Neoliberalizando la naturaleza. Arturo Villavicencio
los seres humanos. En nombre del desarrollo sostenible y del manejo del riesgo ambiental, un nuevo conjunto de realidades y ecoconocimientos se han desarrollado con el fin de hacer factible la administración humana de la naturaleza y un manejo integral de sus recursos (Oels, 2005). El concepto de gubernamentalidad verde encarna, entonces, una forma global de poder ligada al Estado moderno, a la megaciencia y la comunidad de negocios e implica la administración de la vida misma, de las poblaciones y del entorno natural.
El papel de los expertos en la gubernamentalidad verde es preciso destacar. Un elemento decisivo en la emergencia de esta nueva forma de gobernanza fue la conceptualización de los problemas ambientales locales como problemas globales[16]. A partir de la década de los noventa los debates ambientales empezaron a focalizarse alrededor de problemas objeto de una menor percepción sensorial directa o de una menor comprensión de sentido común (destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, calentamiento global) en comparación con problemas más de carácter local como la contaminación, la acumulación de residuos o la erosión que hasta entonces habían sido el centro de atención de las sociedades (Hajer, 2002). Evidentemente, los nuevos megaproblemas son diferentes en términos de escala, tiempo y técnicas de control; su nivel de análisis es la biosfera global y las perspectivas de materialización se sitúan en el largo plazo. Todo esto determina que su comprensión deje de ser la experiencia directa de los seres humanos para convertirse en un asunto de especulaciones y extrapolaciones científicas complejas que requieren un alto nivel de sofisticación y costosas herramientas (supercomputadoras) de análisis. Se crea así un espacio para que un limitado grupo de expertos sean quienes definen los problemas claves, quienes evalúan la urgencia de un problema respecto a otros posibles problemas y quienes implícitamente conceptualizan las soluciones de los problemas que ellos definen (p. 10). En otras palabras, las políticas y estrategias en torno a los problemas ambientales pasan a otro nivel. Los profanos, que dependen únicamente de sus percepciones sensoriales y de la experiencia diaria son totalmente descalificados. Esta descalificación afecta también a especialistas en otros campos de las ciencias naturales, políticos, científicos sociales, filósofos quienes ven sus conocimientos devaluados frente a la complejidad de los problemas que enfrenta la humanidad (p. 12).
Esto tiene dos implicaciones. Primero, que las decisiones sobre los problemas ambientales requieren una confianza sin precedentes en los expertos y en las elites políticas (Hulme, 2009; Pielke, 2010; Jasanoff y Wynne, 1998), confianza actualmente debilitada por controversias científicas y la indecisión política. Segundo, la atención en los problemas globales margina otras preocupaciones ambientales que afectan a muchas personas o a sistemas ecológicos de una manera más directa. Esto es evidente en las políticas que afectan al cambio climático, enfocadas sobre todo a acciones de mitigación, una estrategia con repercusiones globales, en detrimento de las acciones de vulnerabilidad que atañen a problemas localizados en sus causas, consecuencias sociales e implicaciones ambientales. En este contexto, la gubernamentalidad verde puede ser vista como un discurso «desde arriba» que deja al margen visiones alternativas del mundo natural. A través de una poderosa y desconectada visión global, la naturaleza es concebida como una infraestructura terrestre sujeta a la protección, manejo y dominio del Estado. Los procesos movidos por el conocimiento científico, basados en la soberanía reconocida de las convenciones globales, son bajo este discurso enmarcados como un proyecto instrumental y tecnocrático inmerso en un lenguaje de expertos y en narrativas apocalípticas que favorecen a las elites políticas y de investigación.
