Responsabilidad del Estado por actos terroristas. Edier Alberto Alzate Sanabria

Responsabilidad del Estado por actos terroristas - Edier Alberto Alzate Sanabria


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de actuaciones sistemáticas fuera de la legitimidad del uso de la fuerza con la finalidad de desestabilizar y aminorar a la oposición. Se hace la salvedad de que los contextos son diferentes y que la manera en que se cometieron los actos son un reflejo de la historia de cada país.

       4. Narcoterrorismo

      Otra categoría específica de estudio de la temática es el narcoterrorismo. Se formula entonces que en esta noción confluyen dos fenómenos muy complejos: el narcotráfico y el terrorismo. Sin el ánimo de postular una visión simplista, es posible hablar de narcoterrorismo cuando estamos frente a actuaciones indiscriminadas en contra de la población o la institucionalidad estatal que se ejecutan o son financiadas por grupos narcotraficantes con la finalidad de demostrar su supremacía sobre el Estado y el orden establecido.

      Bajo esta lógica, dicho fenómeno debe ser analizado desde su origen y la finalidad que tiene.31 Al hablar de su origen el elemento determinante es la intervención de estructuras criminales centradas en el narcotráfico que financian o ejecutan ataques vehementes para causar la desestabilización de los entes gubernamentales y el debilitamiento de los cuerpos de seguridad. Por otra parte, al referirse a su finalidad, puede resumirse que los andamiajes delictivos dedicados al narcotráfico recurren a actos terroristas con la pretensión de mostrar una supremacía de poder y mantener el control de las rutas para el tráfico de estupefacientes, que conlleve a que dichas organizaciones puedan detentar el dominio del mercado de narcóticos.

      Puede observarse que el crecimiento de grandes carteles en Colombia dedicados al narcotráfico hacia la década de los ochenta y la alianza con las guerrillas existentes es el mayor ejemplo de dicha vertiente del terrorismo, porque dentro de este contexto se propició la comisión de actos delictivos que iban desde secuestros, torturas y homicidios con la modalidad de sicariato, hasta la explosión de artefactos explosivos en puntos estratégicos para los criminales.

      Lo previo refleja que en el caso del Estado colombiano se han vivido dos formas de este fenómeno atroz, identificadas fácilmente por sus principales promotores. Por un lado, debe traerse a colación una etapa mucho más larga en el marco del conflicto armado interno sostenido entre el Estado colombiano y las distintas fuerzas guerrilleras, como las Fuerzas

      Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)32 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las cuales surgieron como agrupaciones campesinas que eligieron la lucha armada como resistencia a las fuerzas estatales pasada la mitad del siglo XX.

      Dichas guerrillas en su origen se oponían a las ideologías y prácticas que por la época se propugnaban por el Gobierno, cuestionando los intereses de las élites terratenientes en relación con el dominio político, territorial y militar que estas ejercían. Sin embargo, con el pasar de los años la lucha que para muchos podría considerarse lógica perdió su rumbo y con el pretexto de dar la batalla por los menos favorecidos en Colombia, se convirtió en una sucesión de actos reprochables.

      Dentro de los actos ejecutados se pueden ejemplificar la toma a poblaciones civiles indefensas; las masacres; las bombas a torres de energía, gasoductos, estaciones militares y templos religiosos; además de la instalación de minas antipersona, la comisión de secuestros y las mutilaciones como muestras de la vulneración sistemática e injustificada de los derechos humanos vivida en la nación.33

      Todo esto fue consecuencia de la lucha armada que consumía las vidas del país, en la que los grupos guerrilleros, aún manifestando su intención de forjar un cambio sustancial en el modelo político, económico y social imperante, se centraron en la defensa de sus intereses particulares. Añádase, pues, que dichos intereses han sido el dominio de grandes extensiones de tierra abandonadas por el Estado, la posesión de los cultivos ilícitos, la dirección de la minería ilegal, la producción de alucinógenos, aunados al control de las rutas para comercializar las drogas al exterior a cambio de millones de dólares, armamento militar y apoyo a su causa.

