Las FARC. Fernando López Trujillo
Por entonces se expandía la economía tabacalera y crecía la explotación del café. Este último requería de una fuerza de trabajo más dedicada y eficiente que la mano de obra esclava, no es casual que en Brasil el cultivo de café se haya desarrollado con trabajadores asalariados, suponiendo esta modalidad la decadencia definitiva de la explotación esclava en el imperio, que recién sería abolida definitivamente a fines de siglo.
Pero la eliminación de los resguardos de tierras (su reparto entre las familias aborígenes) tuvo un efecto aún más poderoso. Éste fue el de generar un inmenso mercado, que obligó a los indígenas a enajenar las parcelas comunitarias y generó su desplazamiento a las tierras calientes e inhóspitas del valle del Magdalena para cultivar tabaco. Como dice Montaña Cuéllar:
“Los indios vendieron a vil precio sus propiedades a los gamonales de sus pueblos y se convirtieron en arrendatarios de las grandes haciendas..."
Eso cuando no en peones asalariados en sus tierras ancestrales.
El monocultivo, y las economías de exportación de “ciclo corto" son, como su nombre lo indica, economías sumamente inestables. Hacia 1880, la actividad tabacalera comenzaba su crisis: la hoja de tabaco sometida a largos viajes llegaba deteriorada y perdía calidad; cultivos y selecciones de superior nivel la fueron expulsando del mercado europeo. El reemplazo llegó por la vía del añil y la quina como cultivos tropicales alternativos. Su exportación también sería efímera, y su momentáneo éxito se basó en los elevados precios que estos productos recibían en Europa a fines de siglo, motivados por la crisis en la India. Cuando allí se restableció la producción de colorantes para la industria textil, se desplomó la iniciativa colombiana. Lo mismo ocurriría con la quina, que no resistió la competencia de otras regiones coloniales que utilizaban mejores técnicas de cultivo y producción.
El café, sin embargo, se constituiría en el principal producto de exportación de la economía colombiana, y a la vez en la actividad más estable y prolongada. En buena parte, esta circunstancia derivó de las condiciones geográficas y climáticas óptimas en que se desarrolló su cultivo en el país.
Estas iniciativas del capitalismo en Colombia requerían de la expansión del ya mencionado mercado de tierras. Y un obstáculo importante para su constitución -aparte de los resguardos indígenas -lo constituían las tierras en manos de la Iglesia. Como en otros países americanos, los liberales encabezaron la ofensiva privatista sobre las posesiones eclesiásticas que Carlos Marx describiera con tanta profundidad en el famoso capítulo XXIV de su libro El capital: "La acumulación originaria".
Para 1861 se promulgaron dos decretos sustantivos. El primero disponía la adjudicación al Fisco de todas las propiedades de corporaciones civiles y eclesiásticas, establecimientos de educación, de beneficencia o caridad, indemnizables por el valor de la renta que producían; el segundo establecía la salida a remate de estas propiedades, que habrían de comprarse con bonos de la deuda pública, por lo que resulta ocioso averiguar quiénes habrían de comprarlas. La Iglesia declaró desde el inicio excomulgados a quienes adquirieran esos bienes, pero los beneficiarios fueron militares y gentes amigas del gobierno, que consideraron que tal excomunión podría redimirse, seguramente, con dinero.
Y ese dinero fluía a manos llenas entre los asociados al gobierno, porque ciertamente las grandes fortunas colombianas siempre se hicieron a la sombra del Estado. Por supuesto, tampoco es ésta una modalidad particularmente colombiana en el concierto latinoamericano. La identidad entre élite dominante en lo económico y personal administrativo y directivo del Estado será la que conforme las distintas oligarquías latinoamericanas, que se han caracterizado, justamente, por el ejercicio monopólico del poder público.
La lucha por el poder
Así, la sangrienta cadena de revoluciones que anegaron el país durante el primer siglo de su vida independiente, y devoraron centenares de millones de la riqueza pública y privada, dejando en la miseria a millares de familias humildes, tiene su origen en la disputa por la posesión del poder político que asegura beneficios económicos a sus asociados. De 1830 a 1903 ocurrieron en Colombia veintinueve alteraciones del orden constitucional, nueve grandes guerras civiles nacionales, catorce guerras civiles locales, dos guerras internacionales con el Ecuador, tres golpes cuarteleros y una fracasada conspiración. Esta última, de carácter conservador, fue la ahogada en germen por el gobierno del presidente Santander, en 1839.
