Violencias contra niñas, niños y adolescentes en Chiapas. Austreberta Nazar Beutelspacher
de acuerdo a los tipos de explotación de este sector (trata, explotación sexual comercial, matrimonio forzado, prostitución, pornografía, viajes y turismo). Los datos provenientes de encuestas son críticos para tener una imagen más clara de la problemática a nivel poblacional; permiten identificar patrones y aportar a la búsqueda de determinantes, por lo que recuperar la información no solo es útil sino necesario.
Esta explotación es un negocio altamente lucrativo, sin embargo, con frecuencia no se tiene acceso a cifras exactas y las estimaciones son de carácter general, de manera que no se conoce con precisión la magnitud y consecuencias de la situación. Se genera una gran carga de estigma, y se ha señalado un vacío desde el marco científico y una necesidad de orientar proyectos de investigación al respecto. Aun cuando se sabe de la existencia del abuso y explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en México, y que las cifras van en crecimiento, no hay estadísticas precisas sobre su alcance (Chávez y Ramírez, 2008, citado por Escobar y Nogueira, 2008; redim, 2010).
De manera extraoficial, las autoridades estiman que en el país hay entre 16 mil y 20 mil niños explotados sexualmente. Los focos rojos se ubican en ciudades que son al mismo tiempo centros importantes de turismo y tráfico nacional e internacional, entre ellas Acapulco, Mérida, Tapachula y Cancún. (ecpat, s/f; redim, 2010), aunque también se ha documentado en las fronteras norte y sur de México. En las regiones fronterizas, el fenómeno migratorio tiene un gran peso por sus lazos con diversas expresiones de violencia, incluida la explotación sexual. Por ejemplo, en un estudio realizado en una comunidad de tránsito migratorio internacional en Sonora, en el que se entrevistó a niños menores (varios de ellos indígenas provenientes de Chiapas, Oaxaca Guerrero y Guatemala) que habían sido deportados de Estados Unidos, se reportan agresiones físicas, psicológicas y sexuales, todas ellas perpetradas tanto por las autoridades como por miembros de la sociedad o delincuentes (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cdi, 2007). Por otra parte, las dinámicas de explotación suelen tener sus particularidades en cuanto al contexto y formas de operar en las fronteras norte y sur del país.
En cuanto a la frontera norte (Azaola, 2003: 240-322), los patrones observados muestran una mayor proporción de mujeres que vienen de zonas urbanas y adolescentes que llegan a las localidades fronterizas sin compañía de adultos, volviéndose más vulnerables y susceptibles de ser captados para el comercio sexual. Se han reportado también casos de niños indígenas. En cuanto a los explotadores, la mayoría son hombres mexicanos, aunque existe una amplia red de complicidad que incorpora mujeres adultas dedicadas a la prostitución, taxistas que promueven los lugares de explotación y conducen a los clientes, recepcionistas y conserjes de hoteles y moteles, policías e inspectores. Los clientes son en su mayoría hombres, locales y extranjeros. Uno de los factores que convirtió a la región en un polo de atracción fue el crecimiento de la industria maquiladora. La mayoría de las menores que son involucradas en el comercio sexual son adolescentes que trabajan o han trabajado en estas industrias.
En la frontera sur (Azaola, 2003: 240-322), desde el siglo XIX se establecieron fincas cafetaleras con alta demanda de mano de obra y vías de ferrocarril en el Soconusco, una zona que antes había tenido pocos habitantes y que a partir de entonces pasó a ser una de las más pobladas de Chiapas. Al mismo tiempo, desde hace aproximadamente 40 años, los flujos migratorios desde Centroamérica se han venido incrementando y con frecuencia las niñas y adolescentes que cruzan la frontera se han convertido en víctimas de abuso sexual. En este contexto, el comercio sexual se sujeta a las altas y bajas del calendario agrícola, y los grupos que aquí existen (trabajadores temporales, migrantes y traileros) conforman una población flotante casi exclusivamente masculina caracterizada por su situación de desarraigo. Es decir, hombres que se encuentran de paso, carecen de familia, no pertenecen y no tienen interés de pertenecer a la sociedad local, con lo que se crea un clima que propicia la explotación sexual de los menores. En el caso de la región fronteriza de Chiapas, también se ha reportado que la “venta” de adolescentes para concretar un matrimonio (con o sin consentimiento), ocasionalmente ocurre para venderlas a los bares donde las explotan sexualmente (Azaola y Estes, 2003: 301).
