La guerra improvisada. Tony Payan

La guerra improvisada - Tony Payan


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entregan y no hacen nada”. Y claro, esto alcanza el tema de la generación y uso de inteligencia.

      Durante la administración de Calderón se intentó hacer esta importante distinción y se quiso plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo, a cargo de Sofía Frech López Barrio, pero al final, con todo lo clara que el presidente Calderón tenía esta distinción, los temas de seguridad nacional (de Estado) y de seguridad pública terminaron siendo sinónimos, algo que seguramente le costó mucho.

      La lucha por la legitimidad y la confrontación del crimen organizado

      Una de las preguntas centrales a los entrevistados consistió en entender lo que motivó a Felipe Calderón a perseguir una estrategia de confrontación con el crimen organizado. Aquí también se generaron varias hipótesis. La hipótesis central reside en el debate sobre la condición del Estado mexicano frente al crimen organizado. El propio Calderón argumentó que la viabilidad del Estado mexicano se encontraba en jaque.

      Entre algunos de los entrevistados, particularmente los más críticos de la administración calderonista, prevalece otra hipótesis. El presidente Calderón, argumentan algunos, llegó al poder en un ambiente político extremadamente polarizado (González). Los resultados de la contienda —un triunfo electoral con apenas 35.91 por ciento de los votos— y una lucha sostenida por parte del contendiente más cercano, Andrés Manuel López Obrador del prd, dejaron a Calderón debilitado políticamente. “El presidente llega cuestionado, raspado, etcétera. Había una intencionalidad de la izquierda de no dejarlo gobernar” (Carrillo Olea).

      El país mismo se encontraba dividido. “La elección de 2006 fue una elección que partió al país en dos. Aun personas no tan radicales estaban muy enojadas por la manera en que se manejaron las elecciones. Si manejas las elecciones como las de 2006, yo me dedico a tirotear al presidente de la República. Yo trabajaba ocho horas diariamente a tirotear al presidente Calderón. Todos los días, todos los días, todos los días, pegándole, pegándole, pegándole. Y él con su ‘haiga sido como haiga sido’ no pensaba en el proceso político que él mismo creó… a amlo se le podía ganar, pero no de esa manera… Muchos, como yo, nos dedicamos a minarlo, al grado de que uno de los líderes políticos me dijo que Calderón tiene mala suerte y yo le dije que no, no tiene mala suerte; se la busca” (González).

      La implicación de este tipo de observaciones es que Calderón percibía una necesidad de legitimarse en el poder y la encontró en la confrontación con el crimen organizado. Ésta no es una hipótesis de unos cuantos. Hay otros que argumentan que sí buscó legitimidad en la crisis de seguridad y una respuesta firme con el afán de demostrar quién mandaba. “Pudo haber otros caminos para obtener legitimidad. El haber posado como militar no lo legitimó, lo ridiculizó” (Carrillo Olea).

      Hay otros, sin embargo, que ven este argumento como falso. El presidente Calderón no vinculó su legitimidad a una confrontación con el crimen organizado porque “fue reconocido por la mayoría de la sociedad… de la comunidad internacional… la mayor parte de los partidos políticos. El presidente no necesitaba a esa parte que no lo reconoció. Ya venía con su propia legitimidad. En casi todas las encuestas de opinión, el presidente tuvo aprobación. Calderón tenía además a los principales inversionistas detrás de él. Entonces, la legitimidad ya estaba ahí. Un cierto grupo machacaba el tema de la legitimidad, pero la mayor parte no lo hacía. No existe, después de todo, el cien por ciento de la legitimidad” (Astorga).

      El estado de las instituciones como ruta hacia los instrumentos

      Es importante también abordar el tema de las instituciones como instrumentos para hacerle frente al problema. En el caso de la administración de Calderón, los entrevistados también difieren sobre el estado de las instituciones.

      Según el presidente Calderón había una descomposición seria y una pérdida del dominio territorial similar a lo que llegó a sufrir Colombia en la década de 1990, pero, reitera, “es algo que evitamos en México con los operativos conjuntos: el Ejército, las fuerzas armadas, la Marina y la policía para tomar pleno control territorial donde estaba resquebrajado” (Moreno, 2008). Claramente, el presidente Calderón dejó entrever que el instrumento central fueron las fuerzas armadas y secundariamente la policía.