      Por otra parte, puede hacerse referencia a que con el crecimiento impetuoso de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, Colombia sufrió ataques que hacían más gravosa la situación interna ante la atenta mirada de la comunidad internacional. Uno de los nombres principales que se relaciona con este fenómeno cruel es el de Pablo Escobar Gaviria, líder del denominado Cartel de Medellín y máximo exponente de la confrontación de las organizaciones criminales contra la institucionalidad gubernamental en un tiempo en el que se discutía la posibilidad de aprobar la extradición de los cabecillas de los carteles a Estados Unidos.

      Solo por mencionar algunos episodios del llamado narcoterrorismo de este cartel, es posible enlistar el atentado contra el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) perpetrado con un carro bomba el 6 de diciembre de 1989,34 la muerte de varios de los candidatos presidenciales en las elecciones presidenciales de 1990, el ataque al avión de la aerolínea Avianca en que presuntamente se desplazaría César Gaviria,35 al igual que las decenas de petardos-bomba, secuestros y homicidios de servidores públicos, familiares de políticos y personas civiles.

      Como se ve, esta es una de las caras del narcoterrorismo vista desde la historia de un país como Colombia, pero la verdad es que su dimensión no se queda allí debido a que también pueden mencionarse los problemas que se viven desde una óptica regional en lugares como Centroamérica. En esa zona geográfica países como México han sufrido reiterados golpes por parte de los carteles que batallan por el control del negocio del narcotráfico, quienes no han escatimado fuerzas ni recursos para enfrentarse a las instituciones federales que se les oponen.

      Para ilustrar mejor el escenario basta con traer algunas cifras confirmadas: hacia 1990, después de Colombia, México registró el índice de secuestros más alto del mundo; entre el 2000 y el 2001, 79 periodistas fueron asesinados en México y en muchos casos con gran impunidad; así mismo, la lucha entre bandas criminales desembocó en 5500 ejecuciones en el 2008 y 6500 en el 2009, teniendo picos de aceleración mayores hacia el 2010. En total, se estima que entre el 2006 y el 2012, con Felipe Calderón de presidente, se produjeron más de 55 000 muertes vinculadas a la guerra contra el narcotráfico.36 Esto de manera breve confirma que la situación mexicana es otro caso gravísimo de violencia organizada, con consecuencias enormes para la institucionalidad del Estado y para su población.

      Se constata de este modo que las muestras de narcoterrorismo presentadas en Colombia y en México han sido un ataque directo contra su población y democracias, quedando marcado como un fenómeno de violencia que altera gravemente la paz pública y deja grandes daños desde los puntos de vista cuantitativos y cualitativos de las dos sociedades.37

       5. Terrorismo con fines separatistas

      Para finalizar este breve recorrido por los focos de estudio del terrorismo, se abordará el terrorismo con fines separatistas o independistas. En este orden de ideas, para continuar con el hilo argumentativo que se ha venido tejiendo en esta primera parte de la investigación, se expresa que esta vertiente se caracteriza por el uso de la fuerza en actos violentos por parte de grupos ajenos a la institucionalidad de los entes estatales con la intención de independizar ciertas zonas geográficas de su dominio para, de este modo, fundar nuevos Estados. Por lo general, las motivaciones que tienen estos grupos para pretender la independencia de los territorios y de sus poblaciones se enmarcan en asuntos religiosos, culturales e históricos.

      Con esto en mente, la caracterización del terrorismo con fines separatistas se genera a partir de los efectos que pretende,38 en el entendido que las acciones violentas perpetradas en contra de la población y la institucionalidad del Estado tienen el propósito de cambiar el sistema social al hacer una transición hacia la independencia de un grupo poblacional y de su territorio.

      Aunque a lo largo de la historia este fenómeno violento se ha vivido en distintos lugares del mundo, para los objetivos de la investigación únicamente se hará referencia al caso español, que es quizás uno de los más representativos de los últimos tiempos. Puntualmente, al estudiar la experiencia española puede resumirse que hacia 1958 nació la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) con dos objetivos centrados en conseguir la independencia del País Vasco y construir en él un modelo de sociedad más


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