Conversaciones para la nueva Constitución. Ricardo Lagos E.
la posibilidad de constituir comisiones mixtas de senadores y diputados para discutir algún proyecto de suma importancia, de manera de que los principios que van inspirar ese proyecto tengan un grado de consenso acordado por ambas Cámaras. Al plantear mi intención al presidente del Senado, de llamar a una comisión mixta para proponer un conjunto de modificaciones (que se las enumeré) a la Constitución que a mi juicio era indispensable, la respuesta que recibí a los tres días públicamente por parte de los partidos de oposición fue: “El presidente ha sido claro en lo que quiere cambiar y nosotros, con la misma claridad, le decimos que no queremos cambiarlo y que por lo tanto seguirá como está”. Y efectivamente eso sucedió. Durante los siguientes cinco años me dediqué a modificar aquellos enclaves autoritarios que a mi juicio había que sacar, lo que logramos el 2005, pero la Constitución siguió impidiendo que determinadas visiones y políticas públicas por las cuales la ciudadanía me votó a mí, las pudiera realizar en la forma como yo lo entendía.
Javier Martínez: ¿Por ejemplo?
Ricardo Lagos: Como cuando me pareció que Chile era un país que tenía que tener un seguro de desempleo. En una economía abierta al mundo como la nuestra, expuesta a situaciones impredecibles que van más allá de nuestras fronteras —como las crisis económicas internacionales que tantas veces suceden—, se puede generar una baja en la demanda de nuestros productos, lo que deriva en una posible disminución del crecimiento y, como consecuencia, que mucha gente quede expuesta a despidos porque este es uno de los mecanismos de ajuste ante la falta de demanda de productos. Por esto, necesitábamos urgente un seguro de desempleo. Envié un proyecto modesto, a la altura de lo que podíamos en Chile para no generar grandes problemas económicos, y me pareció obvio que con ese seguro de desempleo se iba a hacer un pozo de dinero. Es decir, cada trabajador y empleador aportaría un monto de dinero mientras existiera un contrato, que iría a un fondo estatal que lo administraría para que, ante el evento de quedar cesante, la persona pudiera durante un período de seis meses, mientras encuentra trabajo, mantener una remuneración adecuada, no idéntica a la que tenía, pero que le permitiría subsistir por ese período porque no teníamos recursos para más. ¿Cuál fue la respuesta de la oposición? “Vamos a considerarlo”. “Ah, qué bueno”, dije yo. “Pero con una condición”, me dijeron, “el Estado es mal administrador y usted acá plantea que estos seguros los va a administrar el Estado y eso va en contra del espíritu de la Constitución, por lo tanto, si usted quiere un seguro de desempleo tendrá que ser administrado por un privado y si no, no hay seguro de desempleo”. Yo me quedé con la frase “ese es el espíritu de la Constitución”, o sea, lo que me estaban diciendo era que es inconstitucional porque el Estado no está para administrar recursos, y nos pusieron en una situación muy compleja: o tengo seguro de desempleo y lo administran los privados o no hay seguro de desempleo. ¡Ahí estaba la Constitución del señor Guzmán funcionando de la mejor de las formas! Y como este, te puedo dar diez ejemplos más a lo largo de mi presidencia. “Esto está en contra de la Constitución, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que diga que esto que usted quiere está en contra de ella”.
Javier Martínez: Eso fue con el seguro de desempleo.
Ricardo Lagos: Y bueno, otro ejemplo fue cuando propuse la creación de las llamadas funciones críticas del Ministerio de Obras Públicas. Cuando este Ministerio aumentaba mucho su inversión frente al gran proceso de expansión en el que estábamos, la planta que existía era insuficiente, por lo que había que contratar más gente. Yo propuse que se contrate a personas, pero por proyecto; y que, a su vez, estas personas sean una suerte de inspectores fiscales para saber si estaba bien o mal lo que se estaba haciendo. Pero la ley señalaba que había que ser funcionario de planta para poder ser inspector fiscal. Ante esto yo propuse hacer una excepción y que cuando surjan proyectos que necesitan cargos de funciones críticas se les diera a estas personas también la posibilidad de fiscalizar. Esta reforma fue aprobada, pero el Tribunal Constitucional, al cual concurrió la derecha, dijo que no, que “los inspectores fiscales tenían que ser funcionarios de planta”, lo que en la práctica era imposible por el volumen temporal de proyectos que maneja este tipo de Ministerio, entonces, ¿de dónde se sacaba a los inspectores para fiscalizar este crecimiento? De ninguna parte y sin ellos, no había tampoco más proyectos que la planta del Ministerio pudiera soportar.