Este extenso conflicto, que las fuentes históricas suelen referir como las “luchas entre conservadores y liberales", contiene una realidad escamoteada o quizá desatendida en esos mismos relatos: es la de los millares de muertos, desaparecidos, mutilados y emigrados de las clases populares que participaron como carne de cañón en estas contiendas. Tan sólo en la llamada Guerra de los Mil Días (18991902) perecieron más de cien mil hombres; los heridos y mutilados fueron incontables; otros centenares de miles, sus deudos, padecerían el hambre de una crisis que el país tardaría muchos años en remontar. Como expresa Montaña Cuéllar:
“Propiciando aún más la matanza, el ministro de Guerra José Vicente Concha ordena a los comandantes de columnas que, como los ascensos se han venido confiriendo con una largueza tal que hasta los alcaldes y prefectos han hecho coroneles y generales, en lo venidero este Despacho será la única entidad que los otorgará, advirtiendo que el requisito indispensable para ascender de Mayor a Teniente Coronel será que el agraciado haya dejado por lo menos 100 muertos en combate..."
Este “requisito" da un índice del valor de la vida humana, más allá de relacionarlo con un número o dato estadístico.
Estados Unidos en acción
Mientras la burguesía colombiana dirimía ferozmente sus pleitos, un nuevo patrón convocaba a la obediencia a la agitada región. Estados Unidos reemplazaría a Gran Bretaña como polo de la relación imperial, y así, aprovechando los conflictos internos, financió la secesión del istmo panameño. En 1903 se proclamaba la independencia de Panamá y sus nuevas autoridades firmaban con las norteamericanas un tratado por el que los Estados Unidos se aseguraban la posesión a perpetuidad del canal a construirse próximamente.
Del escaso patriotismo de la clase gobernante colombiana dan cuenta no sólo su tímida reacción frente a la secesión panameña, sino aún más, la extraña teoría elaborada diez años más tarde para compensar psíquicamente la pérdida. Se trata de la llamada tesis de “la estrella polar" que se atribuye a Marco Fidel Suárez, un destacado lingüista de la época. Pretenciosa en la forma, la tesis postulaba:
“Quienquiera que observe el poderío de la Nación de Washington, su posición en la parte más privilegiada de este continente, sus influencias sobre los demás pueblos americanos de los cuales ella se ha llamado hermana mayor, lo atenuadas que en comparación van siendo las de las potencias europeas, y lo insignificantes que en mucho tiempo tienen que ser las de los pueblos asiáticos; [...] Siendo esto así, el norte de nuestra política exterior debe estar allá, en esa poderosa Nación [...] si nuestra conducta hubiera de tener un lema que condensase esa aspiración y esa vigilancia, él podría ser res pice polum- 'mirar piadosamente hacia el Polo'- , es decir, no perdamos de vista nuestras relaciones con la Gran Confederación del Norte."
Más allá de lo discutible de esta formulación, ciertamente ésta ha gobernado la política exterior de la Nación colombiana durante todo el siglo XX, y es posible incluso ver una reafirmación de ella en el siglo XXI.
Oro negro
La forma de ingreso del nuevo amo imperial se realizó mediante la inversión petrolera. Esta industria exige inversiones cuantiosas, fuera del alcance de las atrasadas economías nacionales de los países latinoamericanos. En un comienzo, la legislación respectiva cuidó el principio heredado de la colonia hispana que prescribía que todas las minas “y entre ellas los bitúmenes o jugos de la tierra" pertenecían a la Corona, y, por traslación, al Estado colombiano. Pero los inversores estadounidenses buscaban ser propietarios de los yacimientos y en lo sucesivo abundarán las presiones para cambiar la legislación nacionalista.
Los estadounidenses alcanzarían sus anhelos durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, un antiguo político liberal que fuera embajador colombiano en Washington