Paralelamente, o más bien como aliado de la megaciencia en su función decisiva en la consolidación de nuevas formas de gobernanza, aparecen las grandes organizaciones ambientalistas en alianza con el capital transnacional. Las raíces del sorprendente crecimiento e influencia de estas ONG en la arena ambientalista global hay que encontrarlas ya en los programas de ajuste estructural impuestos por las agencias multilaterales de financiación a los países en desarrollo a partir de la década de los ochenta. Estos programas condujeron a una reducción de la inversión del Estado (la protección a largo plazo de la naturaleza, uno de los rubros afectados), recortes que evidentemente favorecieron a la creación de un espacio para estas organizaciones al asumir una destacada responsabilidad en el manejo de programas ambientales. Se trata de las llamadas ONG transnacionales (Ford, 2003) o BINGO (Big Non-Governmental Organizations)[17]. A lo largo de la década de los noventa, estas organizaciones se expandieron rápidamente en tamaño y presupuesto, y pasaron de centros de producción de conocimiento y consulta a convertirse en grandes burocracias en levantamiento de fondos e implementación de proyectos (MacDonald, 2011). Las organizaciones buscaban desarrollar mecanismos a través de los cuales la conservación de la biodiversidad podía pagarse ella misma bajo la idea de una naturaleza concebida como un capital natural. Bajo la influencia de un entorno crecientemente gobernado por la institución global del neoliberalismo, estas organizaciones, trabajando alrededor de la conservación buscaban, directa o indirectamente, convertir el valor de uso de la naturaleza en valor de cambio a través de un sinnúmero de proyectos en pequeñas comunidades alrededor del mundo. Se trataba de instrumentalizar la conservación para la acumulación del capital como un vehículo a través del cual los intereses del capital podían ganar acceso a sitios de la naturaleza como un capital natural. Así, «desde la bioprospección, el ecoturismo, las alianzas público-privadas hasta los trofeos de caza se convirtieron en la manifestación de una naturaleza comercializada reorientada a servir a una elite y los intereses de las corporaciones que, bajo la retórica de conservación comunitaria, proveía un beneficio para las comunidades locales» (p. 52).
En la actualidad las BINGO mantienen estrechas relaciones políticas y financieras con los gobiernos, agencias bilaterales y multilaterales y corporaciones multinacionales que operan en los países en desarrollo (Chapin, 2004; MacDonald, 2011; Igoe, Neves y Brockington, 2011; Kelly, 2011). Esta alianza vuelve casi imposible a estas organizaciones cuestionar problemas ambientales que puedan entrar en conflicto con los intereses de las corporaciones mundiales. De esta manera, en la medida en que los límites entre el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil se volvían más porosos bajo la gobernanza neoliberal, las BINGO se iban posicionado en el vacío dejado por el Estado para convertirse en «el caballo de Troya del neoliberalismo» (Harvey, 2005: 177). Como observa Chapin, «en un viraje irónico, las grandes ONG se han aliado con las fuerzas que están destruyendo los ecosistemas remanentes, ignorando o a veces oponiéndose a aquellos grupos y fuerzas que intentan salvarlos de la destrucción» (2004: 26).
En resumen, tres importantes observaciones ameritan la emergencia de estas organizaciones en la nueva configuración de la gobernanza ambiental a nivel global (Corson, 2011). Primero, ellas han capitalizado una visión idealizada de ellas mismas como representantes genuinos de una sociedad civil preocupada en contrarrestar los efectos de la degradación ambiental causados por el desarrollo capitalista. Segundo, la focalización en la biodiversidad de los países del Sur, como un problema ambiental global ha sido fundamental para el desarrollo de alianzas entre las ONG transnacionales, Gobiernos de los países desarrollados y corporaciones. La definición tanto del ambiente como la biodiversidad de los países en desarrollo, a ser protegida en parques nacionales lejos de los intereses económicos y políticos, ha sido un catalizador para el apoyo de los políticos y empresarios a programas de «ayuda ambiental» manejados por las BINGO y sus socios. Por último, el discurso de esas organizaciones ha cimentado la idea de que los países del Norte pueden ser ambientalmente respetuosos sin confrontar la degradación causada por sus estilos de desarrollo. Más aún, este discurso contribuye a un proceso en el cual el ambientalismo es incorporado en la creación de nuevos espacios simbólicos y materiales, para la expansión global del capital (p. 110).
Pero, como se señaló anteriormente, el papel del Estado en la gobernanza ambiental neoliberal no significa únicamente un reescalamiento o descentramiento hacia arriba de sus funciones de gobernanza, es decir, a una escala supranacional. Paralelamente a este fenómeno se producen cambios importantes a un nivel subnacional y tienen que ver con la incorporación de unidades administrativas de nivel inferior y de grupos sociales locales en los procesos formales de gobernanza ambiental (Lemos y Agrawal, 2006). En otras palabras, también tiene lugar al mismo tiempo un proceso de reescalamiento o descentramiento hacia abajo de las funciones de gobernanza. Se trata de una gobernanza ambiental descentralizada bajo la cual actores locales