Bogotá en la lógica de la Regeneración, 1886-1910. Adriana María Suárez Mayorga
y escribir”; en el caso de ser foráneos, además de estos requisitos debían pagar “contribución directa o, en su defecto”, poseer “un capital de cien mil pesos” o ejercer “profesión liberal” (Ternavasio, 1991, p. 70).
La federalización de la capital argentina, ocurrida en 1880, ocasionó que la potestad de dictar las leyes municipales que en lo sucesivo iban a regir sobre la ciudad quedara en manos del “Congreso Nacional” (Ternavasio, 1991, p. 70). La expedición, en octubre de 1882, de la “Ley Orgánica Municipal de la ciudad de Buenos Aires” legitimó “la noción de un municipio a-político con representación de los contribuyentes” y avaló la subordinación al poder central (p. 70).
Aun cuando en los debates surgidos antes de su aprobación se escucharon voces que se oponían a estos preceptos, el resultado final salvaguardó a grandes rasgos las directrices tradicionales: se adoptó “el sufragio calificado”, de manera que se le concedió “la condición de electores a los vecinos contribuyentes”, fueran nativos o extranjeros, y se mantuvo la representación parroquial en “la organización del Concejo Deliberante”, al fijarse la “cláusula de que el Presidente de la república era quien debía designar —con acuerdo del Senado—, al intendente municipal” (Ternavasio, 1991, p. 71).15
La aceptación de este último postulado generó, tanto que “la legislatura nacional” dictara los reglamentos concernientes a “los asuntos municipales”, como que “el poder ejecutivo local” fuera escogido por dicho mandatario (Ternavasio, 1991, p. 72). Efecto de lo anterior fue que, con frecuencia, el gobierno central suprimió “a las autoridades locales” de la capital argentina para reemplazarlas por “las denominadas Comisiones Municipales” (p. 72).16
El panorama descrito se mantuvo constante hasta los albores del siglo XX cuando la fórmula alberdiana comenzó a ser seriamente cuestionada a raíz de la consolidación de la inserción del país “en el mercado capitalista mundial” (Ternavasio, 1991, p. 42). Los “cambios en la composición de la sociedad” a causa “de la inmigración masiva” y de “la creciente urbanización”, provocaron una gran “conflictividad social” (p. 42) que puso de manifiesto los antagonismos existentes entre las “fórmulas prescriptivas” y las “prácticas políticas” (p. 78).17
La preocupación de los intelectuales se concentró entonces en adecuar la legislación municipal a los problemas que ahora se debían afrontar. Las críticas esgrimidas hacia 1910 en la Revista Argentina de Ciencias Políticas se dirigieron primordialmente a denunciar el alejamiento de las prácticas comunales del modelo que determinaba la disyunción administración-política, poniendo de manifiesto con ello que la descentralización administrativa propuesta por Alberdi no había frenado “el proceso centralizador que a nivel político” se había producido en el contexto rioplatense (Ternavasio, 1991, p. 48).
Vale subrayar que dichos debates tuvieron además una repercusión directa en la configuración física de la ciudad: en el marco de la conmemoración del Centenario se dio un enfrentamiento entre los dos universos porteños —el sur obrero, “de la protesta” y el norte elegante, “de la celebración” (Gorelik, 2004, p. 199)—, que ocasionó que desde distintos sectores de la población, particularmente “los vecinos organizados” de la zona austral, los partidos políticos y la opinión pública, surgiera una “mirada municipalista” que demandó “una creciente dedicación gubernamental” en el sector meridional de la capital (p. 200).
