Biodiversidad y propiedad intelectual en disputa. Santiago Roca
tradicionales de los pueblos indígenas que habitan las regiones biodiversas del planeta, quienes han acumulado conocimientos sobre las propiedades o principios activos de las plantas; pero también es la fuente primordial de la ingeniería genética, que requiere de amplios acervos de variedades de plantas o animales para la investigación en sus laboratorios. Así, los sistemas de conocimiento ancestral indígena representan una posibilidad de abreviar el tiempo necesario para la búsqueda y experimentación, y el canal más expedito para conformar bancos genéticos15.
Se calcula, por ejemplo, que en los procesos de investigación y desarrollo de nuevos fármacos puede ahorrarse hasta el 25% de los costos de producción (entre 300 y 500 millones de dólares) mediante la aplicación de conocimientos etnobotánicos o saberes indígenas asociados a los usos y aplicaciones de plantas medicinales.
¿Cómo ingresar a estos territorios?, ¿cómo extraer los recursos, las semillas, las muestras?, ¿cómo persuadir a las poblaciones locales para cooperar con estos proyectos?, ¿cómo impedir que otros competidores obtengan la misma información? Las respuestas son diversas y dependen de las estrategias que implementan los operadores de los proyectos de bioprospección, de su capacidad de ejercer coerción, de sus posibilidades de establecer alianzas estratégicas o de la legitimación de algunas de sus actividades. La creación de las condiciones de acceso está vinculada, también, a la capacidad de quienes impulsan las investigaciones para imponer un marco normativo adecuado que facilite el establecimiento de políticas sectoriales (agrícola, transgénicos, forestales u otras) o políticas generales como las de propiedad intelectual, que pueden incluir cuestiones relativas a patentes sobre formas de vida.
2.2. Bioprospección y geopolítica del conocimiento: International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG)
El reto de abrir un campo nuevo de investigación tecnológica implica una profunda transformación en la geografía del poder sobre los territorios mundiales, lo que obliga al Estado —en tanto personificación del núcleo hegemónico— a asumir esta tarea dentro del marco de la seguridad nacional y a emprender acciones encaminadas a construir esa hegemonía a través de un andamiaje que acelere la apropiación y el establecimiento de nuevas normas.
La división de funciones entre las instituciones del Estado y las empresas multinacionales (EMN) permite poner en práctica tanto mecanismos de presión económica como legitimaciones científicas respaldadas por los sistemas de universidades de los países del Norte (principalmente estadounidenses), a través de los cuales se logra disimular el empleo lucrativo que dichas empresas hacen de los recursos biogenéticos.
En este contexto, cabe explicitar que la relación Estado-EMN ha sido y es fundamental, sobre todo para el control de las economías más débiles de los estados nacionales periféricos (ENP)16; por lo tanto, resulta errada la creencia de que las transnacionales se han erigido como un actor autónomo en las relaciones económicas internacionales. En efecto, este discurso ofrece una interpretación equívoca, pues, virtualmente, todas las transnacionales —lejos de ser stateless corporations— operan desde una base nacional que se mantiene en estrecha relación con un Estado que es altamente funcional a los intereses privados (un caso excepcional es Estados Unidos), que las regula, protege y subsidia en formas diversas, ya sea por medio de un alto gasto público, mediante intensas relaciones industriales-militares o a través del despliegue de instrumentos de proyección diplomático-militar o económico-institucional, con la participación de organismos multilaterales de financiamiento, como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De manera que no resultan casuales ni la forma ni el ritmo creciente con que se despliegan los proyectos de bioprospección a nivel global, ni su impulso por parte de organismos e instituciones nacionales e internacionales, como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el consorcio International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG), que, a la larga, buscan homogeneizar, subordinar e integrar las principales oficinas de patentes del mundo en un único sistema internacional.