      La discusión sobre el Cisen (ver arriba), un instrumento importante en el combate de la delincuencia en cualquier país, y en general sobre el estado de la inteligencia mexicana, es relevante para entender por qué las fuerzas armadas resultaron ser, de todo el entorno del presidente, la herramienta más conveniente en la guerra contra el crimen organizado. Al final, según la mayoría de nuestros entrevistados, las instituciones mexicanas no se encontraban listas —ni en entrenamiento, ni en equipo— para enfrentar el crimen organizado.

      La pf fue objeto de discusión particularmente entre los entrevistados. En esto se basa, en gran parte, la justificación de la militarización de la guerra contra el crimen organizado. Jorge G. Castañeda, por ejemplo, dice: “Las fuerzas armadas eran el único instrumento. Las policías eran corruptas, o estaban con el pri o el prd. [Calderón] no tenía instrumentos”. De forma interesante, el propio Castañeda dice que el “sexenio fue mediocre, irresponsable, e insensible a la tragedia humana, pero éstos son juicios que no necesariamente se pueden hacer de manera tan sencilla… ¿había condiciones reales [para enfrentar al crimen organizado]? No”.

      Ante la incapacidad institucional de la pf, debilitada al extremo bajo el sexenio de Vicente Fox, “los militares fueron vistos como la última esperanza. Ya había un cierto sentido de que se trataba de una guerra… y los militares fueron bien recibidos”, según el periodista Alfredo Corchado. Esta bienvenida de las fuerzas armadas entre el público al inicio del sexenio fue precisamente porque “había un caos en 2005. Los niños no iban a la escuela. Había muchas armas en las calles y había muchos cuestionamientos sobre lo que el gobierno estaba haciendo. Los militares fueron vistos como la solución… Obviamente, en retrospectiva, no eran la solución, pero al principio se les vio así” (Corchado). Pero hay quienes están en desacuerdo con el uso de las fuerzas armadas para la seguridad pública, incluso para el combate al crimen organizado. Astorga, por ejemplo, afirma que “poner a los militares a la cabeza no es bueno”.

      Ahora bien, esto no significa que la administración calderonista no haya intentado crear una policía y, con el tiempo, sustituir a las fuerzas armadas. Eduardo Guerrero lo dice claro: “Una manera de descifrar la estrategia de Calderón tiene que ver con cómo gasta. Si analizas su gasto… su prioridad máxima es aumentar el gasto en la pf. Se triplica el gasto en la ssp y también se triplica el número de efectivos en un periodo muy corto, de 14,000 a 35,000”. Pero esto no fue suficiente ni dio tiempo a constituir una pf lista para realmente combatir la delincuencia organizada en todas sus modalidades. Por tanto, Calderón gasta abiertamente en las fuerzas armadas. “Luego se duplica el presupuesto de la Sedena. Más soldados, más equipamiento, más armas… Algo curioso es que no se gastó más en la procuración de justicia, en las labores de fiscalía en la pgr. Esto te da una idea clara de dónde Calderón ve la solución. Él ve que es una cuestión de fuerza, de policías, de soldados. Sí lo ve como una cuestión de seguridad nacional y la idea es recuperar esos territorios” (Guerrero).

      Este debate sugiere, otra vez, que no queda enteramente claro si el problema se concibe como un problema de seguridad pública o un problema de seguridad nacional. El gasto en sí sugiere, consistentemente, que Calderón concibe la delincuencia organizada como un problema de seguridad nacional, de la supervivencia y la viabilidad del Estado mexicano. Y si el problema es así, las fuerzas armadas son la solución. El problema es que el involucramiento de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública termina poniendo en riesgo los derechos humanos y procesales de la propia población. Esta tentación continúa hasta el día de hoy, y no consideramos que la Guardia Nacional del presidente López Obrador la resuelva en lo más mínimo.

      Ahora bien, vale la pena pensar en la idea de los partidos políticos y sus orientaciones ideológicas preferidas. Aunque haya un debate en México y muchos críticos del pan identifiquen a esa institución política con el uso de los militares, y quieran hablar de la existencia de un prian —una fusión institucional del pan y del pri—, la realidad es que estos dos partidos


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