Neoliberalizando la naturaleza. Arturo Villavicencio
ambientales de acuerdo a sus intereses. Estas escalas espaciales de gobernanza nunca son fijas, sino que se encuentran en un proceso continuo de redefinición, cuestionamiento y reestructuración en términos de su alcance, contenido, importancia e interrelaciones. Así, las políticas ambientales se caracterizan por un movimiento paralelo y simultáneo entre las grandes y pequeñas escalas, entre lo global y local, movimiento definido como «glocalización» (Swyngedouw, 1997).
Este proceso de producción del espacio a través de una perpetua reelaboración de las geografías de circulación y acumulación del capital descarta configuraciones y escalas de gobernanza existentes y produce nuevas configuraciones en el proceso… Esta construcción y deconstrucción de escalas espaciales reestructura las relaciones sociales de poder de manera significativa (Swyngedouw, 2000: 68).
Pero el fenómeno de glocalización también puede presentarse problemático y traer consigo algunos riesgos. Algunos críticos de la conservación neoliberal han señalado (Fletcher, 2010; Pleumarom, 1996; Duffy, 2002) que en lugar de restituir el control y gestión de los recursos y el ambiente a los miembros de las comunidades, la neoliberalización crea las condiciones para el aumento del control por parte de las corporaciones, agencias internacionales y grandes ONG a través de estructuras descentralizadas de gobernanza en las que participan los miembros de las comunidades. Muchas comunidades ven sus derechos sobre los recursos disminuidos en la medida en que estos, a través de proyectos y programas financiados con ayuda externa, son incorporados en amplias estructuras de mercado y esta mercantilización altera los valores y significados locales, afectando las dinámicas sociales y culturales dentro de las comunidades. Estos son temas que no pueden ser ignorados cuando se evalúan las bondades de los procesos de descentramiento del Estado en la gobernanza ambiental.
Un elemento importante en las nuevas modalidades de gobernanza es el uso de mecanismos y herramientas que indirectamente incitan a las personas a actuar de una manera determinada en lugar de dirigir el comportamiento mediante instrumentos de comando y control o las llamadas formas coercitivas de regulación. Siguiendo la tipología sugerida por Fontaine (2015), esta modalidad podría ser asimilada a un descentramiento de las funciones del Estado hacia afuera. Se trata de la proliferación de lo que McCarthy y Prudham (2004) describen como los crecientes marcos regulatorios que implican estándares y reglas no obligatorios, cooperación público-privada, autorregulación y una mayor participación de ciudadanos y coaliciones. Este es el caso de los etiquetados de los productos (verde, ecosaludable, orgánico, responsable, etc.), cuya verificación es generalmente llevada a cabo por actores no gubernamentales a través de certificadoras especializadas o asociaciones comerciales, algunas de las cuales son manejadas como negocios, otras como ONG (Guthman, 2008; Carrier y Macleod, 2005).
Resulta evidente que el etiquetado verde y consumo ético son dos caras de una misma moneda. Quienes abogan por este tipo de consumo argumentan que los consumidores pueden usar sus preferencias de mercado para presionar a las empresas, en un mercado competitivo, a cambiar la manera hacer las cosas sin necesidad de normas coercitivas y controles. El consumo ético marca una conjunción del capitalismo y la conservación de la naturaleza ya que utiliza las transacciones de mercado, o los mecanismos de mercado en general, como un mecanismo efectivo de protección del ambiente. Algunos autores (Guthman, 2008; Carrier, 2011; Wanner, 2015) consideran el consumo ético como una expresión moderna de la resistencia social a la que hace referencia Polanyi en su tesis del doble movimiento (2001 [1944]: 138). En este caso, consumo ético sería una forma de resistencia para la protección del ambiente de los excesos del capitalismo de libre mercado. Los autores citados, entre otros, ven en estas modalidades y mecanismos de gobernanza una tercera vía entre la regulación del Estado y la privatización de todo; una suerte de desplazamiento desde la antirregulación hacia una «metarregulación» (Guthman, 2008); es decir, una modalidad de gobernanza que implica un cambio en la distribución tradicional de responsabilidades hacia una nueva situación en la que la política pública desempeña el papel de facilitador a través del apoyo de esquemas y pagos, mientras las fuerzas del mercado, a través de redes autoorganizadas, desempeñan el papel de regulación.
