Por el derecho comprender. Henrik López Sterup
ser los más notables en este punto. En Writing for Dollars, Writing to Please, Joseph Kimble afirma que el lenguaje claro funciona como una herramienta que ahorra tiempo y dinero en los sectores gubernamentales, privado y jurídico44. En Answering the Critics of Plain Language, Kimble intenta demostrar con algunas técnicas estadísticas que el lenguaje claro “es muy preferido por los lectores […] mejoraría enormemente la imagen y la comunicación jurídica”45. Peter Butt coincide con Kimble, y en The Assumptions behind Plain Legal Language concluye que “después de 20 años, la evidencia sobre los beneficios del lenguaje claro es abrumadora: ahorra tiempo y dinero, los clientes y ciudadanos tienen más posibilidades de entender el lenguaje jurídico y la mayoría de los jueces lo prefieren”46. En Le langage clair en droit: pour une profession plus humaine, efficace, crédible et prospère!, Stéphanie Roy también se muestra favorable hacia el MLC y advierte incluso que “el lenguaje claro debería estar en el corazón de una justicia más humana, accesible y eficiente”47. Según Roy, hasta los abogados más resistentes no tendrán más remedio que unirse al movimiento. En nuestro espacio iberoamericano, el actual director de la RAE también se ha referido al MLC en El libro de estilo de la justicia, donde arguye que:
[…] el movimiento ha llevado consigo, en todos los Estados de derecho avanzados, por un lado, la introducción de medidas conducentes a la mejora de la calidad y, sobre todo, claridad, previsibilidad y fácil comprensión de la legislación, y, por otro, la aprobación de planes, programas y normas destinadas a la mejora de la calidad lingüística de los textos judiciales y administrativos48.
No obstante, otra parte de la bibliografía se ha propuesto demostrar que el MLC ha exagerado en sus potenciales beneficios y ha propagado la falsa creencia de que los textos jurídicos pueden ser inteligibles para los ciudadanos por la vía de una simplificación del lenguaje. El profesor Rabbea Assy define la trayectoria del MLC como la historia de un falso profeta y, recordando las lecciones de Bentham, advierte que “por muy atractivas que sean estas ideas, no son prácticas”49. De hecho, insiste en que
[…] el tecnicismo del lenguaje jurídico no puede reducirse a una cuestión lingüística. Se sustenta en un cuerpo de teorías, doctrinas, principios y reglas, cuyo conocimiento es necesario para dar cuenta del significado y alcance de los conceptos legales y para usarlos de manera efectiva y eficiente en los tribunales50.
En el particular caso del lenguaje claro en la legislación, dice Brian Hunt, se asume la idea de que existe un amplio número de ciudadanos que son lectores habituales de la ley, digamos, en bruto. Sin embargo, continúa, “esta premisa no está bien establecida. En ausencia de pruebas sustanciales de que exista tal interés público en la legislación, los argumentos a favor de la redacción de leyes en un lenguaje sencillo son realmente muy débiles”51, por lo que concluye que el lenguaje claro en la legislación solo es una aspiración, un ideal loable.
Existe, además, una provechosa discusión sobre ideologías del lenguaje y teorías sociolingüísticas alrededor del concepto de lenguaje claro y su impacto en el lenguaje jurídico. Dentro de este tipo de discusiones, encontramos posturas muy interesantes que acusan al MLC de crear una “ideología totalizadora” que proyecta la creencia de que hay maneras correctas y apropiadas de hablar o escribir. En este proceso se han construido tres “problemas”: 1) el lenguaje claro caracteriza al lenguaje jurídico “tradicional” como un “paciente” que hay que curar; 2) hay recursos que el lenguaje claro se permite usar, pero se “prohíbe” su uso al lenguaje jurídico (ejemplo: la voz pasiva) y 3) el lenguaje claro borra heterogeneidades o invisibiliza determinadas actividades o fenómenos sociolingüísticos. Todas estas cuestiones están reunidas en el riguroso trabajo académico de Soha Turfler titulado Language Ideology and the Plain Language Movement.