La Red por los Derechos de la Infancia en México (redim, 2010) ha contribuido de forma destacada a documentar las condiciones de vulnerabilidad, desigualdad y violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. En 2010, presentó el ensayo temático: La violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. Miradas regionales, en el que destaca que la región Sur-Sureste, en seis de sus nueve estados5 se registran los índices más bajos de desarrollo humano, coincidiendo con importantes porcentajes de población indígena y entrada y tránsito de migrantes; en ese documento se destacan los estados de Guerrero, Chiapas y Quintana Roo. En 2010 se estimó que la población total menor de 18 años en Chiapas era de 1 802 280 personas, de las cuales, aproximadamente cuatro de cada diez son indígenas (unicef, 2013).
Diferentes magnitudes de las violencias en poblaciones indígenas
González (2012) señala la necesidad de recuperar la diversidad interna de la población indígena, ya que como se ha observado en dos encuestas nacionales (endireh, 2006 y endesami, 2008), la violencia adquiere magnitudes regionales diversas.
Por ejemplo, de las ocho regiones indígenas consideradas en la encuesta endireh, (2011), las prevalencias más altas de maltrato infantil se presentan en los Altos de Chiapas (42.22 %), Mazahua-Otomí (36.52 %), Zongolica (37.59 %), y las más bajas en el Istmo (22.75 %) y en la Costa y Sierra Sur (19.92 %). En cuanto al abuso sexual infantil, la prevalencia más alta se presenta en la región Mazahua-Otomí (8.99 %) y la más baja en la Costa y Sierra Sur (3.11 %). Para la violencia de pareja en sus diferentes formas (psicológica, negligencia, física, económica o sexual), en los Altos de Chiapas se reportó la mayor prevalencia (41.37 %), y la menor estuvo en la región Costa y Sierra Sur (15.81 %). Igualmente, en los Altos de Chiapas es en donde un mayor número de mujeres reporta mayor severidad en la violencia de pareja (Frías y Castro, 2014). Asimismo, Chiapas y Guerrero son las entidades de México con la cifra más alta de homicidios de niñas y niños de 0 a 4 años y de adolescentes de 15 a 17 años (redim, 2010). Este último grupo de edad es el que presenta las tasas más elevadas a nivel nacional y en la región Sur-Sureste (redim, 2010).
Otras encuestas (presentadas en el cuadro 1.1) hacen evidente las diferencias entre etnias en la magnitud de las expresiones de la violencia, lo que obliga a detallar y analizar las particularidades sociales, económicas y culturales que subyacen a las disparidades registradas.
Al momento, la información disponible sobre la magnitud, la forma y consecuencias violencia infantil a nivel poblacional en el país es insuficiente y se encuentra demasiado fragmentada, más aún para el contexto de los grupos indígenas. Ante esto, han surgido diversos esfuerzos por parte de organizaciones nacionales e internacionales, que es necesario continuar e incrementar. Este libro pretende contribuir a ello, mediante un análisis de las expresiones de violencia contra niñas, niños y adolescentes en las tres ciudades más pobladas del estado de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula de Córdova y Ordóñez.
1 En México, principalmente como se registra en encuestas nacionales, la identificación de un individuo como indígena ha partido del origen étnico con base a la auto adscripción (Clarke et al., 2008), a través de la pregunta sobre la condición de habla de lengua indígena.
2 La adscripción étnica se determina en los cuestionarios del inegi con base en la pregunta directa sobre si de acuerdo con su cultura, la persona se considera indígena (ver nota del cuadro 1.1). Al respecto, Schmelkes (2013) subraya la importancia de hacer estas preguntas en encuestas nacionales, al mismo tiempo que señala la ausencia de otros indicadores que registren aspectos de naturaleza cultural.