El apagón analógico. Paúl Mena Mena
labor esencial en esta investigación fue el análisis estadístico de datos. Las periodistas trabajaron con la base de datos de las denuncias presentadas en la Fiscalía entre 2013 y 2016. Primero, determinaron que en el 60% de las 8.464 denuncias por violación, las víctimas eran menores de 15 años. De estas, el 90% eran niñas. Además, las periodistas cruzaron esa base con los datos demográficos del país para determinar la tasa de violaciones a menores de 15 años, por municipio. Descubrieron que el municipio con mayor índice era Mercedes de la Ceiba, con un equivalente a 366 casos por cada 100.000 menores de 15 años. También analizaron la efectividad de la función judicial para castigar a los agresores. Revelaron que la Fiscalía pudo llevar a los juzgados el 27% de denuncias y que apenas el 10% de denuncias tuvieron una condena. La base de datos obtenida de la Fiscalía permitió establecer un perfil de las víctimas, hacer un análisis geográfico y evaluar a los operadores de justicia.
Las periodistas fueron más allá. Formaron su propia base de datos con 284 sentencias. Analizando esos documentos, determinaron que el 42% de esos fallos (119) fueron absolutorios, a pesar de que en la mayoría de estos casos se había confirmado la existencia del delito y establecido la autoría. Además, establecieron que el 58% de las absoluciones se basaron en la falta de declaración de la víctima. En el 43% restante, los jueces consideraron que la víctima mentía, que la intención real del acusado era formar una familia o que la agredida era la responsable. Este ejercicio muestra el potencial que tiene la estructuración de datos hallados por el periodista.
En esta investigación, el procesamiento de datos va acompañado de entrevistas a expertos, testimonios de funcionarios judiciales, informes especializados y el análisis de varias leyes. Las periodistas citaron a dos abogados, una médica, dos fiscales, tres jueces y tres funcionarios judiciales. También presentaron los estudios de tres organizaciones civiles, un organismo multilateral y del Ministerio de Salud. Asimismo, mencionaron artículos de la Constitución y los códigos Civil, Penal, Procesal Penal y de Familia. Las bases de datos usadas por el equipo de investigación se complementaron con otro tipo de fuentes.
Las visualizaciones ocupan un lugar prominente en este trabajo. El texto va acompañado de cinco piezas: un mapa que muestra la tasa de violaciones contra menores de 15 años por municipio; un gráfico de barras con el número de víctimas mayores y menores de 15 años; otro gráfico de barras que compara la cantidad de denuncias y de condenas; una visualización que compagina dos tipos de gráficos (un gráfico de tiempo que muestra la evolución del número de denuncias por año y varios gráficos de donas que detallan el porcentaje de denuncias judicializadas cada año); y, por último, una visualización que muestra el porcentaje de niñas que son víctimas de ese tipo de delitos. Adicionalmente, la publicación presenta un video en el que una de las periodistas explica varias cifras. En este trabajo se pudo identificar la aplicación de seis técnicas narrativas. Primero, la publicación tiene botones de encabezado para acceder a varias secciones del reportaje. También se utiliza la incorporación a la historia, pues el aparecimiento de cada visualización armoniza con el desarrollo del texto, de tal manera que la audiencia puede explorar los datos teniendo el contexto a mano. En el mapa se usan tooltips para dar detalles de cada municipio. Los dos gráficos de barras enlazan el texto y las cifras a través de colores. En la visualización del porcentaje de niñas se utiliza el resaltado. Por último, en el video se narran los datos a través del audio. Este trabajo equipara el análisis de datos, fundamental en el proceso de investigación, con la producción de visualizaciones para explicar los resultados.
CASO 5: LOS MUERTOS DE MARÍA
País: Puerto Rico.
Medio: Centro de Periodismo Investigativo, Quartz y Associated Press.
Tipo de medio: Dos medios digitales y una agencia de noticias.
Autores: Omaya Sosa Pascual, Ana Campoy y Michael Weissenstein.
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2018.
