El apagón analógico. Paúl Mena Mena
Los investigadores advierten que todas estas técnicas no se aplican de manera independiente unas de otras. Por el contrario, los diseñadores usan más de una técnica para conseguir sus objetivos narrativos. Una visualización puede contener más de una técnica para garantizar la comprensión de los datos.
CASO 1: EL PACTO SECRETO DEL GOBIERNO SALVADOREÑO CON LAS PANDILLAS
País: El Salvador.
Medio: El Faro.
Tipo de medio: Digital.
Autores: Óscar Martínez, Carlos Martínez, Sergio Arauz y Efren Lemus.
Fecha de publicación: 14 de marzo de 2012.
Los periodistas Óscar Martínez, Carlos Martínez, Sergio Arauz y Efren Lemus (2012), de El Faro, revelaron que treinta líderes pandilleros fueron trasladados a inicios de marzo de 2012, desde cárceles de máxima seguridad a otras donde podían recibir visitas y tener contacto físico con personas del exterior, debido a un pacto con el entonces ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés. El trato consistía en que los pandilleros bajarían el número de homicidios durante un mes, que coincidía con las elecciones seccionales y parlamentarias, a cambio de ciertos privilegios. Los periodistas aseveraron que, de acuerdo con varias fuentes consultadas, los pandilleros no solo iban a ser trasladados, sino que habría el ofrecimiento de 10 mil dólares para sus familiares y el suministro de varias comodidades en los penales. Munguía Payés había prometido en noviembre de 2011, cuando fue posesionado en su cargo, que reduciría el 30% de homicidios en un año, pero al primer semestre de gestión, en febrero de 2012, las cifras se estaban elevando. Según el reportaje, en ese mes iniciaron las negociaciones con los pandilleros y el plan fue dirigido por el coronel Simón Molina Montoya, quien había asesorado a Munguía Payés cuando este fue ministro de Defensa.
Para hacer las revelaciones, los periodistas entrevistaron a un pandillero apodado El Muchacho, que era el jefe de una célula de la Mara Salvatrucha 13; también recogieron el testimonio de varios agentes encargados de hacer inteligencia policial y penitenciaria; y accedieron a un informe secreto del Centro de Inteligencia Policial (CIP). El reportaje también se sustenta en fuentes oficiales, por ejemplo, una intervención pública del ministro Munguía Payés en la que explicó que la reducción de homicidios en marzo de 2012 respondía al despliegue de seguridad por las elecciones, y una entrevista al director general de Centros Penales, Nelson Rauda. Los periodistas dejan registrados sus esfuerzos para contrastar la información con Munguía Payés y su subalterno el coronel Molina Montoya, y las negativas que estos les dieron.
Un insumo importante para esta investigación fueron las estadísticas de homicidios, pues verificaron que la reducción de crímenes coincidió con el pacto revelado por las otras fuentes. Los periodistas presentan ese análisis así:
El Muchacho repite que desde el sábado están de vacaciones. Ese día se registraron 10 homicidios, cuatro menos que la media que mantenía el mes. El día siguiente, día de elecciones legislativas y municipales, se registraron seis, y algunas fuentes lo adjudicaron al despliegue policial para custodiar los centros de votación. El lunes de esta semana, una cifra sin precedentes en los últimos dos años: dos homicidios en todo el país ya sin el despliegue policial del día anterior. El martes, la tendencia se mantuvo: tres asesinatos en todo El Salvador. Este miércoles, a las 7 de la noche, la tendencia seguía siendo sorprendente: cinco homicidios. (Martínez, Martínez, Arauz, & Lemus, 2012)
Los registros de cinco días fueron comparados con la media del último mes y con las cifras absolutas de los últimos dos años para corroborar el cumplimiento del pacto.
