El apagón analógico. Paúl Mena Mena
por el Alto Calafate y las empresas de Báez; una fotografía del hotel, otra del empresario y otra de Cristina Fernández; y tres párrafos que explican las operaciones. La única técnica narrativa identificable en esta visualización es la narración textual.
CASO 3: LA CASA BLANCA DE ENRIQUE PEÑA NIETO
País: México
Medio: Aristegui Noticias
Tipo de medio: Digital.
Autores: Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán.
Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2014.
Los periodistas Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán (2014) destaparon un escándalo alrededor de la casa donde vivía el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su familia. La investigación reveló que el Grupo Higa, un conglomerado de empresas que había obtenido millonarios contratos públicos en la gobernación y la presidencia de Peña Nieto, había comprado los terrenos y construido la vivienda, avaluada en 7 millones de dólares, a gusto de éste y su esposa, Angélica Rivera, en un barrio de alta plusvalía de la Ciudad de México. El inmueble no fue registrado en las declaraciones patrimoniales que Peña Nieto presentó en 2012, cuando lanzó su candidatura a la Presidencia, ni en 2013 y 2014, cuando ya estaba en el poder. De acuerdo con información oficial del Registro Público de la Propiedad, la dueña del predio era la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, perteneciente al Grupo Higa. El reportaje cuenta que, en mayo de 2009, Constructora Teya, otra compañía del mismo grupo, se benefició de un contrato de la Gobernación de México, cuando Peña Nieto era su titular, para construir un hospital. Nueve meses después, en diciembre de 2009, el Grupo Higa adquirió uno de los terrenos donde se construiría la casa blanca. Este colindaba con una mansión de Angélica Rivera, que para entonces ya había anunciado públicamente su noviazgo con Peña Nieto. A la par, otras compañías del Grupo Higa acumularon contratos de la Gobernación por un total de 8 mil millones de pesos mexicanos. En octubre de 2010, un mes antes del matrimonio Peña Nieto-Rivera, el conglomerado empresarial legalizó los planos para la construcción de la casa blanca. El esbozo superaba el terreno ya adquirido. Así que, en diciembre de 2010, Grupo Higa concretó la compra de un predio adjunto. En total, gastó 18.4 millones de pesos mexicanos en ambos inmuebles, que tenían un total de 414 metros cuadrados. Los periodistas confirmaron que la pareja se reunió con el arquitecto que diseñó la vivienda, Miguel Ángel Aragonés, para asegurarse de que las necesidades de la familia estén satisfechas. La investigación también registra la participación de dos empresas del Grupo Higa en la campaña presidencial de Peña Nieto. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) contrató a la compañía Eolo Plus para alquilar las aeronaves en las que el candidato recorrió el país, por 26 millones de pesos mexicanos. También contrató a la firma Publicidad y Artículos Creativos (PACSA) para imprimir el material que se regalaba en la campaña. Tres días antes de que esta investigación se publicara, el 6 de noviembre de 2014, el presidente Peña Nieto había ordenado repetir la licitación del tren de alta velocidad que uniría a México con Querétaro, en la que resultó ganador un consorcio donde participaba una filial del Grupo Higa, debido a los cuestionamientos de legisladores, empresarios y medios de comunicación que denunciaban la falta de transparencia en el concurso. Este reportaje reafirmó los estrechos vínculos entre Peña Nieto y ese grupo empresarial.