Este es el contexto en el que surge el programa ICBG, cuyas actividades dependen de la planeación estratégica realizada en el Grupo de Asesoramiento Técnico (TAG, por sus siglas en inglés), instancia gubernamental de altísimo nivel conformada por miembros de tres instituciones públicas estadounidenses: el Servicio de Agricultura Extranjera (FAS, por sus siglas en inglés), la Fundación Nacional de Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), dentro de este último se encuentra el Centro Internacional Fogarty (FIC, por sus siglas en inglés), cuyo representante asume el cargo de director del Programa de Biodiversidad.
En marzo de 1991, el TAG, junto con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), de EE. UU., convocó a una conferencia de expertos sobre el descubrimiento de drogas, biodiversidad y crecimiento económico, en la que participaron representantes de la industria farmacéutica, expertos en etnobiología, medicina tradicional y cuestiones jurídicas relativas a la propiedad intelectual. Con base en las conclusiones del evento, se lanzó, en junio de 1992, una convocatoria para formar el consorcio ICBG, que formalmente promueve la participación internacional en iniciativas de bioprospección con fines farmacéuticos, conservación de la biodiversidad y desarrollo de proyectos económicos sustentables en países del Sur global17. Atendiendo a esta convocatoria, entre septiembre y noviembre de ese mismo año se registraron 97 solicitudes proponiendo proyectos en trece países de América Latina y el Caribe, siete en Asia, cuatro en África y uno en el Medio Oriente. Las propuestas fueron evaluadas por un equipo multidisciplinario proveniente de universidades, museos, compañías farmacéuticas, el BM e instituciones sin fines de lucro con experiencia en química de productos naturales, propiedad intelectual, sistemática, ecología, etnobiología y desarrollo internacional.
En diciembre de 1993, se seleccionaron cinco proyectos ganadores18, los que recibirían un presupuesto anual del Gobierno de Estados Unidos que oscilaba entre los 400,000 y 475,000 dólares, el cual se fue incrementando según las necesidades de cada propuesta, que además debía contar con el soporte económico de la industria privada.
El TAG controla el proyecto general (a través del FIC), que se segmenta en siete subproyectos en once países diferentes, todos en regiones tropicales del planeta, excepto uno que concierne a zonas áridas. El TAG administra todo el conocimiento obtenido y los bancos de información que se han ido construyendo, los cuales son custodiados por diferentes universidades estadounidenses. Las muestras son entregadas a empresas privadas para que realicen investigaciones acerca de sus principios activos y potenciales aplicaciones19.
Una cuestión resaltante, más allá de la abierta relación entre dependencias gubernamentales y empresas privadas, es que el ejército estadounidense es el que lidera el proyecto en Nigeria, por considerársele a este último un país riesgoso (Giménez, 2001).
Los objetivos formales de los ICBG son: abordar aspectos interdependientes de la conservación de la biodiversidad, promover el crecimiento económico sustentable y mejorar la salud humana mediante el descubrimiento de nuevas drogas para enfermedades actualmente críticas (cáncer, hepatitis, sida). Sin embargo, la estructura de los ICBG deja entrever una marcada hegemonía del Norte sobre los países del Sur, poseedores de recursos biogéneticos, pues la institución que lidera los grupos y administra sus fondos debe ser estadounidense, al igual que el director del comité asesor.
Las acciones por desarrollar no son menos convenientes para los países industrializados: descubrir, aislar y evaluar preclínicamente compuestos naturales con potencial medicinal; colectar e inventariar la mayor biodiversidad posible (información que está disponible para cualquiera, incluso fuera del grupo); y apoyar la capacitación, incluyendo la experiencia de campo de científicos estadounidenses.
Sin embargo, el programa de los ICBG considera la incorporación de los derechos de patentes y la protección de la propiedad intelectual —ya sea de instituciones o de grupos de pobladores de los países en desarrollo que sean proveedores de material— siempre a través delos ICBG. Para ello, la investigación etnobotánica resulta relevante, y es el coordinador científico de Estados Unidos quien debe centralizar todos los datos obtenidos.