Javier Martínez: Están también todos los temas que tienen que ver con el “Estado empresario” y esta visión tan particular del “principio de subsidiariedad” que tiene esta Carta Magna. Pero volvamos a la cuestión de las reglas de la Convención que podremos elegir ahora.
Dos tercios
Ricardo Lagos: Este es el tipo de problemas que hemos tenido con una Constitución que no permite un juego democrático adecuado y que ha excluido un conjunto de políticas públicas de aquellos que piensan distinto a como lo hacía Jaime Guzmán.
Javier Martínez: Para algunos la legitimidad de la Constitución del 80 y la “certeza” que les ofrece pareciera estar en lo que ella excluye; mientras que, para muchos, una nueva Constitución tendría legitimidad por las posibilidades que incluye.
Ricardo Lagos: ¡Claro! Y por tanto lo que yo aspiro es a una Constitución inclusiva, que sea lo suficientemente amplia, en donde las políticas específicas que se puedan ejecutar para resolver ciertos problemas, sean las que resolvió la ciudadanía cuando eligió al programa del candidato presidencial respectivo. Pero, así como yo quiero una Constitución que me permita desarrollar mis políticas económicas o sociales, también entiendo que tiene que ser lo suficientemente amplia para que, aquellos que piensan distinto a mí, también puedan desarrollar sus políticas si son elegidos, porque en eso consiste la democracia. Consiste en escuchar lo que la ciudadanía opina, a quien la ciudadanía elige y que la Constitución tenga un carácter amplio, sin elementos que le digan “eso está prohibido porque el espíritu de la Constitución es este otro”. En suma, cuando se dice “queremos que esta Constitución sea aprobada por los dos tercios”, que fue parte del argumento que tú acabas de dar, lo que estamos diciendo es que la Constitución está llamada a ser la Ley de las leyes, es la Ley suprema. Es la que permite a una nación pasar a ser un Estado; con ella la nación chilena se transforma en el Estado de Chile a partir de sus normas y por eso tiene que tener amplitud, para que entren todos los chilenos, y tiene que ser construida con generosidad por el constituyente, entendiendo que no son sus ideas como constituyente las que van a permear en la Constitución. No, son sus ideas para construir el Estado de Chile y por lo tanto tiene que tener una amplitud de criterio, y para que esa amplitud sea garantía, se requiere entonces una mayoría sustancial. Ahí está el sentido de los dos tercios, no es para decir “yo con un tercio voy a hacer lo que quiera porque tengo veto”. ¡Nadie puede llegar a una Asamblea Constituyente pensando que va a ejercer un veto porque no es la forma de proceder en un sistema democrático!
Javier Martínez: Ni menos de construir algo que le sirva específicamente a alguien.
Ricardo Lagos: Por lo tanto, yo creo que el decir “voy a vetar todo y no voy a tener ninguna Constitución” significa negar a todos aquellos que fueron elegidos, quienes están conscientes que tienen que culminar su tarea con una nueva Constitución y saben que, por brillantes que crean que son sus ideas, no las van a poder constituir en un 100%, porque deben llegar a acuerdos con otros constituyentes para formar parte de la Asamblea. Los constituyentes tienen que tener la amplitud necesaria para entender que representarán a la pluralidad y diversidad de lo que es la nación chilena y, por lo tanto, en la Ley de leyes esa diversidad debe estar plasmada para que en adelante dependa efectivamente de la ciudadanía, decidir en cada momento cuál política específica es la que se va a aplicar.
Javier Martínez: Quiero volver todavía a una cuestión previa. Tú decías que cuando la derecha reclama que “el espíritu de la Constitución” prohíbe hacer ciertas cosas que corresponden a lo que una mayoría de la población quiere llevar a cabo, lo justifica diciendo que justamente lo que prohíbe la Constitución actual es “lo que nos da certeza jurídica”. Entonces, pareciera que en la mente de esas personas existiera la idea de que pueden seguir existiendo esas prohibiciones y eso darles a ellos certeza, es decir, unas reglas que ya no tienen