Bogotá en la lógica de la Regeneración, 1886-1910. Adriana María Suárez Mayorga
así porque, pese a que gran parte de la población era analfabeta, las personas que sabían leer comunicaban sus lecturas en “las conversaciones callejeras, en las tiendas, desde el púlpito” (p. 173), accionar que fomentó que se crearan escenarios de discusión política que estaban por fuera de los canales tradicionales de cooptación. La opinión pública se erigió así en una fuente inequívoca de legitimidad del poder político, ya que en función de ella correspondió a la población, encarnada en las voces emanadas desde los diarios o desde las distintas asociaciones que surgieron a lo largo de la centuria, controlar el gobierno representativo.29
La labor de la prensa alcanzó una fuerza notable en este proceso por dos razones primordiales: a) porque cumplió la misión de dirigirse a una audiencia general con la intención, tanto de “captar voluntades nuevas”, como de incidir “sobre la opinión pública en formación”, convirtiéndose de este modo “en un factor de peso creciente en la vida política local” (Sabato, 1995, p. 134) al politizar el clima de la ciudad, y b) porque se encargó de efectuar “un verdadero despliegue del tema electoral” (p. 133), usualmente organizado a conveniencia de las agrupaciones o de los dirigentes políticos que secundaba. Una de las empresas que acometió, dentro de este ámbito, fue relatar todo lo concerniente a la actividad comicial, reseñando de manera detallada las reuniones que se iban a realizar, citando a asambleas, convocando a sus lectores para que se registraran en las listas de sufragantes, narrando las jornadas electorales y denunciando los fraudes cometidos por la oposición.30
Vale advertir, sin embargo, que la condición sine qua non para garantizar el principio de deliberación fue permitir que los periódicos opinaran libremente, pues esto favoreció que, aparte de representar a la opinión pública, también la constituyeran como tal, desempeñando así una función excepcional “en la definición de las identidades colectivas” al permitir “a los sujetos identificarse como miembros de una determinada comunidad de intereses y valores” (Palti, 2007, p. 198).
La censura ejercida sobre las publicaciones capitalinas en las postrimerías del siglo XIX permite hacer, en conformidad con lo anterior, una doble lectura de lo ocurrido en la época: por un lado, es ostensible que las restricciones impuestas por el Gobierno a los periódicos que no comulgaban con el partido regente (o en contrapartida, los incentivos otorgados a aquellos afines al oficialismo) influyeron notablemente en el decurso de las elecciones municipales, justamente por erigirse en mecanismos de control político.31 Por el otro, es patente que, en su calidad de voceros de la población, algunos de esos periódicos actuaron como un catalizador de la inconformidad que sentían los citadinos frente a la Regeneración, lo cual propició que se pusieran en tela de juicio las bases del sistema que legitimaba la Constitución de 1886.32
La adecuada comprensión de la disquisición hasta aquí expuesta obliga a proporcionar unas directrices finales sobre la ciudadanía: a grandes rasgos, la conformación del ciudadano implicó crear un “universo abstracto de iguales que gozaban de los mismos derechos (y obligaciones) en las nuevas repúblicas en formación” (Sabato, 2010, p. 55). No obstante, la plasmación de estos preceptos en el orbe latinoamericano tropezó con una realidad disímil que no siempre encuadró dentro de los límites definidos por la norma: desde la perspectiva de los “protagonistas populares”, la construcción del vínculo con las autoridades fomentó la formación de “una cultura política específica, cimentada en prácticas de diversa índole”, desplegada en entornos variados, “no exclusivamente políticos” (Gutiérrez y Romero, 2007, p. 155), de las que no solo se derivaron instituciones concretas o instancias de intervención amplia, reguladas y controladas desde arriba —caso de las organizaciones electorales—, sino también de organismos informales, más autónomos, a partir de los cuales se fueron fraguando actitudes, valores e ideas que acabaron generando un tipo de actor particular.