Más que “un reclamo de justicia urbana”, esta última postura terminó convirtiéndose “en el núcleo motorizador de una ideología”, identificada con el término “nacionalismo municipal”, que se arraigó entre “los cuerpos técnicos y burocráticos” de “la municipalidad” (Gorelik, 2004, p. 200).18
Un episodio que puso de manifiesto el conflicto que se fue urdiendo entre el poder local y el gobierno central fue la ubicación de los festejos: mientras los actos organizados por la “Comisión Nacional del Centenario” denotaron una evidente preferencia por la zona septentrional de la urbe, “el Concejo Deliberante” resolvió erigir estatuas conmemorativas en la franja opuesta, de forma que “los pocos actos oficiales” que se llevaron a cabo en esta zona respondieron a la inauguración de esas efigies (Gorelik, 2004, p. 201). La determinación de situarlas allí no fue producto del azar:
Cada [localización] y cada encargo implicó discusiones entre las comisiones Nacional y Municipal de organización del centenario. Para la revista Atlántida, vocera oficiosa de la Comisión Nacional, el Concejo Deliberante se excedía en sus funciones al tratar de ser “intérprete del pensamiento nacional”: no debía corresponderle ni la colocación de monumentos ni la decisión sobre la toponimia urbana, “usurpaciones” municipales que [creaban] “el riesgo […] de someter al país entero a una docilidad localista”. Para la principal vocera del nacionalismo municipal, la Revista Municipal, en cambio, los homenajes consagrados por la Municipalidad [eran] lo único que [podía] “salvar a la metrópoli del ridículo que se le [preparaba] con la insignificancia de las fiestas organizadas” por la Comisión Nacional […]. (Gorelik, 2004, pp. 201 y 203)
Indiscutiblemente, la querella que se fraguó entre ambos organismos puso de relieve las dificultades que había para definir las competencias que tanto el poder municipal como el estatal podían arrogarse en el marco de una legislación que, desde la capitalización de la urbe, auspiciaba un terreno “difuso y superpuesto de atribuciones con una subordinación explícita del municipio” (Gorelik, 2004, p. 203).
La exacerbación de las rencillas que de antaño existían entre las dos esferas además sirvió de catalizador para que desde las instituciones locales se denunciara la intrusión del gobierno nacional en la gestión de Buenos Aires, lo cual impedía u obstaculizaba su conducción. El corolario de todo esto fue que la tensión sur-norte se volvió una metáfora de la disputa por el poder: la parte meridional pasó a simbolizar el carácter “probo, popular y correcto técnicamente, de realizar las prácticas urbanas”, mientras que la parte septentrional pasó a personificar “la política de bambalinas, la corrupción del gobierno, los negocios imperiales, las finanzas” y “el formalismo hueco de los aristócratas” (Gorelik, 2004, p. 205).
No resulta errado pensar que en el trasfondo de dicha dualidad se hallaba la separación administración-política, pero ahora conjugada con otros factores: al carácter eminentemente administrativo de la localidad se sumaba el espíritu técnico-profesional que la nutría, de índole nacionalista, sustentado en la idea de que la ciudad debía ser construida por argentinos con materiales nacionales, mientras que al carácter eminentemente político del gobierno central se aunaba la práctica clientelista, legitimadora de un urbanismo afín al cosmopolitismo que imperaba en la capital.19
Lo acaecido en suelo bonaerense revela que la independencia que la legislación le concedió al entorno municipal en el contexto argentino fue más nominal que sustancial, ya que progresivamente el municipio se convirtió “en un órgano dependiente del [E]stado y en un espacio de control de la sociedad civil” (Ternavasio, 1991, p. 48). Sin embargo, la sumisión casi absoluta de las autoridades comunales frente a las estatales y provinciales no impidió que los municipios se posicionaran en el centro de la lucha electoral, por lo que acabaron convirtiéndose en un espacio idóneo para estimular el “ascenso social” y la “participación en la esfera política” de “las élites locales —muchas de ellas de origen extranjero—” (p. 48).
La diferencia fundamental de esta experiencia con el medio colombiano radica en que la Regeneración dispuso que todos los ciudadanos eligieran directamente a sus concejales, lo cual anuló tanto la separación administración-política, que se reivindicó en suelo rioplatense, como la correlación vecino-contribuyente que allí imperó. La historia compartida durante la etapa en estudio acredita, de cualquier forma, que los antagonismos surgidos entre las diferentes instancias que tenían injerencia en el desarrollo urbano fueron recurrentes a pesar de las divergencias existentes en el andamiaje institucional sobre el cual se estructuró en cada país el régimen municipal.