Investigar a la intemperie. Carlos Arturo López Jiménez
exclusión o domesticación de cuestiones relativas a la inequidad económica y la redistribución de los análisis transicionales. Entendemos tal exclusión y domesticación como una consecuencia de reducir las preocupaciones socioeconómicas a una discusión “estrecha de las reparaciones” y de la lectura de la desigualdad como un mero “telón de fondo contextual” (Miller, 2008, pp. 266, 273-280). En particular, nos interesa cuestionar la sistemática exclusión en el debate de las transiciones de temas como las decisiones socioeconómicas sobre el territorio y los recursos; la correlativa inmunidad del desarrollo económico como el marco casi incuestionable de las decisiones en los posconflictos; la pregunta por quiénes se benefician del control y la regulación de la explotación de los recursos naturales durante el posconflicto; la criminalización de los disensos sobre el uso y el destino de los recursos y el territorio; y el alto grado de inmunidad política de la transferencia y distribución de las cargas y los costos de las decisiones económicas y ambientales. En ese sentido crítico, las organizaciones de los tres territorios están comprometidas con denunciar y resistir las violencias asociadas a las transiciones, así como con proponer alternativas transicionales que apuestan por mantener o recuperar la vida campesina en sus territorios.
Asimismo, sus luchas están en sintonía con lo que Maristella Svampa denomina el “giro ecoterritorial de los movimientos sociales latinoamericanos” para referirse a la convergencia de las luchas ambientales, la defensa del territorio y procesos comunitarios (Svampa, 2011, p. 190).3 Este giro, entre otras cosas, alude a la defensa del territorio, entendido como un lugar en el que los modos de vida y de relacionarse con el entorno son inseparables de las disputas ecológicas y ambientales; su defensa también alude a la exigencia de autodeterminación como base de las luchas para permanecer en un territorio determinado. Quizás por esto, muchos de los movimientos sociales colombianos se refieren a sus luchas en términos de defensa de la vida y del territorio, antes que como movimientos pacifistas. De ahí que también muchos movimientos hayan incorporado a sus demandas el cumplimiento del punto uno, sobre la reforma rural integral, del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Gobierno de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], 2016).
Esa actual centralidad de las invocaciones a la defensa del territorio y la vida en Colombia, en el contexto del giro ecoterritorial, abre, por lo menos, tres cuestiones fundamentales para comprender la investigación con movimientos sociales: 1) la imposibilidad de pensar la paz de espaldas a las reivindicaciones territoriales y socioambientales o socioecológicas. De hecho, el alcance y el significado de la paz territorial es parte de las disputas de numerosos movimientos sociales que están posicionando como objeto de sus luchas el cuestionamiento a la planeación territorial, así como a la orientación desarrollista de la regulación rural y de la comprensión de las riquezas naturales. 2) El cambio de énfasis de la defensa de los derechos humanos a las disputas ambientales o ecológicas. Sin abandonar las luchas enfocadas en la defensa de los derechos humanos, el ambientalismo tiene más peso en su autodenominación actual. 3) La resistencia de varios movimientos ante la deliberada separación que ciertas políticas territoriales establecen entre, por un lado, la historia del conflicto armado y, por otro, los proyectos de desarrollo que continuaron durante el posconflicto, o que iniciaron con él. Se trata de una separación que atraviesa múltiples decisiones económicas sobre el territorio y que tiene el grave inconveniente de presentar las iniciativas de desarrollo como una precondición clave para alcanzar la paz.4 Como consecuencia, no solo las medidas para promover cierto tipo de productividad son artificialmente escindidas de la historia del conflicto, sino que, además, inciden en la manera en que las instituciones responden y controlan los disensos sobre el uso y destinación del territorio y los recursos (Olarte-Olarte, 2019). De ahí la importancia de investigar tanto el giro socioambiental en contextos de reorganización territorial como la constante criminalización de la protesta socioambiental.
