las minas antipersonales, las detenciones ilegales, las torturas, persecuciones y denigración de la dignidad en todas sus expresiones.
El resultado de estos y otros vejámenes cometidos por los grupos armados legales e ilegales, pero también por las omisiones y debilidades del Estado en garantizar la protección de los derechos humanos en los órdenes local y nacional, es la emergencia de un actor del conflicto, las víctimas. Pese a su vulneración, invisibilización y soledad, es un actor social que sorprende, en muchos casos por su capacidad de resiliencia y lucha por la reivindicación de sus derechos, por su clamor de justicia. Por las víctimas que existen y para evitar su proliferación, es que se justifica que se hagan procesos de paz en Colombia, luego de intentos fallidos por acabar la guerra a través de las armas durante más de medio siglo, en donde prevalezca el diálogo con justicia, reparación y memoria.
El beneficio de la guerra es poco evidente para los actores armados, en la perspectiva de los valores políticos y de justicia social que otrora pretendían, imponiendo a lo largo del tiempo la lucha por el poder territorial y económico, como máximo botín de guerra. Es así como la demanda por pacificar los territorios resulta infructuosa bajo estos intereses. Más aun cuando las élites políticas, como lo hicieron en el período de La Violencia, favorecen la fragmentación y polarización política y social en el país.
En este contexto, la desmovilización de las Farc es significativa, si se revisan en retrospectiva histórica las dinámicas del conflicto armado. Con su desarticulación no se acaba el conflicto armado en Colombia y pone en la escena a nuevos actores que se atomizan e incluso adquieren mayor potencia; pero sí logra mostrar en prospectiva varios caminos, por ejemplo, que la vía política es una alternativa para acabar la guerra, también la necesidad de fortalecimiento del Estado y sus instituciones y su urgente presencia efectiva en los territorios. Y, sobre todo, que este proceso de paz es la oportunidad para que sus víctimas salgan del anonimato en la opinión pública y puedan ejercer como actor político su derecho a participar en el devenir de la nueva nación que se configura en el posacuerdo.
Víctimas en perspectiva social y jurídica
La principal consecuencia del conflicto es la vulneración de los derechos humanos y es por ello que el reconocimiento de los derechos de las víctimas, de los sobrevivientes del conflicto, se constituye en un aspecto fundamental al momento de regularizar un país al final de las hostilidades. De ahí que sea indispensable definir qué/quién es víctima del conflicto para poder garantizarle sus derechos.
La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, establece que las “víctimas” son
las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder (