Chile 1984/1994. David Aceituno
camino de traspaso y reconfiguración del poder tras 40 años de dictadura, como por la cercana relación que múltiples actores políticos de la oposición chilena tuvieron con el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
Esta proximidad que permitió el exilio de muchos chilenos en el viejo continente —en efecto— convirtió a Europa, y a España más concretamente, en un actor relevante para el proceso chileno de recuperación y consolidación a la democracia. Desempeño que primero se enfocó en la defensa de los derechos humanos, sistemáticamente violados por las dictaduras del cono sur5; más tarde, jugando un papel activo en la rearticulación de la oposición a la dictadura en su lucha por la democracia —aquello que la dictadura entendió como una abierta campaña anti-chilena desarrollada desde Europa6— mientras, en paralelo, cuestionaba y presionaba al régimen para garantizar el cese de la violencia y la transparencia del proceso plebiscitario de 1988. Una vez consumada la derrota de Pinochet en el plebiscito, el papel europeo se centró en colaborar en la legitimación de los caminos establecidos por la oposición partidista en la transición a la democracia. Finalmente, la Unión Europea (UE) conformó una acción relevante a la hora de reposicionar a Chile en un sistema internacional, que contemplaba el final de la Guerra Fría y el orden bipolar, retomando y profundizando las relaciones tanto a nivel político como comercial7.
Así pues, en este marco histórico, el presente texto tiene por objetivo revisar las principales perspectivas y representaciones que España —en un contexto europeo— tuvo del proceso chileno de transición a la democracia, analizando comparativamente cómo repercutió la injerencia extranjera en el proceso chileno y más concretamente la experiencia española en la trayectoria que tomó en Chile en su transición entre dictadura y democracia.
1. Tiempos, naturalezas y características de las transiciones en Chile y España
Son múltiples y desde diferentes enfoques científicos los estudios que abordan el carácter y la naturaleza de las transiciones a la democracia. Estas generalmente son “procesos de naturaleza política en la que se manifiesta un conflicto de intereses que suele ser resuelto por acuerdos entre las élites políticas provenientes del régimen autoritario y las élites opositoras“8. Igualmente, presentan la convivencia de elementos autoritarios con otros democráticos. A lo largo de este proceso, los primeros tienden a ir desapareciendo a medida que los segundos se consolidan (a menos que se viva una regresión autoritaria). Este camino traslada a una sociedad desde un Estado con derecho a un Estado de derecho9.
Ahora bien, la posibilidad de negociación entre el gobierno autoritario y la oposición siempre depende del grado de fuerza y legitimidad que dispongan ambos grupos. En el caso chileno —al igual que ocurrió en España, en 1975— la oposición al régimen contaba matizadamente con ambos aspectos: por una parte, presentó la fuerza que le había otorgado la calle a través de una masiva y activa movilización social. Por otra, una ordenada y estructurada organización partidista legitimada por la población, que demandaba el retorno a la democracia. A su vez, contó con un considerable respaldo internacional que había venido tomando forma desde el mismo 11 de septiembre de 197310, pero que, en los 80’, sirvió de soporte para potenciar y empoderar a los partidos de la oposición, a las bases movilizadas y encausar la masiva protesta contra la dictadura por la vía político-partidista11. Desde el otro lado, la dictadura chilena, tras la inestabilidad inicial que representó el colapso económico y la protesta, mantuvo siempre la unidad de las Fuerzas Armadas y el respaldo civil de sus seguidores, dotándola de la suficiente fuerza para reprimir sin contemplaciones cualquier tipo de manifestación en su contra, así como la legitimidad para seguir el itinerario establecido por la Constitución de 1980, proyectando a Pinochet incluso diez años después de perder el plebiscito. No conviene ignorar —en todo caso— cómo el proceso de transición chileno nacerá de una crisis que envuelve al conjunto de su sociedad en los años 80’s, y cuyos polos se tensionaron en forma compleja alrededor de la contradicción entre dictadura y democracia12.