La movilización política que resultó de la interrelación entre ambas esferas, a la par que “abrió espacios de contacto y negociación” (Sabato, 2010, p. 55), propició situaciones de confrontación que culminaron en los recurrentes episodios de violencia experimentados a lo largo de la centuria decimonónica. La representación, en síntesis,
canalizada a través de las elecciones, fue modelando un espacio político en el que no se pudo prescindir nunca de la legitimidad de origen fundada en el sufragio, pero cuya concreción dio lugar a disputas que ponían en juego, básicamente, las divisiones internas de la propia élite gobernante. (Alonso y Ternavasio, 2011, p. 283)
La dimensión territorial que adquirió este proceso, así como las pugnas que se crearon alrededor de la distribución de las atribuciones conferidas en razón del principio de separación de poderes fueron focos de disputa que si bien no pusieron en riesgo la forma de gobierno republicana afincada “en un régimen representativo de base electoral muy amplia”, sí ocasionaron que las prácticas que acompañaban a tales dispositivos fueran dotadas de “diversos contenidos y significados” (Alonso y Ternavasio, 2011, p. 283). El caso bogotano es ejemplo fidedigno de esta última afirmación.33
La estructura de la investigación
La exposición precedente faculta para trazar los derroteros que guiarán la argumentación. Lo primero que se debe mencionar al respecto es que, para dilucidar el proceso de conformación del Estado forjado por el movimiento regenerador durante los decenios en estudio, es indispensable ahondar en el análisis del ámbito municipal puesto que, como se verá más adelante, se formularon distintas propuestas de organización estatal en función del papel cumplido por el municipio dentro del andamiaje institucional.
Hay que subrayar, dentro de esta órbita, que a medida que la Regeneración entró en crisis, la esfera municipal alcanzó tal significación que fue concebida como la base de la República, noción que implicó que se la reivindicara como el lugar desde el cual se debía generar el cambio que permitiría a Colombia salir de la penosa situación en la que se encontraba. Fruto de ello fue que los municipios adquirieron la obligación de servir de “células madres del organismo nacional” (El Horizonte, 1909a, s. p.), principio que provocó el surgimiento de una correspondencia entre el progreso local y el progreso estatal, que en la presente investigación se enuncia en los términos de un binomio municipio-nación.34
La escogencia de Bogotá como núcleo del análisis se dio en razón de su capitalidad porque se consideró que era un ámbito privilegiado para: a) estudiar la relación poder local-poder central dentro del contexto específico de la administración municipal bogotana, a partir de la indagación de las actuaciones de ambas esferas con respecto al desarrollo urbano de la ciudad, y b) entender la dinámica interna de las dos instituciones más importantes del ámbito distrital: la Alcaldía y el Concejo.35
Tal preferencia tiene su génesis en la certidumbre de que es imperioso comenzar a examinar la urbe en su singularidad. Lo ocurrido en la capital colombiana es distinto de lo vivido en otros escenarios latinoamericanos y, si bien es innegable que existieron aspectos comunes, también lo es que sus particularidades son manifiestas.36
La periodización elegida respondió asimismo al interés por ahondar en la esfera local. La pesquisa comienza con la Constitución de 1886 porque esta supuso poner fin al federalismo hasta entonces vigente para establecer un sistema centralista en virtud del cual se unificó la legislación electoral, se reorganizó territorialmente el país y se instauró un régimen municipal que dotaba a los agentes gubernamentales de herramientas suficientes para coartar el accionar de los funcionarios distritales. Lógicamente, las críticas efectuadas a la carta magna durante estos lustros no solo sacaron a la luz el alto grado de conflictividad que generó esa subordinación al centro, sino que además se erigieron en pruebas fehacientes de que el orden instituido no había sido capaz de legitimar la autoridad estatal.37
La fecha de 1910 representa, en contrapartida, la materialización de los cambios que se pidieron al régimen municipal desde 1890, con lo cual se dio fin al ciclo regenerador. La transformación fue especialmente sentida en cuanto a la forma en la que, en adelante, los bogotanos concibieron e interactuaron con la esfera local: el control al