En este escenario de debate, un referente de las luchas atadas a los territorios que amerita un análisis particular es el de los comunes y los procesos de comunalización. Siguiendo el trabajo de J. K. Gibson-Graham (2011), serían las prácticas, saberes, objetos —y añadimos lugares y riquezas— cuyo uso, propiedad, gestión y cuidado, en la medida que son colectivizados, garantizan la continuidad de su vida. En este sentido, las luchas territoriales de las organizaciones con las que trabajamos buscan proteger, mantener o recuperar comunes como fuentes hídricas (en los tres casos), acceso y manejo comunitario del agua (en Viotá y la región del Ariari), gestión colectiva de terrenos y prácticas de cultivo y cría de animales (en todos los casos) y rutas arqueológicas (en Viotá). El menoscabo de esos comunes y los procesos de comunalización por parte de empresas corporativas —en algunos casos, en complicidad con actores armados, pero también como parte de iniciativas gubernamentales— está asociado a lo que llamamos el derecho a destruir, en este caso, los complejos sistemas de vida humana y no humana (orgánica e inorgánica) (Olarte, en prensa). Ese menoscabo, además, hace que esos territorios sean altamente susceptibles a la proliferación de lo que Diana Ojeda (2016) llama los paisajes del despojo, es decir, escenarios sometidos a procesos violentos “de reconfiguración socio-espacial y, en particular, socioambiental, que limita la capacidad las comunidades decidir sobre sus medios de sustento y formas de vida” (p. 21). Las proliferaciones de sofisticadas formas de despojo incluyen prácticas que no despliegan necesariamente el uso de la fuerza física inmediata y evidente. Además, su carácter es continuo, y en muchos casos cotidiano e, incluso, objeto de procesos de legitimación que oscurecen la violencia que los sustenta. Todos estos complejos procesos involucrados en las luchas por los comunes y los procesos de comunalización en tiempos de transición son los que nos interesan.
Riesgos epistemológicos y metodológicos de la política de lo turbio
Inicialmente, el tipo de investigación que realizamos no nos resultó tan evidente; al menos no desde la angustia de la coherencia entre la formulación de los proyectos y su ejecución. En algún punto, nos pareció que estábamos haciendo investigación colaborativa, dado que la labor conjunta entre activistas y academia fue una constante a lo largo del proceso investigativo. Sin embargo, el término colaborativo, de corte más anglosajón, en nuestro caso se queda corto por dos razones. Primero, porque al usarlo nos daba la impresión de estar descubriendo el agua tibia al considerar que las perspectivas críticas latinoamericanas (educación popular, investigación acción-participativa, teología de la liberación, psicología comunitaria, entre otras) ya habían ofrecido alternativas de trabajo con los movimientos sociales desde los años setenta ante la crisis del paradigma positivista de las ciencias sociales. Segundo, porque la invitación de esas organizaciones no es tanto a colaborar como a solidarizarse. Si bien ambos términos tienen un carácter bidireccional, la colaboración tiene más la connotación de un lazo que tiende a nacer y morir en un punto espaciotemporal determinado, mientras que la solidaridad, además de implicar la colaboración, es intermitente, de algún modo imprescindible y, ante todo, emerge del reconocimiento de unos lazos creados que no buscamos ni queremos negar.5
Más afín que la investigación colaborativa parecía la investigación acción participativa (IAP). Muchas veces catalogaron nuestros procesos investigativos bajo esa categoría. Ciertamente esos procesos tuvieron un alto componente de acción y, en casi todas sus etapas, contaron con la participación no meramente formal de miembros de las organizaciones. Sin embargo, tampoco podemos considerar que las investigaciones quedaran recogidas bajo esa denominación porque sus intereses no fueron delimitados con las organizaciones (como exige la IAP); por el contrario, llegamos con intereses muy precisos en torno a las transiciones y los comunes. Por otro lado, aunque los objetivos y ritmos de las investigaciones fueron frecuentemente negociados, rebatidos e incluso replanteados, como veremos más adelante, nos deslindamos de la premisa epistemológica de la IAP —compartida por otras perspectivas del pensamiento crítico latinoamericano de los setenta— según la cual una finalidad central de la investigación con las comunidades es despertar su consciencia crítica. Si bien varios momentos de la investigación han sido remodelados por una reflexividad que llama a cuestionarnos la conciencia de clase, raza, género, sexualidad, entre otras, esta interpelación ha sido bidireccional y atenta al riesgo latente de pretender asumir un estadio de consciencia superior que las personas con quienes trabajamos. No valía la pena, entonces, hacer calzar nuestra investigación en esa