Tanto el proceso español como el chileno se insertan en la denominada “tercera ola“ que estableció cuatro potenciales caminos para alcanzar la democracia: fundaciones democráticas, reformas, transiciones y revoluciones —aunque solo en Europa central y oriental existió la posibilidad de producir esta última— siendo lo característico para América Latina los tres primeros13. Ahora bien, aunque toda transición a la democracia implica una ruptura con el orden existente, no todos los procesos de transición son necesariamente rupturistas, también pueden ser reformistas14. Así, una de las características compartidas que presentaron la transición española y chilena fue su carácter reformista, sobre todo porque el poder siguió dependiendo de actores políticos vinculados al régimen autoritario. En España, por ejemplo, aunque provenientes del franquismo, los gobiernos que llevaron adelante la transición, eran abiertamente reformistas de las estructuras heredadas de la dictadura. En Chile, en cambio, las autoridades que comandaron la transición fueron originalmente de carácter rupturista dado que pertenecían a la oposición, aunque de acuerdo al equilibrio de poder establecido por la Constitución, estas autoridades quedaron rápidamente modeladas y atadas a las estructuras normativas impuestas por el régimen. Esto significó, en la práctica, que los gobiernos opositores a la dictadura no pudieran realizar grandes reformas una vez alcanzado el gobierno. De ahí que Soto Carmona insista en señalar que lo que en realidad se produjo en Chile en 1988, fue el traspaso del gobierno y no del poder, que siguió descansando en la Constitución de 1980 y el general Pinochet, reconvertido en comandante en jefe del Ejército —sin posibilidad de ser removido por el poder civil— evidenciando los límites de la transición chilena. En efecto, las leyes de amarre y los enclaves autoritarios establecidos por la Constitución, tenían como objetivo dificultar la actuación del gobierno democrático evitando así el desmontaje completo del régimen autoritario15.
De manera distinta, pero con un énfasis similar, la transición española también presentó ese carácter reformista, donde la necesidad de autotransformar al Estado se constituyó en la base original del proyecto político de los herederos de la dictadura. Sin embargo, la presión social y política interna así como la situación internacional, fueron modificando paulatinamente ese afán en aras de una mayor reestructuración, sin con ello perder de vista el objetivo principal de mantener en sus manos el control y los destinos de la transición16. En este sentido, la voluntad de reformar provino de un sector heredero del franquismo, a diferencia de Chile donde la transición la comandaron los opositores al régimen amarrados, eso sí, al marco establecido por la dictadura.
Para comprender desde una dimensión histórica los procesos de transición, se torna necesario trazar o definir la temporalidad que se percibe de este fenómeno entre las sociedades, la intelectualidad y su sistema político. Desde esta perspectiva, la transición chilena a la democracia presentó varias aristas, solapadas en un flujo complejo de acontecimientos que, sin dudas, marcaron el pasado reciente del país y en buena medida siguen definiendo parte de su actualidad. Tanto en su ámbito eminentemente político como desde una dimensión social, económica y cultural. Y si para algunos la transición es historia vieja —hija del siglo XX, poco conectada con las necesidades de hoy— para otros reviste una actualidad tan manifiesta que no dudan en vincular el malestar que sacude por estos días a Chile, con parte de esa historia17. Este debate, esta reemergencia y conexión del pasado reciente transicional con la actualidad, no es exclusividad chilena, claro está, también sucedió con la transición española hace algunos años. Es más, el historiador Santos Juliá, no hace mucho, recordaba lo extemporáneos que podían parecer los comentarios de Juan Linz, en 1996, respecto al carácter histórico (en el sentido de proceso ya concluido) que había adquirido la transición a la democracia en España, sin siquiera imaginar el profundo debate que se abriría sobre el tema diez años más tarde, relacionando estrechamente la actualidad de la situación política de ese país en pleno siglo XXI, con esa historia que parecía cerrada18. Efectivamente, en ambos casos, los cuestionamientos actuales al orden político forjado durante la transición, establecen la necesidad de revisar estos procesos políticos y la construcción democrática que de ellos devino.
En este sentido, esta continuidad de los procesos analizados por la historia del tiempo presente, no solo establecen relación con los nuevos