En resumen, parece viable afirmar que el MLC ha despertado inquietudes académicas destacables y muy variadas en los campos jurídico y lingüístico. El propósito de esta primera parte fue, en esencia, exponer un hilo argumentativo de carácter estrictamente descriptivo sobre una pequeña muestra del estudio que ha recibido el movimiento. Dicha muestra resalta el interés por fijar los hitos de la formación del movimiento, los beneficios que supuestamente produce y los inconvenientes que han señalado los críticos. La cuestión sobre los hitos no parece generar discusiones relevantes en el ámbito académico ni divulgativo. No ocurre lo mismo con la ambivalente agenda que controvierte los beneficios y los problemas del lenguaje claro, asunto que aún sigue siendo de gran interés, sobre todo en el terreno de la aplicación práctica y técnica.
Antes de continuar con el MLC, debo hacer una advertencia oportuna. En el extenso y muy complejo debate sobre la (in) conveniencia del lenguaje claro en la ley, es necesario incluir las consideraciones que los niveles de racionalidad legislativa aportan desde la ciencia de la legislación. Allí ya se ha dicho, por ejemplo, que
No es necesario que el destinatario formal de la ley —por ejemplo la mayoría de los ciudadanos— sean capaces de entender el mensaje legislativo. Algunas leyes tienen como destinatarios mediatos a profesionales. Es evidente que la ley de presupuestos tiene unos tecnicismos que la convierten en ininteligible para la mayoría de los ciudadanos. Pero eso no significa que haya fracasado desde el punto de vista de la racionalidad lingüística porque bastaría que la comunicación fuera clara para los sectores profesionales que trabajan en ese tema52.
Lo anterior no puede conducir al abandono de los esfuerzos por la calidad y la claridad lingüística de la ley, lo que debe suponer es la aceptación de matices y grados en torno al concepto de la racionalidad en la legislación. Debo apartarme del ánimo (y de la pertinencia) de encarar esta cuestión, pues excede los propósitos de este trabajo.
Volviendo sobre el estudio del movimiento propiamente, debe decirse que el término “movimiento” es prácticamente unánime en toda la literatura. Sin embargo, existe un escaso o nulo desarrollo que interrogue sobre el significado que tiene el uso de esa categoría conceptual, así como las implicaciones que tendría el hecho de efectuar un estudio que la cuestione. La propuesta de este capítulo, modesta y muy sencilla, es que para una comprensión más completa del MLC es necesario abordarlo con los lentes que otorgan los enfoques de la acción colectiva. Creo que el análisis de la “vertebración organizativa, la agregación de intereses, las identidades colectivas y las posibilidades de institucionalización”53, variables propias del ámbito de los movimientos sociales y la acción colectiva, ofrecen herramientas para dimensionar con mayor exactitud las propiedades, beneficios y problemas que, en efecto, se le pueden atribuir al MLC.
Llegados a este punto, considero relevante proponer que el análisis del MLC también debería pasar por el examen de los recursos de acción colectiva que han favorecido, con todos sus matices, su desarrollo como movimiento. Aquí cabría la posibilidad, en primer lugar, de someter a revisión la estructura y los intereses de organizaciones como Clarity International, PLAIN y el Center for Plain Language.
Las tres organizaciones mencionadas son probablemente la plataforma de acción internacional más coordinada que encauza la plain language advocacy o la defensa del lenguaje claro. Clarity54 consiste en un grupo de profesionales del derecho convencidos de la idea de promover —voluntariamente— el lenguaje jurídico claro: “el objetivo es el uso de un inglés claro por parte de la profesión jurídica”55. PLAIN56 fue impulsado originariamente por dos mujeres canadienses, Cheryl Stephens y Kate Harrison, interesadas en reunir a profesionales de diversas disciplinas que planifican, escriben, diseñan y crean comunicaciones para resolver mejor las necesidades del público en general. El Center for Plain Language57 nació por el interés de funcionarios federales de los Estados Unidos. Hoy es una organización que cuenta con personas no solamente del gobierno, sino también con académicos, consultores, comunicadores, organizaciones de atención médica y de la comunidad empresarial. Algunos miembros del Center for Plain Language tuvieron una seria incidencia en el proceso de aprobación del Plain Writing Act de 2010 en el Congreso de los Estados Unidos, que mencionamos previamente. Neil James, expresidente de PLAIN, y Eamonn Moran, expresidente