La consulta de fuentes abiertas y los pedidos de acceso a la información pública son fundamentales en esta investigación. Da la impresión de que el proyecto inició con una pista, la edición de la revista Hola! de mayo de 2013, que publicó una entrevista a Angélica Rivera realizada en la casa blanca. En ella, la primera dama decía que el inmueble era de propiedad de la familia y que la albergaría luego del sexenio de Peña Nieto. Otra fuente abierta clave fue la guía telefónica. Ahí, los periodistas encontraron que la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, del Grupo Higa, registró su domicilio en la casa blanca y que las líneas telefónicas estaban ubicadas en la mansión vecina de Angélica Rivera. Los reporteros llamaron a esos números y una persona confirmó que la mansión y la casa blanca estaban conectadas. Además, los periodistas encontraron los planos de la vivienda en la página web del arquitecto Miguel Ángel Aragonés, quien hizo los diseños. Luego, tuvieron acceso a esos documentos y todo el proceso de legalización de la obra por una solicitud de transparencia. A través de ese mecanismo también consiguieron los contratos públicos del Grupo Higa. Otros documentos públicos citados en el reportaje son el expediente societario de Ingeniería Inmobiliaria Centro, los contratos notarizados de compra-venta que esta compañía celebró para adquirir los terrenos, las declaraciones patrimoniales de Peña Nieto y los documentos del Instituto Nacional Electoral sobre la campaña presidencial. Los periodistas demostraron que los documentos que son de libre acceso son de mucha utilidad para poner a prueba una hipótesis de investigación.
En ese proceso, los reporteros también se valieron de documentos privados de interés público. El reportaje expone el contrato entre el PRI y Eolo Plus para el alquiler de aeronaves y las facturas que la empresa emitió por ese servicio. Además, el equipo periodístico contrató un avalúo independiente para determinar el costo de la casa blanca. La investigación también cita al responsable de obra, un supervisor independiente cuya única función era garantizar que se edifique lo que consta en planos registrados. Él ayudó a completar la historia. Por último, el reportaje registra las contrataciones. El Estado Mayor Presidencial confirmó que da seguridad a la casa blanca. El arquitecto Aragonés, el representante de Ingeniería Inmobiliaria Centro y Eolio Plus, el Presidente y su esposa se negaron a dar entrevistas.
El texto no muestra que se haya aplicado el análisis estadístico de cifras. No obstante, la publicación ofrece una visualización interactiva construida con planos, fotografías y texto, una labor que también implica análisis de datos, desde la perspectiva de Paraise y Dagiral (2012). En esa pieza se pueden reconocer cuatro técnicas narativas: la narración textual, pues párrafos cortos van desarrollando la historia; el uso de botones previo y siguiente para reforzar la estructura y la navegación; el diseño de mapas para ubicar al lector; y la posibilidad de que el lector explore los datos en una visualización separada de la historia principal.
CASO 4: UN PARAÍSO PARA LOS VIOLADORES DE MENORES
País: El Salvador.
Medio: El Faro.
Tipo de medio: Digital.
Autores: María Luz Nóchez y Laura Aguirre.
Fecha de publicación: 31 de enero de 2017.
Al descubrir que el 90% de denuncias por violación a menores de 15 años había quedado en la impunidad, las periodistas María Luz Nóchez y Laura Aguirre (2017) investigaron las causas. La publicación reveló que los imputados eran declarados inocentes a pesar de que se había comprobado el delito y se había confirmado su autoría a través de medios científicos. Para fallar a favor de los acusados, los jueces usaban principalmente cuatro argumentos: que el imputado desconocía la ley, que condenarlo causaría mayor perjuicio a la víctima, que el violador quería formar un hogar con esta o que la niña aparentaba más edad. Otra estratagema de los jueces era que no se contaba con el testimonio de las víctimas al momento del juicio, pues según ellos era la única forma de establecer no solo que el delito había existido, sino que el agresor había actuado con intensión, requisito clave para emitir una condena. Las periodistas descubrieron que los jueces valoraban las pruebas con prejuicios de género y de edad. En algunos casos, cuando la víctima había quedado embarazada por la violación, los jueces argumentaban que absolvían al acusado pues estaban protegiendo el desenvolvimiento del niño que estaba por nacer. Además, la publicación recogió testimonios de exfuncionarios judiciales que describían cómo los jueces se referían con burla a este tipo de delitos llamándolos “sabrosos” o “de amor”. Las periodistas detallaron varios casos en que los jueces usaron estos razonamientos para liberar a los violadores.