Así se murió en Chile. Liborio Justo
el Frente Popular. Salvador Allende fue su ministro de salud en 1938, candidato a la presidencia por el Frente del Pueblo en 1958 (Allende perdió por 30.000 votos), y nuevamente candidato a la presidencia por el FRAP en 1964.
El gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973) fue presentado como “modelo de transición al socialismo” (la “vía chilena”), ya que se emprendía por medios legales, por la vía parlamentaria y pacífica.
Liborio Justo propone una posición crítica muy bien documentada para analizar las debilidades y limitaciones del gobierno de Salvador Allende, de carácter reformista al pretender avanzar manteniendo la legalidad y la Constitución vigente.
El autor presenta un fructífero análisis de los lineamientos de clase y de las relaciones de fuerzas políticas que se enfrentan, incluye las divergencias dentro de la propia izquierda (sectores del Partido Socialista contra el Partido Comunista) y con la nueva izquierda chilena, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Así, el Partido Comunista chileno (el tercer PC en importancia en el mundo después de los PC francés e italiano) fue la columna vertebral de la Unidad Popular, aunque Allende pertenecía al Partido Socialista y no representaba al ala izquierdista de su propio partido. Más bien, en el contexto ideológico de los 70, se lo vinculaba a los “vicios del parlamentarismo” y la socialdemocracia (Allende había sido diputado y senador). Liborio Justo destaca la polémica y el contrapunto de posiciones que enfrentaron al PC y al MIR, liderado por Miguel Enríquez, egresado de la Escuela de Medicina en la Universidad de Concepción.
El MIR, fuerza de origen estudiantil y de posiciones guevaristas, apelaba a la movilización de las masas, propiciaba la ocupación de tierras en el sur mapuche y de terrenos para las poblaciones de los suburbios de Santiago. El MIR, que no integró la coalición oficial allendista, alentó la ocupación de fábricas y la formación de los Cordones Industriales, y propició que los estudiantes miristas vivieran en poblados y con los mapuches. Los miristas salieron de la cárcel y de la clandestinidad gracias a la amnistía a los presos políticos concedida por Salvador Allende y brindaron su apoyo crítico al presidente, incluso integrando el GAP (Grupo de Apoyo Personal) y su custodia. Uno de los miembros del MIR, Andrés Allende, era el sobrino del presidente y fue candidato a rector de la Universidad.
Allende –como manifestó durante su gobierno– estaba comprometido en mantener el pluralismo político, ya que su fuerza reposaba en la legalidad constitucional y en conciliar con la oposición, fundamentalmente con la Democracia Cristiana, liderada en el Congreso por el senador y ex presidente Eduardo Frei. También, buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas, confiando en su lealtad y en su posición “constitucionalista”, a la que respondía el general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército: “Las Fuerzas Armadas de Chile son el pueblo con uniforme”.
Así, el presidente socialista procuró mantener un delicado equilibrio de fuerzas desde el inicio de su mandato. La Unidad Popular solo controlaba el Poder Ejecutivo y tuvo que enfrentar una mayoría opositora en el Parlamento; también el Poder Judicial y la Suprema Corte le eran adversos, con dictámenes hostiles que bloquearon proyectos y restringieron la gestión de Allende.
Liborio Justo relata cómo se fueron desarrollando las luchas políticas y sociales al borde de la “guerra civil” que el presidente Allende pretendió evitar, pero que comenzó solapadamente y se fue intensificando. Los intentos de invertir esta relación de fuerzas, ya bastante precaria, comenzaron antes de su asunción, cuando los Estados Unidos propiciaron un gobierno de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de sus corporaciones radicadas en Chile y El Mercurio, vocero de la alta burguesía chilena. Así, las actividades y atentados de grupos derechistas fueron alentados por el Partido Nacional y la organización Patria y Libertad (financiada por la CIA); el despliegue de la violencia y el sabotaje a la economía se fue intensificando por la acción de estos sectores golpistas.
Liborio Justo denomina este proceso como “golpe gradual”: constituye la última etapa del gobierno de la Unidad Popular, en la que se suceden la escalada y la ofensiva opositora para provocar la intervención inminente de las Fuerzas Armadas chilenas.