Si bien el análisis estadístico está presente en el texto de la investigación, la parte gráfica no incluyó una visualización de esos datos. El trabajo presentó un gráfico con las fotos de los principales líderes de las pandillas, sus nombres, sus apodos, sus posiciones dentro de la organización delictiva y las cárceles en la que estaban recluidos. Dos técnicas narrativas son identificables en esta visualización: el uso de etiquetas para identificar a cada miembro y el uso de colores para enlazar el texto (el nombre de las cárceles) con las fotos de los pandilleros.
CASO 2: LÁZARO, EL SEÑOR DE LOS HOTELES
País: Argentina.
Medio: La Nación.
Tipo de medio: Impreso.
Autores: Hugo Alconada Mon.
Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2013
El periodista Hugo Alconada Mon (2013) destapó las millonarias facturas que el hotel Alto Calafate, perteneciente al matrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, había emitido a siete compañías del empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien había ganado múltiples contratos del gobierno. Según la investigación, el 90% de la facturación generada por el hotel fue destinado a Báez. Una de sus empresas, Austral Construcciones, reportó en su contabilidad 2,8 millones de pesos argentinos en pagos al Alto Calafate durante cinco meses de 2010. Citando a seis expertos, el autor concluyó que “los ingresos por la obra pública que recibió Báez durante años habría (sic) vuelto al bolsillo de los Kirchner mediante la operatoria hotelera” (Alconada Mon, 2013). La publicación se realizó tres años después de la muerte de Kirchner, cuando Fernández era presidenta de Argentina. De acuerdo con la investigación, Báez controlaba la empresa Villa Mitre S. A., que administraba el hotel. El periodista apuntó que un empleado de Báez, Daniel Pérez Gadín, investigado en otros casos de posible corrupción, habría servido de enlace, pues en su currículum detalló que asesoraba al Alto Calafate al mismo tiempo que trabajaba para el empresario. La conclusión fue que estas operaciones constituirían lavado de activos, evasión tributaria y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otras figuras legales.
Para llegar a estas revelaciones, Alconada Mon recolectó no solo la facturación de Valle Mitre SA, sino la contabilidad de las empresas de Báez y los convenios entre estas compañías y el hotel. Estos documentos, señala el periodista, fueron estudiados por él y los seis expertos durante varios meses. El análisis estadístico de esos datos permitió revelar el alto porcentaje de facturación del hotel emitido a Báez. Este dato tiene un lugar prominente en la publicación, pues ocupa el título de la nota interna del reportaje. Asimismo, salieron evidencias de que el hotel no habría dado el servicio señalado en las facturas. La investigación apunta que las compañías de Báez firmaron varios convenios con el hotel en septiembre de 2010, los mismos que de acuerdo con sus cláusulas iban a ser aplicados retroactivamente desde el 1 de julio de ese año. Con esos acuerdos, las empresas se comprometieron a pagar por la ocupación de 935 habitaciones mensuales, las usaran o no. El periodista infiere que, como el hotel contaba con 103 habitaciones, eso significaba estaría lleno nueve noches durante el mes, es decir que Báez había garantizado la venta de un tercio de la capacidad del Alto Calafate. La investigación fue más allá. Se adentró en analizar qué tan probable era que las empresas de Báez usaran el servicio. El reportaje cita, por ejemplo, que una firma de Báez, La Estación S. A., que controlaba una estación de gasolina a 300 kilómetros del Alto Calafate, tenía veinte empleados, lo que implicaba que cada trabajador tenía que hospedarse dos fines de semana por mes en el hotel para cumplir el compromiso de ocupar 90 habitaciones mensuales. Cifras parecidas se repiten en los convenios firmados por otras compañías de Báez. Por último, la publicación revela que las ventas por consumos al interior del hotel no eran proporcionales a los ingresos totales. Cita que en febrero de 2010 el hotel registró ingresos por 889.000 pesos argentinos, pero solo 1.258 fueron por servicio de lavandería, 4.139 por telefonía y 8.302 por el uso del “Health Club”. Esto mostraría que el hotel estaba cobrando por habitaciones que no eran ocupadas.
Si bien el análisis de datos es central