Tanto el etiquetado verde y el consumo ético, como nuevas modalidades de gobernanza ambiental, tienen que ver con nuevas formas de propiedad. Estas nuevas formas se enmarcan en la teoría moderna de la propiedad, entendida esta no como un objeto en sí mismo, sino como las reivindicaciones sobre el objeto (Sagoff, 2008; Godard, 2005). Estas reivindicaciones, objeto de transacciones en los mercados, pueden verse como una suerte de privatización: lo que es vendido y comprado a través del proceso de verificación es el derecho de propiedad a usar una etiqueta con el fin de tener acceso a un mercado e incrementar el valor (Carrier , 2011; Guthman, 2008). En este caso, la privatización define o delimita un derecho de acceso. Una lectura de la privatización neoliberal consiste en que estas reivindicaciones pueden ser aisladas de una manera sin precedentes, incluyendo, en el caso de la propiedad de la tierra, la venta de diferentes servicios ecosistémicos a usuarios diferentes. Todos estos cambios son parte de las tendencias privatizadoras neoliberales bajo las cuales los derechos de propiedad están siendo constantemente reinventados para reforzar la racionalidad del mercado (Godard, 2005; Guthman, 2008).
En resumen, en un proceso de adaptación (rerregulación) para acoplarse a nuevas circunstancias, el Estado-nación pierde su monopolio del poder, dejando de ser la única fuente de gobierno, mientras que niveles subnacionales o supranacionales ocupan los espacios de poder cedidos. El mismo término gobernanza destaca las modalidades en las que el poder de gobernar está ahora disperso entre múltiples actores (incluidos actores privados) y niveles de gobierno. En este proceso, los mecanismos de gobierno están desplazándose de aquellos formales a informales; en su forma, desde jerarquías hasta redes; desde contratos obligatorios hacia acuerdos voluntarios (Oels, 2005: 188). Sin embargo, las modalidades de gobierno basadas en el Estado no siempre son sustituidas por otras formas de gobernanza, sino complementadas. Lo preocupante es que en este proceso de redistribución de poderes, la gobernanza neoliberal establece escalas asimétricas: a las instituciones y actores locales se les otorga responsabilidades sin poder, mientras los actores e instituciones internacionales ganan poder sin asumir responsabilidades (Peck y Tickell, 2002: 386).
El proyecto neoliberal en el Ecuador
En el Ecuador, al igual que en muchos países, el neoliberalismo no ha sido sometido a un análisis de la especificidad contextual y su articulación a diferentes escalas; o a un análisis de la hibridización del neoliberalismo con otros proyectos políticos (el «socialismo del siglo xxi», por ejemplo) y con otras relaciones sociales (ambiente, etnicidad, género). En lugar de abordar el neoliberalismo como un proyecto de política económica hegemónica y una ideología unitaria, Peck y Tickel (2002: 383) argumentan que el análisis debe enfocarse en la (re)constitución del proceso de neoliberalización y las modalidades variables bajo las cuales diferentes neoliberalismos locales son inmersos en redes más amplias y estructuras globales de neoliberalismo. Como se anotaba anteriormente, el fenómeno neoliberal se produce en realidades concretas, situadas y datadas y, por lo tanto, no se puede abordar el neoliberalismo como un conjunto de principios aplicados de manera homogénea en las sociedades. Esta fuera de los objetivos del presente trabajo entrar en un debate sobre estos temas; esta es una tarea pendiente para la academia. De todas maneras, en esta sección creemos oportuno enfatizar en la vigencia y continuidad del proyecto neoliberal en el Ecuador[18]. Este ejercicio es importante porque tanto en círculos intelectuales y políticos persiste la idea del proyecto neoliberal en el Ecuador como una etapa superada, aunque su balance es todavía una tarea pendiente.
Por una década, el discurso gubernamental de la administración anterior, con un eco cuestionable en círculos intelectuales, giró en torno al mensaje de superación del proyecto neoliberal. Aún en la actualidad el discurso habla del posneoliberalismo como una etapa de superación de los postulados y prácticas neoliberales en las políticas públicas. Si esto fuera cierto, trabajos de investigación como el presente no tendrían sentido. Pero, la realidad demuestra todo lo contrario. «El ampliamente proclamado fin del neoliberalismo se parece más y más a la continuidad de su agenda con otros medios» sostiene N. Castree (2010) o, como señalan Acosta y Brand (2018: 19), asistimos a una suerte de «neoliberalismo transgénico». Nos hacemos eco de las palabras de Castree cuando afirma:
Yo