En esta periodización política, Liborio destaca “la batalla de octubre de 1972”, que comienza con un prolongado paro de transportistas; los propietarios de flotas de camiones paralizan la economía provocando el desabastecimiento de combustible y alimentos en las ciudades. El conflicto (lockout patronal/empresarial) se extiende por 27 días, al que se suman comerciantes minoristas y profesionales.
A esta situación se suma la campaña de embargos de la minera Kennecott en Europa, que consiguió embargar el envío de cobre chileno a Francia.
En esta ocasión, la intervención activa de los obreros junto con la movilización más grande de las fuerzas populares de todo el proceso de la Unidad Popular, impulsaron la formación de los Comandos Comunales y de los Cordones Industriales, organizaciones zonales que coordinaron la resistencia obrera.3 Los obreros ocuparon las fábricas, mientras que los estudiantes y otros jóvenes condujeron la flota de camiones del Estado, y permitieron quebrar el boicot del sector patronal.
Esta constituyó la “verdadera revolución chilena”, afirma el autor. El Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) exigió la ruptura de relaciones con Estados Unidos, y el MIR reclamó la expropiación sin indemnización de las empresas norteamericanas. Estas estaban en conflicto con la denominada “Doctrina Allende”, que proponía deducir del monto de las indemnizaciones que se debía pagar a las propietarias mineras nacionalizadas (Kenecott Copper y Anaconda Company), las ganancias excesivas superiores al 12 por ciento anual (la alta rentabilidad de las mismas alcanzaba el 21%).
Como señala el autor, la agudización de la lucha de clases concluyó en la determinación del presidente Allende de dar concesiones, y negociar con los sectores que exigían una rectificación de su Programa. Así, optó por conciliar con la oposición y por incorporar las Fuerzas Armadas al gobierno. Todas las fuerzas políticas de la Unidad Popular rodearon al presidente y justificaron la formación de un gabinete cívico-militar para solucionar el paro de camioneros de octubre de 1972, aunque esta solución se presentaba como transitoria hasta las elecciones parlamentarias que debían realizarse en marzo de 1973.
De este modo, sostiene el autor, el combate político pasaba del “terreno insurreccional” a librarse en el terreno institucional y electoral. Así, el general Carlos Prats se incorpora como Ministro del Interior, el contralmirante Ismael Huerta como Ministro de Obras Públicas y Transportes, y el general de Brigada Claudio Sepúlveda (Aviación) como Ministro de Minería.
Por otro lado, el gabinete con militares despertó críticas fundadas de diversos sectores como por ejemplo del MIR. Los militares actuaban como garantía para las patronales de las industrias ocupadas durante el lockout, intervenidas por el Estado para exigir su devolución.
En consecuencia, como demuestra Liborio Justo, el poder obrero entra en conflicto abierto con el gabinete cívico-militar del presidente Allende, ya que los obreros solicitaban la incorporación de las empresas ocupadas en todos los Cordones Industriales, al Área Social de la economía.4
En las elecciones de marzo de 1973, donde se renovaba la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, la oposición contaba con “derrotar” a Allende y no “derrocarlo”. Pero el resultado fue relativamente favorable a la coalición oficial de la UP que sorprendió obteniendo el 43,9%, un porcentaje superior al de 1970. Sin embargo, la Democracia Cristiana con un 29% de los votos se convirtió en el partido opositor más importante en el Parlamento y se negó sistemáticamente a integrar el gabinete de Allende.
Los militares dejaron sus cargos ministeriales y se elevó la lucha ideológica, el nuevo Parlamento aprobó la Ley de Control de Armas (proyecto de la Democracia Cristiana) dirigida a desarmar a grupos civiles pero que apuntó fundamentalmente a debilitar y disminuir el Área de Propiedad Social de la economía. Así, la Ley instrumentó requisas violentas en los Cordones Industriales, poblados y locales de izquierda. El control de armas habilitó los allanamientos de fábricas y la represión a los que realizaran tomas, también de locales, calles o tierras.
El 29 de junio de 1973 las Fuerzas Armadas, dispuestas a derrocar al “gobierno marxista