Luego de un año de evidenciar que el saldo de muertes que dejó el huracán María en Puerto Rico era mucho mayor que las cifras oficiales, los periodistas Omaya Sosa Pascual, Ana Campoy y Michael Weissenstein (2018) —con la colaboración de un equipo de 30 especialistas— terminaron una investigación en la que expusieron las historias de 487 fallecidos. Estas revelaron que muchos casos pudieron ser prevenidos. La cifra contrastaba con la única lista oficial, que tenía 64 nombres, y la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que minimizaba el impacto de la catástrofe y promocionaba su nivel de respuesta. La postura del mandatario era tan regia que expuso como un ataque político de los demócratas a un estudio elaborado por la George Washington University a pedido del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, que calculaba en 2.975 el número de muertos. Este análisis, resaltan los periodistas, se basaba en cálculos matemáticos y no presentaba la identidad de ningún fallecido.
La investigación periodística procesó tres conjuntos de datos: las estadísticas de mortalidad de la isla entre 2014 y 2018; 23 mil certificados de defunción, que fueron obtenidos luego de una querella judicial; y la muestra de los 487 casos recolectados por los reporteros a través de una encuesta en línea y entrevistas. La primera de estas fuentes permitió revelar que en las semanas posteriores al huracán ya se podía evidenciar un incremento de la mortalidad en cientos de casos. Los periodistas señalan que, entre el 6 de septiembre y el 3 de octubre de 2017, 640 personas murieron en exceso al promedio de muertes durante ese mismo periodo de los tres años anteriores. Añaden que en los siguientes tres meses se registró una debacle que cambió la demografía y las principales causas de muerte del estado. Los jóvenes adultos de entre 30 y 44 años fueron el segmento poblacional en el que más se elevaron los decesos, entre un 23% y 39%. Esto contradecía la idea promovida por Trump de que los muertos tras el desastre eran ancianos con enfermedades preexistentes. Con respecto a las casusas de mortalidad, se registraron los siguientes cambios: la sepsis, que nunca había estado entre los principales motivos, se ubicó en octava posición, pues muchos pacientes con enfermedades no relacionadas al huracán fallecieron debido a las condiciones insalubres de los hospitales. De hecho, las muertes en casas de salud aumentaron el 32%. Los periodistas resaltan que 300 de los 487 casos que ellos recolectaron correspondieron a muertes por enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y Alzheimer, relacionadas a falta de tratamiento. Otras causas de muertes que se dispararon, entre el 20% y el 45%, fueron la neumonitis, la neumonía, la influenza, la hipertensión, el Alzheimer, y enfermedades renales, respiratorias y cardíacas. Los suicidios, que históricamente habían sido agrupados en la categoría de “otras causas”, se incrementaron en un 44%.
Este análisis estadístico se complementó con la consulta de fuentes testimoniales y documentales. Entre los especialistas consultados están dos médicos, un epidemiólogo, un demógrafo, un funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el presidente de la Asociación de Hospitales. Los periodistas también citaron a exdirectores de emergencia como fuentes anónimas. Los documentos citados corresponden a un informe del FEMA, un estudio de Harvard University y los parámetros del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades. Esta información permitió revelar que tanto el gobierno federal como el de Puerto Rico, junto con los hospitales, no cumplían con estándares de planificación y preparación para enfrentar un desastre; y también que sí había planes para sobrellevar un huracán de categoría 5, pero que no se aplicaron. El reportaje cita que el FEMA reconoció varios errores como la preparación inadecuada, falta de ayuda y coordinación inadecuada. La publicación también registra las negaciones a acceso a información de parte de instituciones públicas como el Negociado Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres de Puerto Rico, y el Departamento de Salud. Asimismo, se deja constancia de las declinaciones a entrevistas por parte del gobernador Roselló y otras autoridades. En todo caso, se puede apreciar cómo los testimonios y documentos permiten poner en contexto las cifras y proveerles de una explicación.
El equipo periodístico acompañó la historia con cuatro visualizaciones: un gráfico de barras con las variaciones en las causas de muerte,